Liberación Canaria manifiesta su profunda preocupación política e institucional ante la gestión realizada por el Gobierno del Estado Español en relación con la llegada al Puerto de Granadilla, en Tenerife, del crucero MV Hondius, afectado por una situación de emergencia sanitaria epidemiológica vinculada a un brote de hantavirus.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa una realidad que resulta insostenible. El Archipiélago continúa siendo tratado como un territorio colonial de ejecución de decisiones ajenas, sin capacidad real de intervención política, jurídica y operativa cuando se adoptan medidas que afectan directamente a su territorio, a sus infraestructuras estratégicas, a su seguridad sanitaria y a su población.
Liberación Canaria quiere dejar clara una premisa básica. Canarias ha estado, está y estará siempre a la altura cuando se trata de ofrecer atención humanitaria, respuesta sanitaria y apoyo a personas que puedan encontrarse en una situación de emergencia.
El pueblo canario lo demuestra de forma permanente, especialmente en un territorio sometido a una presión humana, migratoria, social, sanitaria y logística que muchas veces el propio Estado Español y la Unión Europea observan desde la comodidad de la distancia política.
Por tanto, no se cuestiona la ayuda. No se cuestiona la obligación sanitaria. No se cuestiona el deber de atender a las personas afectadas. Lo que se cuestiona, con absoluta firmeza, es la actitud colonial del Gobierno del Estado Español cuando decide sobre Canarias sin Canarias.
La solidaridad no puede ser utilizada como coartada para la imposición. La ayuda humanitaria no puede convertirse en excusa para tratar al Archipiélago como una plataforma logística disponible.
La sanidad exterior, aun siendo competencia del Estado Español dentro del marco jurídico vigente, no puede ejercerse como un mando vertical sobre un territorio al que se informa tarde y mal, de manera insuficiente o cuando las decisiones principales ya han sido adoptadas.
Canarias no puede limitarse a recibir instrucciones. Canarias no puede ser únicamente el lugar donde se ejecutan las consecuencias de decisiones tomadas fuera.
Canarias debe estar presente desde el primer momento en cualquier decisión que afecte a sus puertos, aeropuertos, aguas próximas, recursos sanitarios, instituciones públicas, personal de emergencia o población.
Este caso vuelve a demostrar que el problema de fondo no es solo la llegada de un crucero concreto. El problema es que Canarias no decide.
El problema es que el actual marco jurídico-político del Archipiélago es insuficiente para garantizar una capacidad real de actuación en materias estratégicas. Y cuando hablamos de materias estratégicas hablamos de salud pública, sanidad exterior, emergencias epidemiológicas, puertos, aeropuertos, fronteras, migraciones, territorio, economía y diversificación, regulación de residencia, fiscalidad canaria propia con capacidad normativa plena, vivienda prioritaria para la población canaria, soberanía energética , biodiversidad y protección de nuestras infraestructuras críticas y otra relación con la Unión Europea se hace necesaria.
En una situación sanitaria sensible, la ciudadanía canaria tiene derecho a una información amplia, clara, rigurosa y transparente. No basta con mensajes tranquilizadores.
No basta con comunicados genéricos, con afirmar que existen controles si no se explica con precisión qué protocolo se ha activado, quién lo ha decidido, qué alternativas se valoraron, qué riesgos fueron evaluados, qué instituciones canarias participaron, qué recursos se han movilizado y qué garantías se han establecido para proteger al personal sanitario, portuario, policial, aeroportuario y de emergencias.
La confianza pública no se decreta desde un ministerio. Se construye con transparencia, coordinación, respeto institucional y responsabilidad compartida.
Liberación Canaria exige que cualquier emergencia epidemiológica, sanitaria, marítima, portuaria o humanitaria que afecte al territorio canario cuente siempre con presencia formal, directa y efectiva de las instituciones de gobierno de Canarias.
El Archipiélago no puede quedar reducido a un espacio físico de recepción. Canarias debe ser sujeto político de decisión.
Por ello, reclamamos la aprobación de protocolos de actuación compartidos y obligatorios entre el Estado Español y las instituciones canarias para toda situación de emergencia que afecte al Archipiélago.
Dichos protocolos deben incluir información previa, participación del Gobierno de Canarias, intervención de los cabildos afectados cuando corresponda, coordinación con los ayuntamientos implicados, protección del personal operativo, trazabilidad sanitaria, comunicación pública transparente y delimitación clara de responsabilidades.
Canarias no puede depender de la buena voluntad coyuntural de un ministerio ni de la sensibilidad política del gobierno de turno.
Canarias necesita derechos institucionales garantizados.
