Mi propósito de hoy es mostrar algunas secuelas de la desigualdad, de carácter político, que para mí han pasado en parte desapercibidas, hasta que tuve la fortuna de leer el libro de Margarita León, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, El arte pactar. Estado de bienestar, desigualdad y acuerdo social (2023). Para la autora, la desigualdad genera unas dinámicas en el comportamiento político que dificultan la puesta en marcha de políticas públicas redistributivas y de una fiscalidad progresiva que las financie. Por una parte, los pobres y, todavía más, los más pobres tienden a votar poco. La abstención extrema en los suburbios más marginales y castigados de las ciudades se han convertido en auténticos agujeros negros de nuestra democracia, tal como los definen Manuel Trujillo y Braulio Gómez en determinados trabajos de investigación. Uno de ellos es La Segregación electoral interurbana en España. Relación entre participación y renta. VIII Informe Foessa. Documento de trabajo 3.4 (2019). En la introducción del trabajo, nos dicen que una de las salidas de los perdedores de la crisis es la oferta de los nuevos partidos anti-establishment que han surgido en toda Europa, pero otra parte ha venido a acompañar a los perdedores de toda la vida en los espacios abstencionistas en los procesos electorales y este hecho está teniendo menos atención, tanto entre los académicos como en el debate público, donde impacta más el crecimiento de los partidos antisistema que el nuevo precariado político que se sale voluntariamente del cuerpo electoral, otorgando con ello más peso e influencia a los grupos de más renta, cuya participación política no ha menguado (por ejemplo, los electores del Barrio de Salamanca de Madrid o Francisco Vitoria en Zaragoza) tras la crisis económica, con lo que la brecha entre ricos y pobres se ensancha, no solo en el plano social y económico sino también en el político. Los ciudadanos afectados por esta desafección con las instituciones, aquellos que entienden que su voz pesa cada vez menos en los procesos de toma de decisiones y en la protección del Estado, son lo que el doctor en Ciencias Políticas José Fernández Albertos ha denominado el “precariado político” (Antisistema. Desigualdad económica y precariado político, editorial Catarata).
Es interesante observar de forma separada lo que ocurre en la capital más desigual de España, Madrid, donde la brecha entre los barrios más pobres y más ricos es más grande y donde según, nos señalan los autores citados, Trujillo y Gómez, según el índice de segregación electoral interurbano, se reproduce la misma desigualdad en cada contienda electoral. Una relación que ha ido en aumento respecto a la situación anterior a la gran crisis económica. Un 47% de abstención en la subárea más pobre, que es en San Cristóbal (distrito de Villaverde), y la relación entre porcentaje de abstención y renta es prácticamente lineal hasta llegar a la renta de 30000 euros, en la que se estabiliza en un mínimo alrededor del 17% de abstención. Los barrios donde la renta media no alcanza los 15.000 euros, localizados en el Sur y el Este de Madrid, en distritos como Usera, Puente de Vallecas, San Blas o Villaverde concentran la abstención más elevada.
En las elecciones generales del 2016, la abstención en los barrios más pobres de ciudades como Madrid (San Cristóbal, ya citado) o Sevilla (Las 3.000 Viviendas) alcanzó casi la mitad del censo electoral, mientras que en los barrios más ricos se situó por debajo del 20%. La interrelación entre desigualdad económica y desigualdad política tiene que ver también con otros factores, como el nivel educativo. Las personas con títulos universitarios pueden llegar a votar hasta un 20% más que las de estudios primarios o sin estudios.
