Hemos sufrido demasiadas veces cómo la derecha más rancia rehúye llamar a la violencia por su nombre. No es un despiste: es cálculo. Una estrategia para diluir el problema, difuminar al agresor y ocultar la desigualdad que sufrimos por el simple hecho de ser mujeres. Buscan convertir un crimen estructural en una disputa doméstica, anecdótica, “entre dos”.
Pero no lo es. La violencia de género no es un malentendido ni “un percance”. Es delito y acaba con la vida de mujeres. Es una lacra que hunde sus raíces en un machismo que aún contamina instituciones y decisiones públicas.
Lo más alarmante es que ya no solo hay quienes niegan la existencia de la violencia machista, sino también quienes, reconociéndola, actúan como si no lo fuera. Y eso es aún más peligroso, porque disfraza de normalidad lo que es una gravísima vulneración de derechos.
El último y más escandaloso ejemplo lo hemos vivido en Lanzarote, concretamente en el municipio de Tinajo, donde su alcalde, Jesús Machín, ha reconocido públicamente que el Ayuntamiento ha pagado estancias en hoteles para evitar que presuntos maltratadores fueran detenidos.
“O se les busca dónde dejarlos a esta mujer o hay que detenerlo”. Así, sin titubeos. Como si se tratara de una simple gestión de alojamientos. Una habitación de un cuatro estrellas convertida en plan de contingencias municipal que sustituye a los protocolos de actuación para proteger a las víctimas.
Pero no se trata solo de sus palabras. Lo más grave es que no niega que se trate de violencia de género. Lo dice con todas sus letras. Y, sin embargo, en lugar de activar el protocolo, proteger a la víctima y poner al agresor en manos de la justicia, decide pagar un hotel con dinero público para evitar su detención. Esa decisión no es un desliz: es una política mantenida en el tiempo. Una práctica institucional avalada por su palabra, asumida por la Policía Local y costeada con fondos públicos.
Y sobre todo, es una confesión alarmante. Una muestra de hasta qué punto algunas instituciones están dispuestas a pisotear los avances sociales y jurídicos logrados en materia de igualdad para proteger al agresor y no incomodar demasiado a un vecino.
Porque esto no es un caso aislado. Es un síntoma. Un síntoma de cómo el negacionismo, la banalización del machismo y la complicidad institucional han penetrado en las administraciones públicas. Un síntoma de cómo se están cruzando todas las líneas rojas sin consecuencias. Y mientras tanto, las víctimas siguen desprotegidas.
En este contexto, lo ocurrido en Tinajo no puede ser interpretado como una anécdota. Es una advertencia de hacia dónde nos conduce el retroceso ideológico alentado por la ultraderecha: a una sociedad donde el agresor es tratado con cuidados y privilegios, y donde la víctima vuelve a ser invisible.
Esto no es solo una indignidad: es un peligro que rompe el principio de justicia, desactiva la respuesta institucional ante la violencia machista y lanza un mensaje demoledor a las mujeres: “Denuncia si quieres, pero aquí el que duerme tranquilo es él”. Y, por la naturalidad en el relato, parece que el alcalde también ha descansado tranquilo.
No le corresponde a un alcalde decidir qué hacer ante un caso de violencia de género. Para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los protocolos de actuación y la justicia. Saltarse todo ese entramado institucional para improvisar soluciones a medida del agresor no solo es una irresponsabilidad: es una temeridad. No es su función, no es su competencia y, desde luego, no es su derecho.
La lucha contra la violencia de género exige rigor, responsabilidad y valentía. Exige que quienes gobiernan tengan claro de qué lado deben estar. No caben los matices. No hay excusas. Y mucho menos hay hoteles.
El alcalde de Tinajo debe rendir cuentas. No solo por lo dicho, sino por lo hecho. Porque ha institucionalizado la negligencia. Porque ha cruzado todas las líneas.
Y lo más importante: no podemos acostumbrarnos. No podemos normalizar que esta sea la respuesta de nuestros representantes ante la violencia machista. La única salida posible es contundente: verdad, justicia, protección y responsabilidad institucional.
Todo lo demás es complicidad encubierta de gestión.
Paula Corujo es secretaria de Igualdad del PSOE de Lanzarote