AI se basa en el artículo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establece que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”
La ONG considera que las autoridades españolas no deben obligar a una persona, en contra de su voluntad a entrar a España, ya que no tiene ningún procedimiento judicial abierto que así lo indique