El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Las Palmas ha dispuesto mediante Auto de fecha 25 de febrero de 2013 acceder a la suspensión de la ejecución del acto administrativo identificado en los hechos de la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Canarias que en su día costó la expulsión del país a José Morales, activista social uruguayo afincado en Lanzarote durante años.
El auto, tal y como ya anunció este diario el pasado miércoles, no hace pronunciamiento condenatorio sobre costas procesales y ordena que sea comunicada la decisión al órgano administrativo para que disponga su inmediato cumplimiento, librándose para ello el correspondiente oficio".
Morales Brum, de 43 años, es oriundo de Salto, y residía en la isla de Lanzarote desde octubre de 2002. En el momento de su detención y posterior expulsión del territorio español contaba con su permiso de residencia y de trabajo en vigor, además de ser padre de una niña canaria de nacionalidad española.
Sobre este activista pesaba una orden de expulsión emitida por la Subdelegación del Gobierno en Canarias, después que este ciudadano participara en una concentración frente a la sede del Partido Popular (PP) en Lanzarote, en el marco de las movilizaciones en contra de las prospecciones petrolíferas que va a realizar la empresa Repsol en aguas canarias.
Después del proceso de alegaciones con la Delegación del Gobierno en Canarias, ésta comunicó el pasado 21 de mayo de 2012 la resolución en firme de mantener la expulsión, dándole 60 días de plazo para presentar contencioso administrativo si así lo consideraba. Pero antes de que se cumpliera ese plazo legal, según recuerda el propio Morales, el subdelegado del Gobierno, Luis Molina González, ordenó a la Policía Nacional la detención y posterior expulsión del territorio español, “no atendiendo los recursos presentados por la defensa de Morales ante esa Delegación y los Juzgados de Lanzarote que impedían la acción”.
En su denuncian narran que el activista viajó atado de pies y manos, con un arnés de fuerza, sin permitirle comer o beber agua y escoltado por dos policías nacionales españoles desde Tenerife a Madrid y de la capital española hasta Montevideo. Al ser entregado a Interpol, ésta sólo recibió el pasaporte de este ciudadano sin que conste sello alguno de su expulsión o documento judicial que lo avale.
Iniciativas en Europa
Las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos del Parlamento han analizado meses atrás es el polémico asunto. Esta iniciativa parlamentaria ha sido propiciada por los Diputados del Frente Amplio, Andrés Lima (Lista 888), María Elena Laurnaga (PS) y Esteban Pérez (MPP).
Por otro lado, el senador Eduardo Loriel (PCU) presentó en la Cámara Alta una iniciativa llegará a la Sala de la Asamblea General el jueves, a los efectos de denunciar también el asunto.
Este caso está siendo investigado también por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo después de que el europarlamentario de Izquierda Unida Willy Meyer presentara dicha iniciativa por entender que la ejecución de esta expulsión es “una clara violación del derecho constitucional a la presunción de inocencia, ya que la orden de repatriación se basa en la imputación de una presunta falta administrativa que no ha sido resuelta con ninguna sentencia en firme”.
Por otro lado, los diputados Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Ricardo Sixto Iglesias (Izquierda Unida), han presentado en la Mesa del Congreso de los Diputados una iniciativa de interpelación al Gobierno español para que explique los motivos por los que ha ordenado la expulsión del territorio español del activista uruguayo. Además, esta iniciativa fue respaldada por los grupos políticos de Coalición Canaria, Los Verdes e Iniciativa per Catalunya.
Apoyos
Tras la ejecución de la medida, decenas de organizaciones políticas, sindicales y sociales han denunciado en España y en el ámbito internacional esta acción emprendida contra el activista uruguayo. Personalidades como la actriz Pilar Barden, la activista saharaui Aminetu Haidar, el actor español Willy Toledo, la destacada periodista española Yolanda Sobero, el reconocido músico canario Luis Morera, entre otros, se han solidarizado con el activista y le han hecho llegar su apoyo.
Los responsables del seguimiento del caso destacan que en 48 horas se recogieron más de 45.000 firmas que exigían la no expulsión de Morales Brum.
Satisfacción de Morales
A través de las redes sociales Morales ha expresado su satisfacción por esta decisión judicial alegando lo siguiente:
"Tenía que llegar y llegó. La mejor noticia que tenía que venir con los aires del alisio de mi patria Canaria acaba de llegarme. Sin duda la emoción es tan grande que las lágrimas empañan mi vista pero son lágrimas de alegría, de emoción por el convencimiento en que jamás he cometido delito alguno y que jamás he sido condenado como tantas veces lo han repetido muchos adalides del Gobierno español.
No tendré tiempo de vida suficiente para agradecer primero a mis abogados en Canarias, a mi madre que me ha apoyado incondicionalmente siempre, a todas aquellas personas buenas que desde un lado o de otro han sostenido la bandera de resistencia brindándome apoyo. Como tantas veces lo he dicho LA JUSTICIA BRILLARÁ y este pasado lunes 25 la JUSTICIA BRILLÓ. La lucha continúa para que lo que me pasó a mi no le pase a ninguna otra persona en Canarias y en el resto del Estado español".
Como pueden leer es una muy buena resolución para mis intereses y que determina la apertura de la puerta para mi retorno a Canarias, aunque cabe recurso de apelación éste no debe de impedir su efectividad. ¡¡¡Mil veces venceremos!!!", concluye.
