En los últimos 30 años, la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las costas españolas, especialmente a las Islas Canarias, ha generado un intenso debate social, económico y político. Casi a diario, se escuchan y se ven entrevistas a políticos y representantes de oenegés que defienden tanto a inmigrantes ilegales como legales, argumentando que su presencia enriquece la diversidad cultural, económica y social de nuestra región. Pero, desde mi perspectiva, esta visión requiere un análisis más profundo, especialmente en el contexto de las realidades que enfrentan muchas comunidades, como la canaria.
La afirmación de que los inmigrantes, tanto legales como ilegales, llegan a España sin intención de quitar nada a los locales es totalmente incierta. Todos los inmigrantes buscan desesperadamente una oportunidad para mejorar sus vidas, huyendo de situaciones de pobreza extrema, violencia o inestabilidad en sus países de origen.
La llegada masiva de inmigrantes en condiciones precarias plantea desafíos significativos para las comunidades receptoras, que ya enfrentan sus propias dificultades. En Canarias, por ejemplo, hay escasez de viviendas disponibles, y las que existen tienen precios abusivos en un territorio casi saturado de residentes y turistas, con poca capacidad de crecimiento por falta de espacio territorial. Además, los salarios de la mayoría de los obreros están congelados y son raquíticos en comparación con el coste de la vida. Por ejemplo, en los últimos tres años todo ha subido de precio un 37%.
La situación en Canarias es alarmante. Con un flujo medio de aproximadamente 1.000 inmigrantes ilegales por semana que entran por mar, y amén de los tantos otros que lo hacen vía aviones y que no son contabilizados.
Las instituciones locales se ven desbordadas. La Guardia Civil, la Policía Nacional, Cruz Roja y otros organismos sociales se encuentran en la situación de desviar recursos y atención de la población local y turística para atender a los recién llegados por mar y vía aérea. Esto no solo afecta la capacidad de respuesta ante las necesidades de los canarios, sino que también genera tensiones en una sociedad que ya enfrenta altos índices de pobreza y precariedad. Los servicios básicos, como Sanidad, Educación y Vivienda, están todos saturados, y en ciudades capitales de Canarias los centros educativos presentan un alto y exagerado índice de ocupación de alumnos extranjeros.
Según datos recientes de la ONG Cruz Roja y de Cáritas, cuatro de cada diez canarios viven en el umbral de la pobreza. En este contexto, resulta difícil justificar la priorización de recursos para inmigrantes ilegales en detrimento de los ciudadanos que contribuyen al sistema a través de sus impuestos. Las ayudas destinadas a los inmigrantes podrían ser mejor aprovechadas para mejorar la calidad de vida de los propios residentes, muchos de los cuales luchan por salir adelante sin poder acceder a una vivienda digna o a empleos con salarios justos; y entre esta desgracia, muchos canarios/as duermen en la calle, en caravanas, en un coche o debajo de un puente, etc.
Mi crítica hacia algunos representantes políticos, oenegés y entes religiosos, es que parecen abogar por una mayor llegada de inmigrantes ilegales. Baso esta percepción en que el interés de estas instituciones puede estar más relacionado con la perpetuación de su labor social, política y religiosa que con el bienestar real de la población local. En lugar de enfocarse en la ayuda a los inmigrantes ilegales, sería más constructivo que estas organizaciones trabajaran en mejorar las condiciones de vida de los canarios/as, quienes deben ser los principales beneficiarios de las políticas sociales y económicas.
Si realmente desean socorrer a los inmigrantes en situación de pobreza, deberían hacerlo en sus países de origen, donde la necesidad de ayuda social y económica es aún mayor. La religión, en su esencia, debe ser un apoyo moral y espiritual, no un sustituto de las necesidades básicas de alimentación, vivienda y empleo.
Es fundamental priorizar las necesidades de la población local canaria, garantizando que los recursos disponibles se dirijan a quienes realmente los necesitan en nuestras comunidades.
La inmigración ilegal es un fenómeno complejo que requiere un enfoque equilibrado y humano. Sin embargo, no podemos ignorar que muchas mafias africanas, con la complicidad de oenegés como Caminando Fronteras, están detrás de esta crisis migratoria. Estas organizaciones facilitan la entrada de inmigrantes ilegales y, en muchos casos, son responsables de la muerte de miles en el mar, ya que garantizan a los migrantes que podrán ser rescatados por la Guardia Civil del Mar una vez que se lancen al agua en pateras, zodiacs o cayucos, prometiéndoles que serán salvados. La tragedia de la inmigración no puede justificar una política que envíe en varias ocasiones a estas personas a la muerte, mientras se ignoran las necesidades de nuestra propia población.
