El tema de la corrupción lo he tratado en numerosas ocasiones. Hay motivos más que suficientes para preocuparnos por esta lacra en esta España nuestra. Tampoco es una novedad. En un aviso a navegantes despistados y malpensados se produce en todos los regímenes políticos. La corrupción no la trae bajo el brazo la democracia. Nos quejamos amargamente y con razón de la corrupción de algunos políticos y luego les votamos. Aquí algo no encaja. Por ello, no tengo otra opción que hacerme una pregunta: ¿Cómo es posible que una clase política tan incompetente y corrupta haya surgido de una sociedad tan pura e inmaculada? Insisto, la corrupción ha sido una constante en nuestra historia, salvo algunos momentos concretos. Para hacernos una idea de la persistencia de la corrupción en esta España nuestra me parece muy pertinente el libro del historiador británico Paul Preston es 'Un pueblo traicionado. Corrupción, incompetencia política y división social. España de 1874 a nuestros días' (2019). Es extenso con 716 páginas y con numerosas notas a pie de página, señal inequívoca de ser un trabajo de investigación, la tesis es muy clara: la corrupción constante de nuestra Historia, junto a la incompetencia de nuestra clase política, ha provocado falta de cohesión social con la consiguiente conflictividad, que ha sido sofocada violentamente por el Estado. De ahí, el pueblo traicionado.
En cuanto a la corrupción sobrecoge su persistencia salvo breves periodos, como he comentado. Preston excluye el primer bienio de la II República y los primeros 15 años de la democracia. Los más corruptos las dos dictaduras, de Primo de Rivera y Franco, y a partir de mitad de la década de los 90 del siglo XX hasta hoy.
La corrupción política puede ser electoral y económica. De la primera, el ejemplo fue la primera Restauración borbónica, el sistema diseñado por Cánovas del Castillo. Votaban los muertos, «cuadrillas volantes», que iban de un colegio electoral a otro a votar; urnas en hospitales con enfermos contagiosos, pocilgas o en un tejado. De la segunda, el ministro de Hacienda, Santiago Alba amasó una gran fortuna por su alianza con el magnate Juan March, que obtenía ganancias inmensas por la exportación de alimentos a los beligerantes en la I Guerra Mundial y del contrabando de tabaco. Tal amistad se manifestó en un banquete que March le organizó en Palma de Mallorca, en el que regaló a su mujer un ramo de flores, donde había escondidos diez billetes de mil pesetas. Don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones fue elegido diputado ininterrumpidamente por la circunscripción de Guadalajara desde 1891 a 1923 en las listas del Partido Liberal. Y el secreto de sus reiterados triunfos electorales era una habilidosa combinación de caciquismo y clientelismo hasta el punto de hacer de la provincia alcarreña su verdadero feudo. En cierta ocasión, don Antonio Maura, que llegaría años después a ser jefe del Partido Conservador y presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones, decidió disputar el escaño al jabonoso conde. Se presentó en Guadalajara y allí se le informó de que tendría muy complicada la cosa, pues el conde de Romanones ofrecía a cada elector 2 pesetas por voto y que eso había generado un tejido cautivo muy difícil de rasgar. “Muy bien', dijo Maura. “Si Romanones paga el voto a 2 pesetas, yo lo pagaré a 3”. Y, dicho y hecho, Maura empezó a comprar los votos a 3 pesetas. Romanones llegó a Guadalajara, como siempre, a repetir la jugada, pero se le informó que ese año lo tendría difícil puesto que Maura se le había adelantado y además había ofrecido 3 pesetas por voto. Entonces Romanones fue localizando a los electores que habían sido tentados por Maura y, uno por uno, les iba diciendo: “Toma un duro y dame las tres pesetas” (que habían previamente recibido de Maura). El resultado lo pueden imaginar: Romanones arrasó, los electores se embolsaron cada uno un duro y a Romanones los votos le costaron dos, como de costumbre".
