Eran las dos y media de la madrugada del sábado 5 de noviembre cuando dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de Arrecife disfrutaban de su tiempo de ocio en un bar de copas de la calle Coronel Bens. Estando fuera de servicio, un inmigrante supuestamente les insultó gravemente. Inmediatamente, comenzó una discusión terminó en una supuesta agresión por parte del extranjero, natural de Ghana y de 28 años, a la que los agentes respondieron “empleando el menor uso posible de la fuerza”, con su detención y puesta a disposición judicial por un delito de atentado contra Agentes de la Autoridad.
Al día siguiente, el fiscal observó que la versión de los funcionarios no coincidía en absoluto con la del detenido: mientras los primeros hablan de agresión y de reacción hostil, el reseñado les acusaba de extralimitación en el uso de la fuerza.
El fiscal ordenó a los agentes declarar en calidad de imputados y, como resultado, el CNP les abrió un expediente disciplinario a los funcionarios, práctica habitual en todos los casos en que estos funcionarios prestan declaración, en este caso además, como imputados. La Fiscalía les acusa de delitos de detención ilegal, falsificación de atestado, lesiones y torturas, si bien esta última acusación fue retirada.
Una vez culminada la fase de instrucción, fuentes cercanas al caso han confirmado a Crónicas que la sentencia se conocerá en un período aproximado de 15 días. Ambos podrían quedar absueltos y con el expediente cerrado o, en caso negativo, enfrentarse a sanciones de la Justicia y de la propia Policía Nacional: multas y penas de prisión, por un lado, y apercibimientos, inhabilitación temporal e incluso expulsión del Cuerpo. Para entonces el juez tendrá que decidir si los agentes, a los que la ley obliga a actuar como defensores de la Seguridad Ciudadana las 24 horas -en virtud del Capítulo II sobre Principios de Actuación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- se extralimitaron en el uso de la fuerza o si se trató más bien un atentado contra un agente de la Autoridad.
Resulta cuanto menos llamativo que de inmediato la Fiscalía pusiera en duda la palabras de dos funcionarios policiales y que, a las pocas horas de la detención se pusiera manos a la obra para ratificar la versión del detenido, llamando además a los funcionarios a declarar nada menos que en calidad de imputados.
