No es la primera vez que escribo sobre los efectos del alquiler vacacional descontrolado que sufrimos en Canarias, pero sí es la primera vez que pongo el adjetivo de criminal a lo que están haciendo. Creo que hay que hablar claro, y cómo mínimo debería existir una ley que estipulara inhabilitar y sancionar convenientemente a los políticos y funcionarios que promulgaran normas tan manifiestamente dañinas para la población, como resulta ser esta futura ley del alquiler vacacional de Canarias, como veremos a continuación en una larga lista de burlas.
BURLA NÚMERO 1: Permite un crecimiento desmesurado.
Según datos actuales, en Canarias hay aproximadamente unas 47.000 viviendas vacacionales dadas de alta, lo que se traduce en más de 190.000 plazas alojativas disponibles, frente a las 430.000 plazas hoteleras que tenemos en Canarias. Ello sin contar que son 61.585 las viviendas vacacionales registradas, con más de 14.000 aún pendientes de recibir el visto bueno administrativo. Y bien, con este número ya elevadísimo de viviendas vacacionales actuales, la nueva ley establece un límite del 10% de viviendas de este tipo sobre el total de las viviendas de cada municipio, ampliándolo al 20% para las llamadas Islas Verdes de La Gomera, El Hierro y La Palma. Si cruzamos estos porcentajes con las viviendas totales que hay en cada isla -pueden hacer la cuenta, yo ya la he hecho-, en un futuro no muy lejano al ritmo que vamos, ajustados los requisitos, con la ley en la mano podríamos llegar a tener la desorbitada cifra de 135.900 viviendas vacacionales en Canarias: 15.200 son el 20% de las viviendas totales que hay en las tres islas verdes, y 120.700 el 10% de las viviendas totales que hay en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Si calculamos las plazas alojativas que salen de todas esas viviendas vacacionales estaríamos a la par de las plazas hoteleras actuales (430.000) y andaríamos cerca del millón de plazas turísticas totales disponibles. Como ven, una auténtica locura, todo menos sostenible.
BURLA NÚMERO 2: El traje nuevo del emperador.
Desde hace ya tiempo estamos asistiendo a una queja mantenida de los propietarios, de los empresarios y también y especialmente de la asociación ASCAV representante y aglutinadora de los alquileres vacacionales en Canarias, alegando que la norma que prepara el Gobierno de Canarias es abusiva, imposible de cumplir, la más restrictiva de Europa, entre otros llantos y lamentaciones. Pero como hemos visto en la burla número uno y veremos en las siguientes burlas, la norma en absoluto restringe o dificulta, más bien al contrario. Así las cosas, parece que estamos ante una estrategia calculada para hacer creer a la opinión pública que la norma es lo que no es. Si tanta gente dice que es una norma muy restrictiva pues será verdad -suponen la mayoría-, y el emperador está desnudo pero nadie se atreve a decirlo, por el poder de las mayorías, el criterio de autoridad y la fuerza de la posverdad. No sé si me he explicado bien, lo entenderán mejor si conocen la fábula del traje nuevo del emperador. En cualquier caso, sea una estrategia calculada o no, la nueva norma no es restrictiva en ningún caso, es permisiva, multiplicadora y muy dañina para el derecho a la vivienda en Canarias, un derecho ya de por sí inexistente.
BURLA NÚMERO 3: Se esfumaron los requisitos incumplibles.
La propuesta actual de Ley, a septiembre de 2024, leídas y supuestamente integradas las casi 3.000 alegaciones y aportaciones al borrador, han suprimido casi por completo las restricciones y requisitos de difícil cumplimiento inicialmente enfocados a hacer el modelo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con unos mínimos de calidad, bastando ahora con que el propietario de la vivienda vacacional cumpla uno solo de los requisitos, para lo que servirá con cualquier triquiñuela o disimulo legal, contratar o dar de alta a alguna persona por unos meses, una plaza de parking o cualquier otra escapatoria. Es curioso porque nada he visto en esta última actualización de la Ley de las propuestas que hicimos en su momento desde la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, tomadas de las normas del País Vasco vigentes ya desde hace bastantes años, como son el seguro de responsabilidad civil obligatorio por valor de 35.000 euros o la obligatoriedad de acceso independiente del edificio y limitación a primeras plantas.
BURLA NÚMERO 4: Pasarán muchos años.
En efecto, el Gobierno de Canarias no tiene ninguna prisa por cambiar o aplicar nada, a pesar de estar sufriendo el Archipiélago la emergencia habitacional más grave de su historia. Así, llevamos ya más de un año dándole vueltas a la mencionada ley, pero aún se espera que entre a trámite en el Parlamento a finales de este año 2024, y no estará aprobada hasta entrado el año 2025. Luego, como las competencias son en su mayoría municipales y de los cabildos, se les da un plazo inicial de seis meses para habilitar sus normativas, más cuatro años posteriores para ejecución de los controles que correspondan. Y si estos son los plazos larguísimos para poner en funcionamiento las diferentes normativas y controles, aún más largas son las carencias y facilidades que se dan a los propietarios actuales de viviendas vacacionales para que puedan seguir explotando su negocio al margen de que cumplan o no los nuevos requisitos. Cinco años de entrada para que puedan recuperar bien lo invertido, con posibilidad de prorrogar cinco años más cumpliendo una mínima formalidad.
BURLA NÚMERO 5: Muy poca gente para controlar el asunto.