En la Dictadura de Primo de Rivera la corrupción estuvo institucionalizada. El Dictador solía enviar «notas oficiosas» a la prensa con frecuencia borracho tras noches de jarana. Una de ellas aparecida en 'El Heraldo de Madrid' el 9 de marzo de 1929, describe una suscripción popular para comprarse una casa, que llegó a 4 millones de pesetas. Luego se utilizó la suscripción patriótica para el Pazo de Meirás.
En la Dictadura de Franco la corrupción también institucionalizada. Mercado negro, estraperlo. Grandes fortunas de hoy nacieron entonces. En cuanto al Dictador, paradigma de patriotismo, entró en guerra sin un duro y al acabarla una fortuna de 32 millones de pesetas, unos 388 millones de euros de hoy. En cuanto a su procedencia variada: un regalo de 600 toneladas de café del dictador brasileño Getulio Vargas para el pueblo español, vendido por un total de 7,5 millones de pesetas, acabó en su cuenta corriente; igual que donaciones realizadas a su bando, como una de 100.000 pesetas del 23 de octubre de 1936; y traspasos mensuales de 10.000 pesetas desde Telefónica. Todo esto lo consideró botín de guerra para cubrirse las espaldas ante un futuro incierto. Al acabar la guerra y ya seguro, empezó a invertir, cuando muchos españoles pasaban hambre.
De la corrupción actual todo español la conoce: Gurtell, Koldo, Cerdán… En estos días oscuros, el electorado progresista se siente invadido por un fuerte sentimiento de vergüenza. Traicionado por unos individuos que se reclamaban representantes suyos mientras eran la antítesis de sus ideas, personajes de una película de serie B sobre timadores. No nos pilla de nuevas. Desde hace ya décadas, la corrupción se ha revelado como la enfermedad crónica del sistema, en un país en el que, no lo olvidemos, incluso el jefe del Estado resultó ser un comisionista de altos vuelos. No olvidemos que si hay corruptos es porque hay corruptores., como las grandes constructoras, cuyos dirigentes se van de rositas. Lo más grave es que estos tres golfos, probablemente sean más, se puedan cargar un proyecto político, que ilusiona a millones de españoles y que está pensado para beneficiar y mejorar a la sociedad en su conjunto. Y todavía más dramático, que esos tres golfos pongan en bandeja el gobierno a ambas derechas. Una reflexión previa. En tiempos de la primera Restauración borbónica el pueblo no era consciente de ella, en parte, porque a inicios del XX el 75% de los españoles eran analfabetos. Durante las dictaduras no se podía denunciar, pero hoy con un mayor nivel cultural no castigamos suficientemente con el voto a políticos corruptos. Tal actuación la refleja perfectamente una película de Comencini de los años setenta, Buenas noches, señoras y señores, donde un periodista de televisión, representado por Marcelo Mastroianni, pregunta a un político corrupto: «¿Va usted a dimitir?», «No; sin mi cargo no podría comprar a los jueces», «¿Y los votantes?», «Dimitir sería traicionarlos; me han votado para mentir, prevaricar, malversar fondos y no voy a desilusionarlos». .
En un texto escrito por Willy Brandt con motivo de su estancia en España en 1937 durante la Guerra Civil nos dice: «Bismarck afirmó: «Entre todas las naciones, a la que más admiro es la española. ¡Cuán vigoroso ha de ser este pueblo! Todos sus gobiernos, sin excepción, se han esforzado por arruinarlo y aún no lo han conseguido
Para la catedrática de Filosofía Moral Victoria Camps cuando hay corrupción existe la complicidad del grupo político y también la de toda la sociedad. Y acierta. También son responsables de ella, los empresarios que corrompen, los medios que según su línea editorial la ocultan o la magnifican, determinados funcionarios públicos que no la denuncian por temor a ser represaliados y, por supuesto, gran parte de la sociedad que la tolera.
He podido leer el artículo El antídoto frente a la corrupción: la calidad de la gobernanza de Fernando Jiménez Sánchez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universidad de Murcia. De tal artículo extraeré las ideas fundamentales.
