Vecinos Unidos (VU), formación que cuenta con un concejal en el Ayuntamiento de Arrecife tras su separación de Somos Lanzarote, Andrés Medina, ha denunciado este domingo en nota de prensa que la institución que preside la socialista Eva de Anta ha dejado pasar el plazo para la personación de un abogado en una causa de expropiación que lleva el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Según explican desde la formación, y a pesar de las advertencias que habían realizado, el Ayuntamiento capitalino se podría enfrentar en breve a un nuevo caso Ginory, dando por hecho que se tendrá que pagar una cantidad importante de dinero a los propietarios del terreno.
En su cronología de los hechos, explican que el 19 de junio de 2017 el Ayuntamiento de Arrecife solicitó los servicios de una abogada para “la defensa en procedimiento de expropiación interpuesto por Rosario Cabrera Tavío e Hijos SL ante TSJC contra acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias”. El 21 de junio de 2017, la letrada presentó el presupuesto y desde esa fecha no recibió notificación alguna sobre la oferta, llegando a considerar que “el procedimiento lo estaría llevando otro profesional, teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la presentación de la oferta sin noticias”.
De hecho, VU señala que así fue hasta que el pasado 21 de febrero de 2018 la citada letrada recibió el “decreto de nombramiento de abogado para el procedimiento ordinario 14/2017 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJC". "El Decreto es de fecha 19 de febrero de 2018, expediente de contratación 769/2018. El mismo 21 de febrero, la letrada se puso en contacto con la Sala del TSJC que lleva el procedimiento, y le comunicaron que el plazo para contestar a la demanda estaba concluido desde el 30 de enero de 2018", apuntan. "Es decir, que en esta fase procesal ya no se puede proponer prueba ni aportar documental, por lo que las posibilidades de defensa son muy reducidas”, subrayan.
"Como era de esperar, el 22 de febrero de 2018, la abogada renunció porque no le parecía ético ni profesional realizar una personación a efectos de recibir simples notificaciones del tribunal, sin posibilidad de contestar a la demanda de la otra parte, advirtiendo de que se deberían depurar responsabilidades y establecer protocolos para que estos hechos no vuelvan a suceder en el futuro y no se comprometan los intereses generales que debe defender la institución”, resaltan desde VU.
En esta línea, detallan que el miércoles 7 de marzo de 2018, durante la celebración del pleno ordinario Andrés Medina, en el apartado de Ruegos y Preguntas interpeló a la alcaldesa sobre el asunto. "Y como ya es habitual en ella, el mutismo fue su respuesta. Tal y como reseñó la jurista, el Ayuntamiento de Arrecife debería desplegar con todos los recursos jurídicos y técnicos posibles la representación de la posición municipal en la Comisión de Valoraciones de Canarias. Para con posterioridad, impugnar todos los acuerdos de la citada Comisión y llevar una defensa activa de sus intereses, con una personación rápida en todos los procedimientos judiciales que se le comuniquen. Teniendo en cuenta que están en juego los intereses generales del municipio, y las arcas municipales. Es decir, los recursos económicos para hacer frente a los servicios mínimos de toda la ciudadanía de la capital de la isla, apuntan finalmente.