Según leemos en el portal de la Cadena SER en Canarias por entrevistas llevadas a cabo en el medio, apenas hay 35 inspectores para toda Canarias, en una labor fiscalizadora que se antoja más que imposible, pues estos funcionarios también tienen encomendados otros cometidos. De ayuntamientos y cabildos tan poco dados a controlar o fiscalizar nada no se tiene constancia que vayan a poner a muchos funcionarios en el cometido. Ya estamos viendo por tanto por dónde va la cosa: una normativa muy rebajada con requisitos muy fáciles de cumplir, y muy pocos inspectores para controlarlo.
BURLA NÚMERO 6: Lo de los 10 años de antigüedad.
Otro asunto que parece estar muy bien en la norma pero resulta una burla más, lo de que las nuevas licencias para viviendas vacacionales no puedan otorgarse a edificaciones con menos de diez años de antigüedad. Si tenemos en cuenta que en los últimos 10 años apenas si se han construido viviendas en Canarias, habiendo además 211.000 viviendas vacías en el Archipiélago, no parece que vayan a necesitar de muchas viviendas nuevas o con menos de 10 años para seguir con la bicoca del alquiler vacacional.
BURLA NÚMERO 7: Siguen compitiendo en ventaja frente a los hoteles.
Según distintos estudios de mercado y expertos en la materia, las viviendas vacacionales de tamaño medio en zonas turísticas populares pueden generar ingresos entre 1.500 y 3.000 euros mensuales. Propiedades más exclusivas y amplias tipo villas pueden superar los 4.000 euros al mes en temporada alta. Sin duda está muy bien lo de democratizar el negocio turístico, pero teniendo en cuenta que la mayoría de propietarios vacacionales de Canarias son empresas, y son menos los pequeños propietarios con una o dos viviendas, parece que juegan en clara ventaja frente los establecimientos hoteleros, expuestos a una gran fiscalidad, en tanto en cuanto no se observa en la nueva ley aumento significativo en las tributaciones del sector. Si nos fijamos nuevamente en el País Vasco, en la comunidad norteña es requisito indispensable dar de alta cualquier actividad de alquiler vacacional en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi, equiparando en gran medida dicha actividad con a la actividad hotelera propiamente dicha.
BURLA NÚMERO 8: Un claro efecto llamada.
Los datos a los que accedemos son meridianamente claros, en el año y medio que llevamos con este asunto de la ley hemos pasado de cuarenta y poco mil viviendas vacacionales a más de 61.000, con un aumento exagerado en los últimos meses, en lo que parece un claro efecto llamada a muchos propietarios y empresas que antes dudaban o tenían la vivienda vacía o en otra modalidad de alquiler, para darlas de alta en el negocio del vacacional antes de la entrada en vigor de la nueva ley, y acogerse así a las muchas facilidades que se están dando y se darán.
BURLA NÚMERO 9: Masificación, turistificación, poco dinero, baja calidad e insostenibilidad.
Y para terminar y no hacer el artículo demasiado largo van cinco burlas en un solo apartado, para describir un modelo turístico de crecimiento como hemos visto desmesurado, que va a llevar la actual masificación turística hasta cifras nunca vistas y del todo insostenibles. Además de esto, como es un modelo extensivo invasivo regado por todas las islas haciendo de Canarias un macro resort, va a seguir expulsando a canarios y residentes de sus pueblos, favoreciendo la turistificación y la gentrificación. También es importante señalar que el turista que escoge vacacional es mayoritariamente un turismo más bien barato que comprará en supermercados y cocinará en casa, dejando poco dinero en el sector turístico canario propiamente dicho. Teniendo en cuenta además que la propiedad o gestión de las viviendas vacacionales pertenecen en muchos casos a empresas o propietarios extranjeros, la resultante es que muchas de las operaciones de alquiler y transacciones económicas se hacen directamente en el extranjero para extranjeros, sin que los canarios veamos nada de nada. Cuestión no menos importante, al ser un modelo difuminado por todos los pueblos, barrios y ciudades de nuestras islas, es muy difícil regular y controlar el consumo excesivo de agua, la movilidad por carretera y la contaminación resultante, entre otras cargas, cuestiones sin duda más fácilmente controlables y fiscalizables en los establecimientos hoteleros, muchos de los cuales ya cuentan con potabilizadoras y otros sistemas ecosostenibles, además de situar a los turistas en las zonas turísticas donde lo tienen casi todo, y moverlos en guaguas y grupos organizados.
Y esta es la ley del alquiler vacacional que preparan con tanto bombo y esmero desde el Gobierno de Canarias, una burla continuada al pueblo canario, y una burla criminal, por lo que está suponiendo y va a suponer en el futuro, que los canarios que queden en las islas sean únicamente los imprescindibles para trabajar en los trabajos que nos dejen y pongan de paso un poco de folklore y tradiciones a los turistas como monos de feria. Por cierto, hoy he visto un dato en el TeleCanarias de TVE, al parecer un tercio de los trabajadores actuales del Archipiélago son extranjeros, con predominio de colombianos, venezolanos, italianos y alemanes. Apunten que otro tercio son peninsulares -aunque esto no lo decía la noticia-, pero esta es otra burla que iría en otro artículo.
En resumidas cuentas, una burla lamentable la futura ley del alquiler vacacional, que tiene toda la pinta que nos vamos a tragar sin presentar batalla, más allá de artículos como este y alguna manifestación, que viene a sumarse a la burla que viene siendo toda la política de vivienda del Gobierno de Canarias, con Visocan entregada al Señor de La Gomera convertida en un fondo buitre, y la promoción de vivienda puesta con facilidades a los empresarios privados, a las Socimis, a las empresas que no pagan impuestos por la RIC, con el engaño del modelo mentiroso de los alquileres "asequibles" casi a precios de mercado como bandera. ¡Hey, ¿hay alguien ahí dispuesta a denunciar esto?!