La llegada de 37 inmigrantes ilegales más este fin de semana a las costas lanzaroteñas, abre de nuevo el debate sobre la capacidad de las Islas para acoger a la población que huye de África. Las falta de infraestructuras adecuadas en Lanzarote para acoger a los tripulantes de pateras, obliga a las autoridades isleñas a enviar a los irregulares a centros como el del Matorral en Fuerteventura, que ahora mismo está desbordado, como la mayoría de los del resto del Archipiélago.
Pero la situación que vive hoy la Isla dista mucho de las avalanchas de pateras que recibía, y que afectaban a las islas más orientales. En los últimos tiempos, la ruta que siguen las embarcaciones ilegales ha cambiado y ahora son Gran Canaria y Tenerife las que soportan la llegada incontrolada de irregulares.
La solidaridad que antes exigieron Lanzarote y Fuerteventura a las islas mayores, es la que ahora podría ofrecer la Isla a las nuevas afectadas. Pero sigue siendo imposible porque no se cuenta con un lugar adecuado en el que instalar a los inmigrantes.
El fenómeno de los cayucos
La diferencia principal entre los inmigrantes que llegan a Lanzarote y Fuerteventura, y los que reciben las islas capitalinas está básicamente en el país de origen. Los llamados cayucos provienen de Mauritania y Senegal, países que usan otra ruta para llegar a España, y que pasa por Gran Canaria y Tenerife. Se trata de embarcaciones mucho mayores y de mayor motor en las que hacinan a un número aún mayor de personas. Por eso el problema se agrava, porque con cada embarcación se suman muchos más inmigrantes que atender por unos servicios insuficientes y en un espacio limitado.
En cambio, a las islas orientales llegan pateras, barcazas mucho menores provenientes de Marruecos, un país que además ha comenzado a ejercer controles más estrictos sobre este tipo de salidas ilegales.
Una actitud totalmente opuesta a la de los países subsaharianos, de los que han llegado sólo en este último fin de semana, casi 1.500 irregulares a bordo de cayucos, que arribaron en las costas de Gran Canaria, Tenerife y el Hierro, otra de las islas que comienza a verse afectada por este fenómeno.
Además, a los servicios de acogida y atención sanitaria que les esperan en el litoral, hay que sumar los desplegados para realizar operaciones de rescate en alta mar. Es el caso del pasado domingo, en el que 93 personas fueron trasladadas hasta el muelle de Arguineguín por los efectivos de Salvamento Marítimo.
Un cambio de orientación
Con este nuevo panorama, la situación ha dado la vuelta, y aunque Lanzarote sigue recibiendo muchas pateras, ahora la saturación la viven las capitalinas.
Marcial Martín, director insular de la Administración General del Estado, reconoció ayer a este diario que la llegada de irregulares a las islas orientales ha disminuido pero que sigue siendo necesaria la construcción de un centro adecuado para estas personas. Actualmente la financiación para esta infraestructura está preparada, tan sólo a la espera de que se elija el lugar idóneo para su instalación.
Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura también ha notado el bajón que se ha producido en este sentido. Achacan, tal y como explicaron a esta redacción desde su Cabildo, el cambio a la variación de ruta, que antes dirigía a las pateras marroquíes hasta las costas majoreras porque eran las más cercanas. Ahora sin embargo, entienden que la colocación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la vecina isla, ha disuadido a las mafias.
Aún así, los centros de acogida siguen estando saturados porque tienen que atender ya no sólo a los inmigrantes que llegan a Fuerteventura, sino a los que les envían desde Lanzarote e incluso desde otras islas.
El máximo de 40 días que pueden permanecer en estos centros se hace insuficiente para determinar edad, nacionalidad, y tramitar la repatriación o los trámites convenientes en cada caso, por lo que es una mínima proporción la que es devuelta a su lugar de origen.
El resto se reparte por territorio peninsular, por otras islas o en centros de menores si aún no son mayores de edad.
Responsabilidad de todos
Ante esta situación de desbordamiento que se vive en los últimos meses, el Ejecutivo canario envió un llamamiento al resto de comunidades autónomas para que se hiciesen cargo de menores sin acompañantes que ya no caben en los centros de acogida de las Islas. El Principado de Asturias fue la primera comunidad en responder y ya ha anunciado su intención de responder afirmativamente a la petición del Gobierno regional canario.
En definitiva se trata de un problema de difícil solución que pasa ya no sólo por la adecuación de los centros y los recursos para hacer frente a la inmigración ilegal, sino por la colaboración de las autoridades de los países de origen. El Gobierno español está centrando todos sus esfuerzos en esta búsqueda de apoyo tanto de la Unión Europea como de las administraciones de los países emisores, para que cumplan los compromisos adquiridos con España en materia de inmigración.
Sobre todo se trabaja para conseguir que países como Marruecos, Mauritania o Senegal controlen sus fronteras. Precisamente con esta intención se desplazó ayer el ministro de interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a estos dos últimos países para reforzar la cooperación bilateral en temas de inmigración ilegal.
Por su parte, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, volverá a pedir mayor colaboración de las autoridades europeas a la presidencia de turno finlandesa.
