El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) lograron este miércoles con su unión que saliera adelante en el Congreso de los Diputados el trámite de reforma del nuevo Estatuto de Canarias en contra del criterio de las otras dos fuerzas dominantes en el hemiciclo como son Unidos Podemos y Ciudadanos (C’s). Durante la votación se distinguieron dos sectores, a favor del Estatuto PP, PSOE, Nueva Canarias (NC), Coalición Canaria (CC) y PNV; y en contra, Unidos Podemos y Ciudadanos. En el hemiciclo se dieron cita los rostros más conocidos de la política canaria. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se sentó al lado de su vicepresidenta, Patricia Hernández, para escuchar el debate. Detrás de ellos estaba la secretaria general del PSOE de Lanzarote y presidenta del Grupo Socialista, Dolores Corujo, y el presidente del PP canario, Asier Antona.
Estas presencias fueron más noticia que la propia noticia en sí. De hecho, algunos estaban más pendientes de las charlas de pasillo entre los unos y los otros que de la reforma del Estatuto.
Como ha recordado la agencia EFE, el anterior Gobierno regional, entonces presidido por Paulino Rivero (CC), inició unas negociaciones que ha concluido el Ejecutivo actual, presidido por Fernando Clavijo (CC), presente en el Congreso junto a su vicepresidenta, la dirigente socialista Patricia Hernández. En la tribuna de invitados estaban también, además de los altos cargos del Gobierno autónomo, la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, y el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez. Todos ellos, previas fotos en la escalinata del Congreso, asistieron a un debate que comenzaron los representantes de los partidos que lo aprobaron en Canarias: José Miguel Ruano, de Coalición Canaria (CC-PNC), e Iñaki Lavandera, del Partido Socialista.
Ambos firmaron un discurso muy parecido, aunque con algunos matices: Ruano agradeció al PP que se haya sumado al acuerdo gracias a las reuniones celebradas en las últimas horas en el Ministerio de Presidencia con el secretario de Estado de Relaciones con las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro. Lo que busca el nuevo Estatuto, que puede experimentar cambios a partir de ahora, es dar a los canarios “herramientas” para perfeccionar el autogobierno y favorecer el desarrollo económico y social tras casi 30 años de vigencia del texto estatutario actual. Porque hay que mejorar el “encaje de Canarias en España como región singular y lejana”, estatus reconocido por la UE al considerar las islas región “ultraperiférica”, mediante un nuevo estatuto con proyección de 20 o 25 años. La diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, incidió en las nuevas competencias (costas, transporte marítimo, servicio aéreo insular o control fitosanitario) y en los derechos que se blindan: lucha contra la violencia machista o memoria histórica.
Lavandera destacó “el reto” que supone actualizar el Estatuto de Canarias por cuanto amplía competencias y protege los derechos sociales.
El diputado socialista en el Congreso por Las Palmas Sebastián Franquis abogó por propiciar la tramitación del Estatuto para que los grupos hablen y acuerden cambios, incluidos los que votaran en contra de la toma en consideración o se abstuvieran. A favor se posicionaron igualmente Nueva Canarias y el PP, aunque los dos deslizaron algunos peros. Pedro Quevedo, diputado de NC, cuestionó el sistema electoral de las Islas, que hace que el 83% de la población (la residente en Gran Canaria y Tenerife) elija al 50% de los escaños autonómicos, el mismo porcentaje que elige el 17% restante (los habitantes de La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote). El diputado del PP por Santa Cruz de Tenerife Pablo Matos criticó que las negociaciones llevadas a cabo en Canarias no se caracterizaran precisamente por la “voluntad de cohesión política”.
Reproches más duros procedieron de Ciudadanos, cuya diputada por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, censuró que las reclamaciones competenciales “anulen al Estado” en las Islas. “Se aparca la reforma electoral, se trocea la administración de Justicia, mantiene el aforamiento y socava la autonomía local”.
Y Unidos Podemos, a través de Meri Pita, de Las Palmas, puso el acento en el “antidemocrático” sistema electoral, en la baja cuantía de los sueldos y de las pensiones o en los índices de pobreza.