La receta más frecuente para plantear una estrategia de lucha contra la corrupción es el recurso a un conjunto de reformas institucionales: la creación de agencias anticorrupción, el endurecimiento de las penas para delitos como el cohecho, la malversación, el tráfico de influencias, etc., u otras medidas técnicas como leyes de transparencia y acceso a la información pública o la obligación de publicar las declaraciones de actividad y patrimonio de los candidatos a ocupar cargos públicos. O la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, el balance de este tipo de reformas para contener la corrupción es negativo. La profesora rumana Alina Mungiu-Pippidi aboga por otra estrategia: la clave para mejorar la efectividad de la lucha contra la corrupción radica en la mejora de la calidad de gobierno. Enfocar la persecución de la corrupción como si fuera un problema meramente jurídico o penal suele ser una estrategia equivocada. Es erróneo tomar la corrupción como una enfermedad que amenaza la pervivencia de una sociedad que hasta entonces estaba sana. Es simplemente un epifenómeno de una situación social que suele ser más bien la regla que la excepción tanto hoy como en el pasado.
La corrupción es típica de sociedades en las que predomina una lógica particularista de relacionarse los grupos que componen tal sociedad. Es decir, es propia de sociedades en las que los intereses del grupo más primario al que se pertenece –la familia, el clan, la etnia, la confesión religiosa, el partido político, etc.– se anteponen a los intereses generales de quienes conviven bajo un determinado ordenamiento constitucional. De este modo, todas las relaciones sociales que mantenemos, incluyendo las políticas, se tamizan por esta lógica: uno tiene que favorecer a los miembros del propio grupo por encima de cualquier otra consideración. Mungiu-Pippidi llama a estas sociedades particularismos competitivos. Son mucho más escasas aquellas sociedades que han sido capaces de instaurar un gobierno en el que las fronteras entre lo público y lo privado son mucho más sólidas –están globalmente aceptadas– y en el que los ciudadanos comparten la expectativa de que quienes alcanzan el poder político no anteponen los intereses de su propio grupo a los de la sociedad. Se trata de una sociedad en la que se da el universalismo ético (una moral aceptada por todos).
Los pocos países que han conseguido un control más eficaz de la corrupción han sido construyendo una nueva sociedad con reglas de juego muy diferentes. Pusieron en marcha complejos procesos políticos y sociales de cambio a favor de un nuevo orden de gobierno, que deja escaso espacio a las lógicas clientelares. El objetivo de las reformas exitosas no es la corrupción en sí, sino el destierro de la lógica particularista. Para ello se necesita un agente de cambio, que sólo puede provenir de una sociedad civil organizada y consciente de los pasos a dar, que apueste por la superioridad moral, política, social y económica de un gobierno alejado del clientelismo y el particularismo. Sin esa demanda de la sociedad civil, es muy improbable que los gobernantes se decidan a poner en marcha reformas La clave de las reformas anticorrupción pasa por imposibilitar que quienes dirigen una administración pública puedan hacer un uso patrimonial de la misma para construir o alimentar redes clientelares de apoyo social o financiero.
En definitiva, esta estrategia consiste en articular límites efectivos al ejercicio del poder de los gobiernos para asegurar que los gobernantes no puedan anteponer intereses particulares al interés general de la sociedad. En definitiva, se requiere un buen gobierno. No obstante, no es fácil definir un buen gobierno. Una buena definición es la de Marcus Agnafors, para el cual se basa en seis elementos principales: una base moral mínima (el respeto a los derechos humanos); un proceso lógico, transparente y justificado para la toma de decisiones colectivas; el respeto de la regla mínima de la beneficencia (el gobierno debe escoger siempre la alternativa más beneficiosa para los afectados por sus decisiones que sea material y éticamente posible en cada momento); las decisiones públicas deben ser eficientes y sostenibles, evitando el daño a las siguientes generaciones; el respeto escrupuloso al imperio de la ley y a la imparcialidad en el trato de los particulares (siempre que se respete una base moral mínima); y, por último, se debe contar con la capacidad y con la estabilidad que permitan una implantación efectiva de las decisiones tomadas de acuerdo con las reglas anteriores.