Está claro que no todo el mundo se ha debido enterar en Lanzarote y en el resto de España de que hay que quedarse en casa para evitar que se extienda el coronavirus y para evitar sobre todo que se colapse nuestra sanidad. Algunos o no se han enterado o realmente no se quieren enterar, o creen que no pasa nada por salir a dar una vuelta, hacer deporte o salir con la familia a dar un paseo como si la cosa no fuera con ellos.
Por ese motivo las redes sociales se han llenado de imágenes, como las que acompañan a esta información, de personas que han fotografiado el momento en el que agentes de la Guardia Civil o de las policías locales paran a alguno de estos paseantes para preguntarles si entran dentro del perfil de aquellas personas que sí pueden salir a la calle en estos momentos de toque de queda, una vez que el Gobierno ha decretado el estado de alarma. En la mayoría de los casos ni era gente que iba a comprar alimentos de primera necesidad, ni era gente que iba a trabajar ni eran personas que estaban prestando un servicio público. Eran personas que han decidido que no pasaba nada, y pasa. De hecho, los agentes del orden no se están jugando su propia salud por nada, lo hacen precisamente para concienciar a los pocos que no se han concienciado de la seriedad del problema que afecta a todo un país y que sólo se puede resolver de forma más o menos rápida si se cumplen con las normas.
Límites a los movimientos
La población está obligada a quedarse en casa y sólo podrán salir a la calle en los siguientes supuestos:
- Compra de alimentos, medicamentos u otros productos de primera necesidad.
- Visitas al médico o a los hospitales.
- Acudir al trabajo.
- Retorno al lugar de residencia.
- Cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
- Visitas a entidades financieras y de seguros.
- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
Y esta es la más abierta, que reproducimos de forma textual: “Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada”. Al contrario de lo que ha anunciado Pedro Sánchez, solo en este punto del texto se exige que las salidas sean individuales, no en todos los tipos. Puede que aquí se incluya sacar a pasear al perro, algo a lo que ha hecho mención el Presidente en varias ocasiones en su anuncio pero que no aparece de forma específica en el texto del decreto.
- Movimientos de miembros del cuerpo diplomático para ejercer sus funciones.
- Los coches podrán circular para ir a los sitios mencionados en esa lista o para repostar en las gasolineras.
Tanto para el cumplimiento de esta medida como para las siguientes, la policía podrá “practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias” para impedir los servicios y actividades suspendidas.
Multas de hasta 30.000 euros
La gente tiene que ser un poco más consciente de lo que está sucediendo. De hecho, muchos deberían saber que los policías multarán a quienes se nieguen a identificarse en la calle o aleguen datos falsos o inexactos en la identificación con multas que van de los 601 euros hasta 30.000 euros. Es considerado desobediencia o resistencia a la autoridad. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave, será sancionado con multa de 100 a 600 euros.
Tendrán que pagar de 3.001 hasta 60.000 euros quienes por su actuación u omisión causen un daño grave para la salud de la población y de esa cantidad superior hasta 600.000 euros quienes incrementen ese riesgo o daño en la salud de otros de forma muy grave.
La reiteración del incumplimiento de las instrucciones recibidas por la autoridad competente si comporta daños muy graves para la salud también tendrá un castigo mayor.Estas son algunas de las sanciones e infracciones a las que se enfrentan los ciudadanos a partir de hoy con el estado de alarma y que ya han sido comunicadas de forma expresa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior, tras diseñar un protocolo completo.
Para establecer las posibles sanciones se han tomado en consideración la Ley de 2015 de Seguridad Ciudadana; la de 2011 de Salud Pública; la de ese mismo año de Protección Civil y, por supuesto, el Código Penal que establece penas de prisión y multa para los delitos de desobediencia a agente de la autoridad.
