El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, ha solicitado la imputación de cinco altos mandos del Ejército que ocuparon sus cargos en 2003, a los que acusa de ser responsables de los homicidios de 62 militares por imprudencia grave al "incumplir los deberes mínimamente exigibles de vigilancia, control e inspección" en la contratación de los vuelos del Yakovlev-42 que se estrelló en mayo de aquel año.
La Fiscalía ha presentado un nuevo escrito de acusación en estas diligencias después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara reabrir el procedimiento que él archivó el 1 de junio de 2007.
Burgos ha solicitado al juez que investiga los hechos, Fernando Grande-Marlaska, que impute al entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá; al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de división Juan Luis Ibarreta Manella; al jefe de la división de operaciones del EMACON, contraalmirante José Antonio Martínez Sain-Rozas; al coronel jefe de la sección logística de la división de operaciones del EMACON, Joaquín Yañez Gozález, y al comandante de esa misma sección, Alfonso Elías Lorenzo Taboada.
Según Burgos, los datos acreditados en la investigación confirman que las "deficientes" condiciones de seguridad del vuelo y el "alto riesgo" que la realización de ese transporte suponía para las tropas españolas eran "conocidos" por los responsables militares del Ministerio de Defensa.
"De modo y manera que si hubieran cumplido adecuadamente sus deberes legales y contractuales para garantizar la seguridad de las tropas bajo su mando, el vuelo en cuestión nunca se hubiera llevado a cabo y, en consecuencia, el siniestro no se hubiera producido", subraya.
El fiscal apunta a la "incontrolada" cadena de subcontratas para fletar el transporte como una de las causas de imputación de los cinco mandos, pues, según explica, de los 149.000 euros destinados inicialmente para contratar el vuelo, la compañía que lo llevó a cabo percibió 38.422 euros.
"Ese abaratamiento del coste final en el medio de transporte fue posible naturalmente a costa de reducir de forma irresponsable las condiciones de calidad, seguridad, y fiabilidad del avión", agrega el fiscal, que señala que el hecho de que no se utilizara casi el 75% de la cantidad prevista deberá ser investigado.