Es hora de que las instituciones y líderes sociales canarios se centren en encontrar soluciones que prioricen el bienestar de los residentes. La diversidad cultural solo es valiosa cuando nos beneficia social y culturalmente a los nativos, y no cuando llega sin un oficio, una carrera o una preparación que permita integrarse de manera productiva en nuestra sociedad.
La pobreza en otros países no puede ser un argumento para desatender las dificultades que enfrentan nuestros propios ciudadanos. Durante casi 30 años, hemos despilfarrado casi 30 mil millones de euros en ayudas a naciones africanas corruptas y en sostener a cientos de miles de inmigrantes ilegales, incluidos adultos y MENAs (menores no acompañados). Y, sin remedio aún, se sigue ampliando ese despilfarro.
Con la situación económica, social y territorial que atraviesan nuestras islas, no hay recursos suficientes para soportar más inmigración ilegal. No somos la Madre Teresa del mundo ni tampoco debemos serlo, y no podemos seguir asumiendo la carga de millones de africanos o de otras naciones que viven en la pobreza por causas sociales, territoriales o políticas, o por tener demasiados hijos sin poder alimentarlos; esos son problemas culturales de cada nación que a nosotros no nos compete ni nos conviene y que, si los tomamos en cuenta y nos abanderamos como una Madre Teresa, abandonamos las necesidades de los nuestros.
El Cosmo-Poder creó el mundo para que cada uno busque su propio camino sin quitarle a otros lo que han conseguido con esfuerzo. Es hora de entender que no todos los pobres del mundo caben en Canarias. Por ello, debemos cerrar las puertas a la inmigración ilegal. Si no, en unos años, seremos nosotros, los residentes nacionales y legales, quienes padeceremos las consecuencias: una sociedad cada vez más fragmentada, con recursos agotados y una calidad de vida en declive.
Espero que algún día, el Cosmo-Poder ilumine a los políticos canarios y peninsulares, porque, de lo contrario, el futuro será mucho más difícil para todos.
P.D. La inmigración que entra en Canarias por pateras, zodiacs y cayucos, así como la que llega por vía aérea, con o sin documentación, muchas veces oculta su verdadera identidad, alegando ser apátridas o no tener nacionalidad y que demanda asilo que le proponen falsamente las oenegés proinmigración ilegal. No se les investiga a fondo y, en muchos casos, viajan a la Península o a otros países europeos con la complicidad del Gobierno canario y del Estado español, que muchas veces los traslada en vuelos comerciales sin que la ciudadanía tenga conocimiento. Todo esto se realiza a escondidas, en un claro ejemplo de la falta de transparencia y de la hipocresía que rodea a este fenómeno. Recuerden que durante la pandemia de Covid-19 las autoridades canarias dejaron entrar a decenas de miles de africanos inmigrantes ilegales a los cuales les proporcionaron alojamiento en hoteles y apartamentos turísticos y que por tal ambición de negocio el llamamiento se ha hecho mucho mayor, y que en el presente lo estamos padeciendo a gran escala. Todo fue un paripé orquestado por el Gobierno canario y su séquito de seguidores ambiciosos, un negocio llevado a cabo entre unos cuantos que bien se aprovecharon del cuento de que no se podía repatriar a los inmigrantes ilegales porque, según ellos alegaban, no había transporte aéreo ni marítimo para enviarlos de vuelta. Mentira tras mentira.
Canarios, canarias, ya es hora de despertar y exigir una gestión responsable y efectiva de nuestra tierra. No podemos seguir permitiendo que la inmigración ilegal siga desangrando nuestras capacidades sociales y económicas, poniendo en riesgo nuestro bienestar.
No olviden que la inmigración ilegal en Canarias y en toda España se ha convertido en un negocio rentable donde algunos partidos políticos pescan votos, empresarios que contratan a semiesclavos, empresarios que venden las necesidades de los inmigrantes ilegales, como son calzado, ropa, alimentos y transporte; y oenegés que se nutren de darles albergue a precios desorbitantes, como por ejemplo a un MENA por 150 euros por día.
La clave para erradicar esta gran tragedia se halla en cerrar todos los albergues y las fronteras a toda inmigración, sea ilegal o legal. Y en ello, mientras tanto, procurar solo admitir inmigración legal cuando la necesitemos. Y a lo ya explicado añado como final que la repartición de inmigrantes adultos y MENAs entre las restantes 16 autonomías que propone el Gobierno canario no es productiva porque con ello solo se conseguirá medio vaciar los albergues para que las mafias africanas se alienten a mandarnos a más inmigrantes ilegales, sean adultos o MENAs.
Nota. Este artículo fue enviado a la señora Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea.