El titular de la Fiscalía de Área en Arrecife, Fernando Rodríguez Navarro, emitió el pasado mes de marzo, tal y como adelantó este diario, un contundente decreto por el que anunció la interposición de una querella contra siete trabajadores que habían participado en la anulación de más de dos mil multas de tráfico en el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña por un valor que supera el medio millón de euros. Aunque en un primer momento el actual Gobierno municipal salió a la vez que Crónicas con una información en la que aseguraba que el asunto pertenecía a mandatos anteriores, la realidad es que algunas de las sanciones anuladas, todavía no se ha determinado el número exacto, eran del actual mandato, el del alcalde del Partido Popular (PP) Yonathan de León. Varios meses después, el mismo fiscal ha solicitado a la magistrada titular de la Plaza Número 3 del Tribunal de Instancia en su Sección de Instrucción, Silvia Muñoz, que es quien está llevando el polémico asunto, que solicite más información a la institución al haber tenido conocimiento de nuevos hechos que pudieran ser importantes para el desarrollo de la causa. En concreto, quiere tener toda la documentación y la testifical sobre una multa que se puso el pasado 9 de febrero de 2026, durante los carnavales de la ciudad, y que afecta según sus datos a un familiar directo del propio alcalde. Esa multa, tal y como ha sabido ahora el fiscal, se quitó por parte del personal del Ayuntamiento alegando que el vehículo contaba con un permiso especial para poder estacionar en el lugar que lo hizo por motivo de las fiestas.
La magistrada ha hecho llegar esta misma semana una providencia al Ayuntamiento en la que explica que, tras estudiar el informe del Ministerio Fiscal, cree necesario pedir que se libre oficio por parte de la institución a través de la Asesoría Jurídica para que a la mayor brevedad posible, y en todo caso antes del 9 de junio, remitan al juzgado el expediente administrativo íntegro relativo a esa multa; la identificación de todos los usuarios que realizaron actuaciones en el sistema CGI respeto a ese expediente en concreto; el historial completo de modificaciones, anulaciones, incidencias y accesos al expediente en el sistema informático; copia de la autorización especial de estacionamiento que supuestamente amparaba al vehículo denunciado y la resolución administrativa formal que acordó el archivo o la anulación de la sanción.
Una vez que tenga toda la documentación, la jueza, tal y como determina en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, anuncia que la unirá a los autos y que además recibirá la declaración testifical de los agentes actuantes, autores del informe obrante en el expediente sancionador, el mismo día que el alcalde, en su caso a las 9.30 horas.
Origen de la noticia
El pasado 26 de marzo este diario ya publicó, en la que luego se convertiría en una de las noticias más comentadas en semanas en toda Canarias, que el mismo fiscal que ya estaba investigando la denuncia formulada por el abogado socialista Octavio Topham sobre asuntos como el levantamiento de reparos o el gasto en ferias como Navilán del actual Gobierno de Arrecife, funcionario que depende directamente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, describió de forma concisa cómo a lo largo de los años un grupo de personas con acceso al sistema informático fueron anulando todo tipo de sanciones, en algunos casos utilizando la excusa de que se hacía "por orden directa del alcalde", lo que provocó que el actual máximo responsable de la Corporación capitalina, que también lo es de la Policía Local, tenga que acudir el día 9 de junio a declarar como testigo.
En su relato de los hechos el fiscal explica que el pasado 9 de enero recibió en su departamento escritos y documentación adjunta de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento dando cuenta de la posible existencia de irregularidades en la gestión de expedientes sancionadores en materia de tráfico tramitados por la institución mediante el sistema informático de gestión CGI. Las irregularidades fueron inicialmente detectadas por la propia Policía Local, que puso en conocimiento de los responsables municipales la existencia de expedientes sancionadores que aparecían anulados o cancelados directamente en el sistema informático, sin que constara expediente administrativo que justificara dicha actuación.
"Ante tales hechos, mediante providencia de Alcaldía se acordó solicitar a la empresa responsable del sistema informático la realización de una auditoría técnica del sistema de gestión de multas, con el fin de analizar las actuaciones realizadas por los distintos usuarios del sistema. La auditoría practicada puso de manifiesto la existencia de numerosas actuaciones de anulación de expedientes sancionadores realizadas directamente en el sistema informático, identificándose los usuarios que habían ejecutado dichas actuaciones", describe en su texto. Como resultado de la investigación administrativa llevada a cabo por los servicios municipales se emitieron diversos informes por parte de la Secretaría General y de la Asesoría Jurídica. De dichos informes se desprende que durante el período analizado se procedió a la anulación o cancelación directa en el sistema informático CGI de al menos 2.279 expedientes sancionadores en materia de tráfico, sin que constara en los expedientes administrativos la correspondiente resolución formal dictada por el órgano competente. Asimismo, los informes municipales cuantifican que tales anulaciones supusieron un importe total de sanciones no ingresadas en las arcas municipales de al menos 575.583,27 euros.
"Las anulaciones se realizaron mediante actuaciones directas en el sistema informático por distintos usuarios pertenecientes a empleados públicos del Ayuntamiento, sin que en numerosos casos conste soporte documental que justifique dichas actuaciones. En el curso de la investigación administrativa se procedió a identificar a los funcionarios y empleados públicos cuyos usuarios del sistema informático aparecen vinculados a las anulaciones de expedientes sancionadores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder a otras personas que resulten identificadas durante la instrucción", relata el escrito al que tuvo acceso Crónicas, empleados entre los que figura una persona que ejerció la función de interventor accidental de la institución en mandatos anteriores.
El fiscal señala, de acuerdo con el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento, que la anulación de expedientes sancionadores en materia de tráfico exige la tramitación de un procedimiento administrativo que incluya la correspondiente resolución expresa dictada por el órgano competente, que en materia sancionadora corresponde con carácter general a la Alcaldía-Presidencia, sin perjuicio de su eventual delegación mediante decreto formal. "Sin embargo, según consta en los informes obrantes en el expediente administrativo, las anulaciones detectadas no se realizaron mediante resolución administrativa formal, sino directamente mediante actuaciones en el sistema informático. Asimismo, en algunos de los registros del sistema informático utilizados para justificar la anulación de determinadas sanciones consta como motivo la expresión `orden directa del alcalde´, circunstancia que deberá ser esclarecida en el curso de la instrucción", determina el responsable del Ministerio Público.
