El presidente del Parlamento de Canarias, Gabriel Mato, recibe en verano de 2005- a Miguel Martínez García.
Perseveran en el cuerpo de la Guardia Civil “mentalidades feudales y decimonónicas” que consideran a este cuerpo “un estado dentro del Estado, al margen de la sociedad y de las leyes”. Al menos así lo piensa la sección de Las Palmas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quien ha pedido el cese del General jefe de la Guardia Civil en Canarias, Miguel Martínez García, por “incumplir reiteradamente” las sentencias judiciales que se le han impuesto.
Esta petición viene motivada por la actitud de este alto mando ante las sentencias que los juzgados han dictado en su contra y a favor de miembros de la Guardia Civil. Según denuncia AUGC, el General Jefe no sólo no ha aceptado la sentencia que le obliga a extender a todos los puestos de la Comandancia de Vecindario el denominado “servicio de puertas”, sino que la ha incumplido reiteradamente.
Es por eso que ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en auto de fecha 1 de febrero de 2007, ha dictado una multa coercitiva de 300 euros, que se reiterará cada veinte días hasta lograr la completa ejecución del fallo judicial, contra el General Jefe de la Guardia Civil de Canarias.
Este servicio de puertas viene siendo realizado por las unidades de seguridad ciudadana, que según la denuncia de AUGC veía mermado el número de sus efectivos para realizar otros servicios, ante la reiterada “obstinación” de este mando de hacer cumplir en exclusiva a estas unidades este servicio.
Para AUGC sólo cabe una reflexión política al hilo de estos acontecimientos: “la mentalidad de ciertos altos mando de la Benemérita sigue siendo feudal y decimonónica. Creen que la Guardia Civil es un Estado dentro del Estado, al margen de la sociedad y de las leyes. Su concepción patrimonialista de la institución les hace dirigir la misma desde criterios absolutistas, de quienes otorgan privilegios y castigos en función de sus personales criterios”, declaran a través de un comunicado oficial.
AUGC ha dirigido una carta al ministro del Interior a fin de que se ordene la apertura del procedimiento disciplinario oportuno para depurar la responsabilidad en la que hubiera incurrido el General Miguel Martínez García y solicita que este jefe sea cesado del cargo que ostenta por su negativa persistente a ejecutar una sentencia judicial.
“Son actuaciones como las del General Martínez las que constituyen actos gravemente contrarios a la disciplina, y no los realizados presuntamente por 20 dirigentes de AUGC que han sido expedientados y apartados del servicio supuestamente por participar en la concentración del 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid”, concluyen.
