Así lo interpreta el Gobierno municipal, que dice que de los cerca de 30 millones de euros que solicitaba la propiedad, el Ayuntamiento sólo deberá pagar 3,6 millones además de intereses, según sentencia del TSJC
María Dolores Corujo: “Esperaba que se nos diera la razón, porque la tenemos, aunque compartimos con el Gobierno de Canarias la necesidad de impulsar las renovables”