El presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, Manuel Domínguez, anunció este martes en nota de prensa que su partido impulsará en el Congreso la reprobación del ministro Ángel Víctor Torres, tras una reunión en Madrid con diputados y senadores canarios del PP.
En el encuentro participaron los diputados Jimena Delgado, Juan Antonio Rojas, Guillermo Mariscal, Laura Lima, Carlos Sánchez y Ainhoa Molina, además de los senadores Jaime Morales y Rosa Viera.
El eje central de la reunión estuvo marcado por la decisión de instar al Grupo Popular en la Cámara Baja a iniciar los trámites para promover la reprobación del ministro Ángel Víctor Torres, a quien responsabiliza políticamente por su papel en los casos vinculados a la trama de corrupción relacionada con Koldo, Ábalos y Aldama durante su etapa como presidente del Gobierno de Canarias.
Domínguez explicó que la Justicia determinará el alcance penal o administrativo de las actuaciones del ministro, pero subrayó que su responsabilidad política “es absoluta e ineludible”, argumentando cinco motivos principales que justifican la iniciativa parlamentaria.
El presidente del PP canario denunció que Torres “ha mentido en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento de Canarias y en cada comparecencia pública, tergiversando el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”.
Recordó que el documento evidencia reuniones, gestiones e intermediaciones del entonces presidente con empresarios y miembros de la trama, así como contradicciones respecto a su relación con Koldo García y Víctor de Aldama; su participación en la adjudicación de contratos millonarios a Megalab; su supuesta distancia institucional respecto a Koldo; los contactos con empresas vinculadas a la trama y su intervención en las facturas de Soluciones de Gestión y sus comunicaciones con los funcionarios durante la compra de material sanitario.
El líder del PP señaló que mientras una funcionaria alertaba de mascarillas más baratas y de dudas sobre la calidad del material comprado, el entonces presidente “se puso del lado de Koldo”, presionó para acelerar pagos y llegó a afirmar que levantaría “al aire” a las trabajadoras que exigían garantías".
Domínguez calificó de “gestiones impropias de un presidente” las actuaciones detalladas en el informe de la UCO, donde Torres promete a Koldo resolver “sí o sí” los pagos pendientes, asegura haber dado “el golpe preciso en la mesa” para desbloquear facturas y declara que “hoy dormiré mejor” tras ordenar un pago a Soluciones de Gestión.
Por otra parte, el presidente del PP canario recordó que fue Torres quien incorporó al entonces diputado Juan Bernardo Fuentes y a su sobrino Taishet Fuentes al Gobierno regional, permitiendo que, “al amparo del Ejecutivo”, se desarrollara una trama donde la investigación apunta a mordidas, estafas y explotación sexual.
Afirmó que la situación “provoca vergüenza en Canarias y en toda España” y aseguró que “con una sola de estas razones sobre mi conciencia, hace tiempo que me habría ido para mi casa”.
Aunque la reprobación del ministro centró gran parte del encuentro, el presidente del PP de Canarias y los parlamentarios abordaron también cuestiones clave para el futuro del Archipiélago; entre ellas el apoyo al llamado Decreto Canario, “siempre que el Gobierno central respete íntegramente la propuesta del Ejecutivo autonómico y no la mezcle con otras iniciativas”, indicó.
El Grupo Popular también ha planteado una modificación para reforzar la protección del patrimonio cultural y etnográfico del litoral, preservando núcleos históricos integrados en el paisaje y garantizando la continuidad de instalaciones como los clubes náuticos.
En paralelo, desde el Senado el PP promoverá una moción para exigir el blindaje del POSEI y la actualización de su ficha financiera. La formación reclama seguridad, compensaciones adecuadas y un marco específico dentro de la PAC ante un posible modelo europeo más centralizado.
Domínguez subrayó que todas estas iniciativas responden a la estrategia común de “defender sin titubeos los intereses de Canarias, garantizar la transparencia y exigir responsabilidades cuando corresponda”.
