Marcial Brito, más conocido en Lanzarote por “El Salao”, compareció ayer ante la Audiencia Provincial de Las Palmas trasladada a Arrecife para responder a la acusación que se ciñe sobre él por el supuesto tráfico de inmigrantes irregulares llevado a cabo en el barco “Ocean King”. Tanto él como el otro acusado, Naffa Ould Samba, se declararon inocentes, y argumentaron no saber qué tipo de actividades al margen de la pesquera podría estar haciendo la embarcación. Finalmente, tras cerca de cuatro horas, el juicio quedó visto para sentencia, y, si se cumple la previsión de los abogados, el resultado se conocerá en septiembre.
El coacusado junto a Brito es Naffa Ould Samba, tripulante de la embarcación, al que también se implica por un posible delito de tráfico de personas, que en caso de ser aceptada por el juez podría conllevar hasta seis años de cárcel y una cuota diaria de doce euros durante treinta meses, como pidió la acusación.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2002, cuando la policía interceptó a una veintena de ciudadanos senegaleses sin papeles en Puerto Naos, que aseguraban haber pagado entre 2.000 y 3.000 dólares americanos por un pasaje para llegar a Lanzarote. Los indicios llevaron a la policía hasta el Ocean King y hasta Marcial Brito y Naffa Ould, que fueron detenidos el mismo día.
Cuatro años después y tras complicadas argucias legales por parte de acusación y defensa, el caso ha quedado visto para sentencia.
Las acusaciones
La última vez que se intentó celebrar el juicio en octubre de 2005, tuvo que ser anulado por la ausencia del tercer acusado, el patrón del buque, Mohamed Ethmane, que sigue a día de hoy en paradero desconocido.
Tanto Ethamane como uno de los hijos del acusado, Juan Carlos Brito, fueron dos de los protagonistas del juicio de ayer, aunque ninguno asistió, juicio en el que se intentaron esclarecer los hechos ocurridos en 2002. Ese año el Ocean King llegó al puerto de Lanzarote con unos 26 tripulantes, de los que aún no se sabe cuántos eran ilegales y cuántos parte de la tripulación.
Juan Carlos Brito, conocido también como “El Salao” o Iván, fue señalado como posible inductor de los hechos junto a Marcial, que actuarían supuestamente como “una organización de tráfico de personas” entre Mauritania y Canarias. Tanto el padre como otro de sus hijos, Blas Brito, que también acudió como testigo al juicio, declararon que el Ocean King era propiedad de Juan Carlos, que lo utilizaba únicamente para la pesca.
Blas Brito tuvo que contestar además sobre otras cuestiones que lo situaban ese día en el puerto, en el que supuestamente recogió los pasaportes de los tripulantes para luego entregárselos a su padre, que los requería ante la insistencia de la policía.
En este punto se plantearon muchas dudas, ya que los inmigrantes detenidos aseguraban que sus papeles estaban en posesión de “El Salao”, que era el contacto que les iba a esperar en Lanzarote para devolverles sus documentos. Varios de estos testimonios señalaban a Juan Carlos Brito como el hombre que les introdujo en el barco en Mauritania, y que les hizo todas estas promesas al comenzar el viaje.
Estas declaraciones son una de las bases del ministerio fiscal, que apunta a Marcial y a Juan Carlos como los dos armadores que organizaban los viajes ilegales entre África y Canarias en “condiciones insalubres y de hacinamiento”.
Ambos se declararon inocentes
Por su parte, Marcial Brito insistió en su inocencia, que defendió en las declaraciones ante la juez, y a la que explicó que él no era armador ni tenía conocimiento de lo que pasaba dentro del barco. Defiende que “sólo echaba una mano de vez en cuando a su hijo reponiendo víveres y combustible”, y que ese día se presentó en el puerto porque la policía se lo pidió.
Naffa Ould también se declaró inocente y aseguró que la tripulación del barco era de unas “20 0 25 personas porque se hacían turnos, por lo que siempre dormía la mitad y cabían todos en las camas”.
A este ciudadano mauritano se le conoce hace años en el ámbito pesquero de Lanzarote como Pedro, ya que siempre se ha movido entre su país y la Isla, por eso su abogado, Marcial Francisco Hernández, se centró en dibujar este perfil de Naffa, al que se le acusaba de estar dentro de la supuesta trama.
Las alegaciones finales
Al juicio asistieron al final una decena de testigos entre tripulación, policía, y testimonios trascritos, convocados por ambas partes a los que se interrogó en relación a los hechos. En líneas generales todos coincidieron en lo sucedido, pero hubo muchas contradicciones en los matices, que harán más difícil el trabajo del juez.
Todas las pruebas están basadas en estos testimonios, que para la acusación “deja clara la implicación de los acusados”, como alegó la fiscal, mientras que para la defensa no tienen valor, por lo que pidieron la nulidad de las pruebas.
Como el abogado de Brito, Francisco Torres, destacó, “no hay ni una sola prueba que demuestre que existe esta red, y si las hubiera, a quien hay que condenar es al patrón y al armador, no a mi cliente”.
Otra de las cuestiones que preocupa a la defensa es la acusación de la fiscal que mantiene que “los tripulantes ilegales temieron por su vida por las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que les instalaron”.
Torres declaró a la salida del juicio que “ha quedado más que demostrado que el barco contenía todos los servicios necesarios para subsistir ”.
En este sentido consiguió que muchos de los testigos declararan que el buque contaba con potabilizadora propia, agua caliente, camas, dos comidas al día, frigorífico y hasta sistemas de navegación.
La fiscal, por su parte, se remitió a los testimonios de dos de los inmigrantes, que aseguraron que ni siquiera comían todos los días.
Por ahora y ya con todas las pruebas recogidas, la juez podrá deliberar la sentencia, que los dos abogados defensores creen que estará para septiembre y que “será favorable porque las pruebas no demuestran nada” , como Marcial Francisco Hernández declaró.
