Cuando la cohesión social fracasa en el dato salarial, queda al descubierto el fracaso de las supuestas políticas de convergencia económica para territorios de ultramar como Canarias.
El archipiélago canario se encuentra, en 2025, entre las 50 regiones o comunidades con menor salario medio bruto de toda la Unión Europea de un total de 240 que componen el panorama territorial de la UE.
Podemos afirmar que estamos, por tanto, a la cola de la Unión Europea, y no sólo dentro del Estado Español.
Somos de las comunidades más pobres, con menor poder adquisitivo y, después de más de 20 años consecutivos en la UE, con la renta per cápita a la baja, es decir, que más disminuye año tras año a pesar del crecimiento económico anual en el Archipiélago. Esta situación salarial es estructural y nos aleja de la, tan cacareada, convergencia con la Unión Europea, las oportunidades de progreso y la calidad de vida de la población local canaria.
Además, Canarias es de las RUP más pobres dentro del conjunto famosas Regiones Ultraperiféricas que nos han vendido como la panacea y solución de nuestros males endémicos, a pesar de ser una economía que crece anualmente por el crecimiento turístico insostenible, incapaz de pagar salarios dignos acordes al coste de vida en las islas.
La brecha salarial entre Canarias y la Unión Europea - incluyendo España - resulta muy preocupante.
Hablamos de un salario medio de 24.994 euros anuales frente a los 39.377 euros de media en la UE. Se abre una brecha del 36,5% que se mantiene incluso tras corregirse por poder adquisitivo.
Esta situación no es una anomalía temporal. Es la expresión concreta de una estructura económica dependiente, de un encaje jurídico limitado en la arquitectura europea y española , y de una falta de herramientas eficaces para poder legislar cerrando desigualdades territoriales históricas.
Lo cierto es que Canarias no está convergiendo, está atrapada.
El modelo económico actual nos condena a una productividad baja y una dependencia alta muy alta del monocultivo económico turístico.
Tenemos una alta especialización turística que supone un 34% PIB. Un sector económico en manos de propiedad extranjera, entre touroperadores, grupos de inversión americanos y europeos y cadenas hoteleras españolas que marcan como bien lobby, estrategias de presión en de visiones económicas vitales Para el Archipiélago.
Tenemos una dependencia de tal calibre que implica una baja remuneración estructural en sectores intensivos en mano de obra y poco valor añadido.
El argumento empresarial que sustenta este déficit estructural salarial es la necesidad de competir con destino turísticos más económicos por costes laborales más bajos. Sin embargo, los precios de venta por estancia en Canarias no han parado de crecer.
Es decir, no es cuestión de competencia es resultado de una economía extractiva en favor de intereses ajenos.
Por otro lado, nos encontramos que tenemos un débil tejido industrial con escasa I+D+I. Esto implica una baja o nula capacidad de generar empleo técnico o cualificado que aporte mayor valor añadido a la economía.
La condición de Archipiélago, a su vez, implica deficiencias estructurales que no se han abordado adecuadamente, que conllevan mayores costes logísticos, de abastecimiento, energéticos y de escala que encarecen la actividad económica sin que exista una compensación efectiva al encontrarse nuestro modelo económico encorsetado a las políticas de la Unión Europea y a las decisiones del Estado Español que controla y limita el verdadero progreso que necesitamos.
Existe un importante desajuste entre formación-empleo, con una sobreformación y subempleo crónico, fuga de talento y precarización funcional que no se ha solventado con decisiones eficaces a pesar de los años transcurridos.
Todo ello es el resultado de una economía canaria atrapada en la dependencia y en el empleo precario, sin palancas normativas propias para transformar esa realidad.
La situación en la que se encuentra Canarias tiene implicaciones económicas y de cohesión que resultan evidentes pues se produce una falla sistémica del principio de convergencia territorial del Art. 174 del TFUE.
Estamos en riesgo de cronificación de la marginalidad económica como territorio de ultramar.
Presentamos un deficit de renta que impacta en el consumo, inversión, innovación y bienestar, junto a una brecha salarial que erosiona la competitividad a largo plazo.
Necesitamos urgentemente abordar propuestas estratégicas valientes para revertir la situación que atravesamos o estaremos condenando de por vida a las generaciones venideras como ya estamos haciendo.
Es necesario una revisión urgente del marco jurídico-económico.Hemos de asumir fórmulas de “asociación especial” o estatus similar al modelo PTU (Países y Territorios de Ultramar) que permita a Canarias contar con capacidad fiscal, laboral y normativa diferenciada, adaptada a su condición real.
Necesitamos contar con un instrumento finalista vinculado a la contratación estable de perfiles técnicos y profesionales de sectores estratégicos (transición energética, innovación digital, bioeconomía, etc.).
Es hora de diseñar una estrategia para diversificación productiva en un territorio turísticodependiente como el Archipiélago, basada en el modelo de “especialización inteligente”, para reorientar parte del PIB hacia sectores de alto valor añadido con impacto en salarios y calidad de empleo.
Hemos de ser capaces de establecer criterios de salario mínimo regional vinculado a incentivos empresariales, alineado con los niveles de coste de vida y el objetivo de convergencia salarial dando prioridad a la contratación de población local.
Canarias no necesita más subvención, necesita autonomía estratégica que es diferente.
Hablamos de capacidad de decisión y acción. De no verse sometida a políticas continentales que nada tienen que ver con su condición de territorio de ultramar, con necesidades y particularidades totalmente diferenciadas.
No aceptar esta realidad evidente es desconocer completamente el potencial de Canarias y su necesidad de establecer una amplia capacidad de autogobierno que le permita adaptarse con diferenciaciòn frente a la economía global, impulsando lo local y poder legislar acorde a su necesidad real.
Sin capacidad real de autogobierno no podremos construir adecuadamente nuestro hogar con pilares que lo sustenten con fortaleza en el tiempo.
Canarias puede ser una pieza clave en la reconfiguración del modelo económico europeo hacia la resiliencia, la diversificación y la sostenibilidad. Pero para ello, necesita más que programas de acompañamiento o fondos finalistas. Necesitamos espacio normativo, herramientas eficaces y políticas adaptadas y diseñadas desde aquí, no desde afuera para intereses ajenos a los nuestros.
La brecha salarial que hoy medimos no es solo un problema económico, es un límite político al proyecto europeo de cohesión.
Nicolás Cabrera es presidente de la Gestora de Liberación Canaria en Lanzarote
Canarias no puede continuar en una periferia salarial crónica mientras es contribuyente neto del modelo turístico europeo.
Revertir esta situación exige valentía política, realismo institucional y económico.
Nosotros lo tenemos claro. ¿ Y ustedes?