Esta diferencia interclasista a la hora de votar tiene obviamente determinadas consecuencias. Quienes no votan lo tienen complicado para alcanzar visibilidad política y así poder cambiar o mejorar su situación. Revertir las situaciones de injusticia social solo es posible cuando los que están abajo en la escala social se convierten en fuerza política con capacidad para movilizarse con unas demandas y reivindicarlas. Como muy bien señala Yuval Noah Harari en su libro, 21 lecciones para el siglo XXI: mucho peor que la explotación, es la irrelevancia. Es decir, que los de abajo, que ya están explotados, es grave, pero mucho más grave es que su presencia pase desapercibida y sea irrelevante. Al respecto parece pertinente el concepto de eficacia política, que es la creencia que tiene un ciudadano de que puede entender y participar en los asuntos públicos y de que su actuación puede tener efectos en los acontecimientos políticos, en suma, será eficaz su acción política. En general, la eficacia política es clave en la participación política. Está claro que esa escasa participación electoral de los de abajo está relacionada con su creencia de que sus aspiraciones, ni son escuchadas ni atendidas por los poderes públicos. Es una política ineficaz. Entonces, ¿para qué votar? Mas, dado que la democracia exige participación política, es conveniente estimularla, sobre todo por los poderes públicos, aunque no solo, sobre todo en los periodos electorales. Ni que decir tiene que lo primero para fomentar la participación en los de abajo es por parte de los poderes públicos llevar a cabo políticas sociales y económicas adecuadas en el ámbito sanitario, educativo, laboral, etc. Estas políticas son conditio sine qua non. Y además es una obligación de nuestra Carta Magna, tal como señala su artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Otro incumplimiento constitucional por parte de los poderes públicos.
Pero, además, la desigualdad termina por hacernos gradualmente más insensibles e inmunes no solo a las causas sino también a su reproducción. Margarita León cita las investigaciones de Leanne Son Hing, que demuestran como la existencia prolongada de niveles muy diferentes de ingresos desembocaba en activar una serie de procesos sociopsicológicos que legitimaban la desigualdad. Determinados discursos mediáticos y procesos de segregación residencial y social contribuyen a negar una realidad constatable fácilmente, de enormes diferencias, entre personas con niveles de renta muy altos y otros muchos que viven por debajo del umbral de la pobreza. Mas, las percepciones son importantes y la tendencia a separarnos unos de otros- con unas élites autoexcluidas en sus urbanizaciones cerradas, sus clubs de ocios, campos de golf, escuelas y universidades privadas- terminan por invisibilizar las realidades más molestas. Quien no recuerda, aquellas lamentables preguntas de un político de postín de la Comunidad de Madrid: “¿dónde están los pobres?, ¿dónde están? Porque yo no los veo”. Yo puedo asegurarles que los veo, aunque lamentablemente muchos ciudadanos ya no los ven, a esos otros españoles o emigrantes sin nacionalizar que están pidiendo en una calle o están rebuscando algo en los contenedores de basura. Y estos hechos, a los que nos sentimos auténticamente patriotas, nos deberían doler profundamente. Ese es el verdadero patriotismo. El verdadero patriotismo es querer lo mejor para sus conciudadanos: las mejores escuelas, los mejores hospitales, las mejores carreteras, los mejores centros de atención para los mayores, etc. Y eso se consigue fundamentalmente pagando cada cual religiosamente sus impuestos al Estado, en lugar, como hacen algunos “patriotas” que defraudan a Hacienda, practicando la elusión o evasión fiscal. De estos proliferan por doquier en esta España nuestra. El verdadero patriotismo, no es colgar banderas en sus balcones o envolverse en ellas besándolas con fruición, el entonar el himno nacional, el festejar la fiesta del 12 de octubre, el de la fiesta nacional; el presenciar desfiles militares, encabezados por la Legión, precedida de su mascota “la cabra”; descorchar botellas de champán, no de cava, con cada triunfo de la “Roja”. Ni tampoco es patriotismo llevar a cabo políticas fiscales antiprogresivas, como las de Isabel Díaz Ayuso, Moreno Bonilla o Mazón. La contrarreforma fiscal que aprobó el gobierno de Mazón en la Comunidad Valenciana, ha supuesto una pérdida de recaudación para el presupuesto autonómico de 551,7 millones de euros. Al quitar patrimonio se pierden 198,4 millones, de lo que se beneficiarán el 0,5% de los valencianos. Es decir, 26.700 valencianos sobre 5,1 millones. Al eliminar el impuesto de sucesiones se pierden 326 millones y por el de donaciones 27 millones. Legislan para los más ricos y perjudican a la gran mayoría. ¡Vaya manera de defender la igualdad, de la que tanto hablan los populares! Beneficiando a los más ricos, y perjudicando a la gran mayoría, ya que la menor recaudación supondrá reducción de los servicios públicos: educación, sanidad, servicios sociales, que es de todos.