Hace unos días, hablando con la tutora de un perro, me comentó las dificultades que estaba teniendo para encontrar un medicamento que le habían recetado a su animal. Nada extraño, pensé al principio. Sin embargo, cuando me explicó que se trataba de un producto basado en prebióticos, probióticos y postbióticos, y que llevaba meses desaparecido de los puntos de venta habituales, decidí investigar.
Lo que encontré no me gustó nada.
Tras hablar con distribuidores y profesionales del sector, la historia se repite una y otra vez. Hace unos meses apareció una supuesta "rotura de stock". El producto desapareció del mercado. Los veterinarios no podían conseguirlo y las familias tampoco. Pero la sorpresa llegó cuando volvió a estar disponible: primero con una subida de dos euros en marzo y, posteriormente, entre abril y junio, con incrementos sucesivos hasta alcanzar seis euros más respecto a su precio anterior.
La pregunta es inevitable: ¿de verdad había una rotura de stock o alguien aprovechó la situación para inflar los precios?
Lo más preocupante es que este caso no parece ser una excepción. Distribuidores de otros productos veterinarios me aseguran que determinadas marcas están aplicando estrategias similares. Desapariciones temporales, limitación de puntos de venta, reapariciones con precios disparados y una sensación generalizada de que el mercado se está convirtiendo en un terreno cada vez más opaco.
Y el problema no afecta únicamente a los medicamentos. También está ocurriendo con determinados piensos especializados destinados a animales con patologías concretas. Productos formulados para problemas renales, digestivos, hepáticos o endocrinos están experimentando dificultades de suministro y aumentos de precio difíciles de justificar. Hablamos de alimentos que no son un capricho, sino parte fundamental del tratamiento de miles de animales. Cuando una familia depende de un pienso terapéutico para mantener estable la salud de su perro o de su gato, no puede encontrarse de la noche a la mañana con que no hay existencias o con una subida que dispara el coste mensual.
Y mientras tanto, ¿quién paga la factura? Las familias.
También los veterinarios se encuentran en una situación complicada. Muchos reconocen que se echan las manos a la cabeza porque no saben qué recomendar cuando hay productos que desaparecen del mercado o cuando determinadas normativas, como el Real Decreto 666, generan incertidumbre sobre qué tratamientos pueden prescribir en cada momento. Al final, quienes reciben el enfado de los tutores son ellos.
Pero aquí viene una verdad incómoda que muchos no quieren escuchar.
En numerosas ocasiones, parte de la responsabilidad también recae sobre el propio sector veterinario.
Durante años hemos visto clínicas que apostaban prácticamente en exclusiva por una sola marca de alimentación o una sola línea de productos porque era la que mejores condiciones comerciales ofrecía. Se vendía como "la mejor del mercado", como si no existieran alternativas. Ahora, cuando esa misma marca decide subir precios, limitar suministros o desaparecer temporalmente del mercado, nos encontramos con profesionales sin un plan B preparado.
¿De verdad nadie pensó que depender de una sola empresa podía convertirse en un problema?
Basta hablar con veterinarios de otros países europeos para comprobar que la realidad es muy distinta. Allí es habitual trabajar con múltiples marcas, múltiples proveedores y varias alternativas terapéuticas. En España, en demasiadas ocasiones, se ha fomentado una dependencia excesiva de determinadas compañías, algunas de las cuales venden los mismos productos en supermercados de otros países mientras aquí se presentan como si fueran exclusivos y premium.
Pero hay otro asunto del que casi nadie quiere hablar. Desde que determinados medicamentos veterinarios han pasado a comercializarse principalmente a través de las farmacias, muchos tutores denuncian incrementos de precio que resultan difíciles de asumir.
Y aquí conviene ser claros. El gasto veterinario ya era elevado para muchas familias antes de estos cambios. Si una parte importante de la población tenía dificultades para afrontar determinados tratamientos, la situación actual no hace más que empeorar el problema.
Los ejemplos son numerosos. Hay tutores que se encuentran con diferencias de precio difíciles de comprender entre unos canales de venta y otros. Un collar antiparasitario que puede encontrarse en una tienda especializada por alrededor de 30 euros llega a ofrecerse por cerca de 50 euros en algunos establecimientos farmacéuticos. Del mismo modo, determinados medicamentos destinados al tratamiento de patologías crónicas, como problemas tiroideos en perros, presentan diferencias de precio que pueden llegar a duplicar prácticamente el coste para el consumidor final.
El resultado es siempre el mismo: quien termina pagando es el tutor.
Pero tampoco las farmacias están saliendo necesariamente beneficiadas de esta situación. Algunos farmacéuticos reconocen que se han visto obligados a asumir pérdidas por productos veterinarios que han caducado en sus estanterías debido a una demanda inferior a la prevista o a las dificultades para gestionar un mercado que tradicionalmente funcionaba por otros canales. En algunos casos, el coste de esos productos ha tenido que ser asumido directamente por el propio establecimiento.
Por eso conviene abandonar los discursos simplistas. Aquí no hay un único culpable. Hay un problema estructural que afecta a tutores, veterinarios, farmacias y pequeños distribuidores mientras determinados fabricantes continúan aumentando precios y concentrando el control de la distribución.
Por supuesto, el debate no puede centrarse únicamente en los veterinarios. También hay que mirar hacia los laboratorios y fabricantes. No es aceptable que un producto aumente seis euros en apenas unos meses sin una explicación clara y transparente. Tampoco es aceptable que determinadas marcas decidan restringir los canales de distribución, reduciendo los puntos de venta y favoreciendo, de forma indirecta, nuevas subidas de precios.
Esto empieza a parecerse demasiado a ciertos modelos de mercado donde unas pocas compañías controlan la oferta y fijan las reglas del juego a su conveniencia.
¿Y dónde está la Administración?
Porque aquí es donde debería entrar en escena el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que parece más preocupado por mirar hacia otro lado que por analizar qué está ocurriendo realmente en el sector veterinario. La sensación es que nadie supervisa estos movimientos, nadie investiga las subidas de precios y nadie exige explicaciones cuando desaparecen productos esenciales para la salud animal.
Mientras tanto, los tutores pagan más, los veterinarios reciben las críticas y los animales son quienes terminan sufriendo las consecuencias.
Y cuidado, porque cuando los tratamientos se vuelven inaccesibles o imposibles de encontrar, aparecen otros problemas: compras por canales no autorizados, productos de dudosa procedencia y un incremento del riesgo para la salud animal.
Por eso necesitamos más transparencia, más competencia y más control. Menos dependencia de unas pocas marcas y más obligación de que existan alternativas reales. Necesitamos profesionales con varios planes terapéuticos disponibles, una Administración que vigile tanto los efectos de la normativa como las prácticas comerciales de determinadas empresas y una investigación seria sobre las políticas de precios que se están aplicando en el sector.
Porque si seguimos por este camino, el problema no será solo el Real Decreto 666. El problema será un sistema que está dejando de pensar en los animales para centrarse únicamente en los márgenes comerciales.
Y eso, sencillamente, es una vergüenza.