Este episodio también refuerza una reivindicación central de Liberación Canaria que es la necesidad urgente de avanzar hacia un marco jurídico canario propio y diferencial, con mayores cotas de soberanía, capacidad normativa reforzada y poder efectivo de decisión en las materias vitales para el país.
Un Archipiélago en el atlántico, con territorio fragmentado,que ejerce de frontera exterior de la Unión Europea sin haberlo pedido y sometido a presiones específicas, no puede seguir encajado en un modelo jurídico que reconoce su singularidad cuando interesa al discurso de turno, pero le niega herramientas reales cuando debe decidir sobre su salud, su territorio, sus infraestructuras y su futuro.
No hablamos de privilegios. Hablamos de derechos ,responsabilidad y dignidad política. Hablamos de seguridad colectiva, de capacidad de protección, de autogobierno real.
Liberación Canaria defiende que nuestro país debe disponer de capacidad jurídica y normativa suficiente para intervenir de forma directa en las decisiones de sanidad exterior que afecten al Archipiélago, establecer protocolos propios de emergencia, participar en la gestión de sus puntos de entrada, sean puertos o aeropuertos, y condicionar cualquier operación estatal o internacional que tenga impacto sobre el territorio canario.
La gestión canaria de puertos y aeropuertos debe ocupar un lugar central en este debate.
No son simples infraestructuras económicas. Son puertas sanitarias, humanas, comerciales, logísticas, migratorias, ambientales y estratégicas. Quien controla los puntos de entrada controla una parte esencial de la soberanía efectiva de un país.
Mientras Canarias no tenga capacidad decisoria plena sobre sus puertos y aeropuertos, seguirá dependiendo de decisiones adoptadas por autoridades que no viven aquí las consecuencias de lo que ordenan.
La actitud del Gobierno del Estado Español en este caso no puede verse como un hecho aislado. Forma parte de una lógica más profunda de subordinación colonial, es decir ,se decide fuera, se ejecuta aquí y se espera que Canarias asuma sin rechistar.
Se nos exige responsabilidad, pero no se nos reconoce poder. Se nos pide solidaridad, pero no se nos concede capacidad de decisión. Se utiliza nuestro territorio, pero se limita nuestra voz política.
Liberación Canaria no acepta ese papel. Tenemos claro que ninguna organización va a defender y protagonizar la reivindicación que es necesaria para el país.
Canarias debe ser respetada como país con identidad, territorio, necesidades propias y derecho a decidir sobre aquello que afecta a su salud pública, a su seguridad colectiva y a su futuro.
La lealtad institucional no puede ser una obligación de obediencia impuesta al Archipiélago mientras el Estado Español actúa de forma colonialista y unilateral.
La verdadera lealtad exige reciprocidad, consulta previa, coordinación real, transparencia y respeto a las instituciones canarias.
Una situación similar difícilmente se habría gestionado con la misma desconsideración institucional si afectara a territorios como el País Vasco, Catalunya o Navarra.
Con Canarias se permite lo que con otros territorios se calcula, se negocia y se mide políticamente. Esa diferencia de trato no es casual. Es la expresión de una relación desigual que debemos superar con seriedad, firmeza y proyecto político.
Por todo ello, Liberación Canaria reclama la apertura inmediata de un debate político e institucional sobre un marco jurídico canario propio y diferencial; el avance hacia mayores cotas de soberanía política, jurídica y competencial; la aprobación de protocolos compartidos y obligatorios ante emergencias epidemiológicas, sanitarias, marítimas, portuarias o humanitarias; la presencia directa de las instituciones canarias en toda decisión que afecte al territorio; y la gestión canaria de puertos y aeropuertos como cuestión estratégica de país.
Canarias estará siempre a la altura en la respuesta humanitaria y sanitaria. Pero estar a la altura no significa aceptar la subordinación. Ser solidarios no significa renunciar a decidir. Actuar con responsabilidad no significa callar ante una actitud colonialista.
Este episodio debe servir para abrir un debate de país. Canarias necesita poder político real. Necesita capacidad normativa. Necesita control sobre sus infraestructuras estratégicas. Necesita voz propia en las decisiones que afectan a su territorio. Necesita un marco jurídico diferenciado que no dependa de concesiones ocasionales, sino de derechos reconocidos y ejercidos.
No queremos una Canarias consultada tarde. No queremos una Canarias informada a medias. No queremos una Canarias utilizada como solución logística.
Queremos una Canarias con capacidad de decisión, con instituciones respetadas, con protocolos propios, con soberanía creciente y con un marco jurídico a la altura de los desafíos del país.
Porque la dignidad de Canarias no puede seguir dependiendo de decisiones tomadas lejos. Y porque un pueblo que asume responsabilidades también tiene derecho a ejercer poder.