Según recoge la página web del Gobierno de Canarias, la consejera de Turismo de la Comunidad Autónoma, María Teresa Lorenzo (CC), se ha reunido este martes con los responsables de ese área en los siete cabildos para seguir avanzando en la regulación que sustituirá al actual decreto canario sobre alquiler vacacional, parcialmente anulado por una sentencia, todavía no firme, que cuestiona algunos de sus contenidos más discutidos por el sector.
Esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no tiene aún efectos sobre la regulación de esta modalidad turística, porque el Gobierno la ha recurrido (lo que mantiene en vigor el decreto de 2015), pero sí contiene algunos postulados a los que probablemente tendrá que adaptarse la comunidad autónoma.
La propia consejera Lorenzo ha reconocido ante la prensa que el Gobierno de Canarias "puede entender" las razones por las que el TSJC sostiene que prohibir el alquiler vacacional con carácter general en las zonas turísticas vulnera la libertad de empresa y puede infringir también la Directiva Europea sobre Servicios.
Esa es una batalla que casi se da por perdida, pero el Gobierno canario cree la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos aún tienen algo que decir sobre las condiciones en las que se va a desarrollar el alquiler vacacional en las zonas más demandadas por los millones de turistas que cada año visitan el archipiélago.
