La salud mental abarca un abanico enorme de trastornos y necesidades, todas importantes y merecedoras de atención. Sin embargo, hay un aspecto que, aunque parece visibilizado, sigue siendo desatendido: el impacto que tiene la violencia de género en la salud mental de las mujeres, especialmente la violencia psicológica y la económica.
Las cifras son demoledoras: alrededor del 40% de las mujeres que se suicidan lo hacen tras haber sufrido violencia de género. Y pese a ello, quienes sobreviven al maltrato se enfrentan a listas de espera interminables para acceder a apoyo psicológico. La paradoja es evidente: existen leyes que protegen a las mujeres frente a los agresores, pero ninguna que garantice un acompañamiento psicológico inmediato y adecuado. Se habla de protección, pero no se asegura la atención necesaria para sanar.
Violencia psicológica: la herida invisible
La violencia psicológica es una forma persistente e insidiosa de violencia de género. A menudo pasa desapercibida porque no deja marcas visibles, pero sus efectos en la salud mental de las mujeres son profundos, devastadores y duraderos. Esta violencia consiste en acciones u omisiones deliberadas que socavan la autoestima, la autonomía, la salud emocional y la percepción de la realidad de una mujer. Se manifiesta mediante amenazas, humillaciones, culpabilización, aislamiento o manipulación afectiva.
Puede ejercerse de forma activa, como insultos, desprecios, burlas, críticas constantes, intimidación, chantajes o gritos, o de forma pasiva, a través del silencio punitivo, el control emocional, el aislamiento afectivo o la desvalorización sutil. Su objetivo es minar la estabilidad emocional, hacer dudar a la mujer de su valía y mantenerla bajo control psicológico.
A diferencia de la violencia física, más fácil de identificar, la violencia psicológica se camufla bajo discursos como “tiene celos porque me quiere” o “me protege porque le importo”, lo que dificulta que incluso la propia víctima la reconozca. Esta invisibilidad se agrava en mujeres con discapacidad, problemas de salud mental o situación de dependencia, cuyo testimonio muchas veces es cuestionado o minimizado.
Violencia económica: control desde la dependencia
La violencia económica es otra forma silenciada de violencia de género. Limita la autonomía financiera de las mujeres como herramienta de control, dependencia y sometimiento. Se basa en negar o restringir de forma deliberada el acceso a recursos económicos necesarios para garantizar su bienestar físico, emocional y social, así como el de sus hijas e hijos.
Puede manifestarse activamente: obligar a la mujer a mantener al agresor, controlar o apropiarse de su salario, impedirle acceder a cuentas o herencias, tomar decisiones económicas unilaterales, obligarla a firmar préstamos que luego él no asume, o incluso negarse a pagar la pensión de alimentos como forma de castigo. También puede expresarse de forma más “disfrazada”: frases como “No quiero que trabajes, yo te cuido” o “No te preocupes por el dinero, yo lo gestiono” enmascaran un control que no es protección, sino dominación.
Esta violencia también incluye impedir que la mujer trabaje o estudie, ocultarle ingresos y deudas, o dejar de pagar servicios básicos para forzar la dependencia. Las consecuencias son devastadoras: carencia de recursos, pérdida de autonomía y dificultades extremas para romper el vínculo con el agresor.
La violencia psicológica y económica son heridas silenciosas. Pero eso no las hace menos graves. Solo más difíciles de sanar si no se acompaña.
En mujeres con discapacidad psicosocial o problemas de salud mental, este tipo de violencia se intensifica, y suele quedar invisibilizada por la falta de datos o estudios específicos. A nivel estructural, el problema se agrava: vivimos en una sociedad donde las mujeres siguen cobrando menos, ocupan trabajos precarios y asumen gratuitamente el peso de los cuidados. Así, la mayoría de las mujeres en el mundo experimentan formas normalizadas de violencia económica legitimadas por un sistema económico patriarcal.
Conclusión: la atención que aún no llega
Hablar de violencia de género sin hablar de sus consecuencias sobre la salud mental es dejar la historia a medias. No basta con señalar al agresor o denunciar la conducta violenta: es urgente garantizar atención psicológica especializada y accesible para todas las víctimas, sin meses de espera, sin silencios institucionales, sin excusas.
Porque de nada sirve una ley si no se traduce en cuidados reales. Porque la protección no solo se ofrece en juzgados o centros de acogida, también en terapias, en espacios de escucha, en políticas públicas que prioricen la salud emocional de quienes han sobrevivido.