Unelco ha presentado la solicitud de concurso de acreedores de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) antes de que la empresa pública formalizara su presentación voluntaria, según información adelantada este martes por el diario Canarias 7. La eléctrica reclama más de 11 millones de euros y tal y como lo revela el periódico regional Unelco asegura que la empresa adeuda más de 52 millones de euros a sus proveedores, cifra distante de la entregada por la consejera delegada, Plácida Guerra, quien sostuvo que las deudas de Inalsa estaban sobre los 38 millones de euros. El Consejo de Administración de Inalsa aprobó la semana pasada someterse al concurso voluntario de acreedores para intentar salvar la empresa de la catástrofe económico-financiera y protegerla de acciones jurídicas, pero Unelco no esperó y registró el 23 de abril, inmediatamente después del acuerdo del Consejo, una demanda pidiendo la declaración de concurso necesario. El consejero del Cabildo, Carlos Espino, dijo este miércoles, a tenor de las consultadas realizadas por la Corporación, que cuando un acreedor se apresura a pedir un concurso necesario sabiendo ya que la empresa ha decidido hacerlo voluntario, prevalece la adopción del acuerdo de la empresa en dificultades, y en este sentido confía en que el Juzgado de lo Mercantil acoja la solicitud de Inalsa. Espino declaró que hay antecedentes en que incluso el juez ha interpretado mala fe del acreedor cuando se solicita la aplicación del concurso necesario con posterioridad. En todo caso, Espino aseguró que la acción de Unelco confirma que la decisión de Inalsa ha sido las más idónea.
Curiosamente de las cifras entregadas por Plácida Guerra a la prensa se desprende de que Inalsa debe a Unelco 14 millones de euros, más de lo que ahora reclama la eléctrica, sin embargo, hay un desfase en cuanto a la deuda global de la empresa. La consejera delegada afirmó que a la UTE Edam-Janubio se le deben 13 millones de euros y a Aguas Filtradas 8 millones, entre otras obligaciones.
Unelco estima, según la publicación del Canarias 7, que los activos de la empresa no superan los 35 millones de euros frente a sus deudas que alcanzan los 52 millones. El Juzgado de lo Mercantil tendrá que resolver si el concurso de acreedores es voluntario, como lo pedirá Inalsa en los próximos días, o necesario como ya lo ha reclamado Unelco.
La visión de un experto
Agustín Ojeda, profesional conocedor de los entresijos de la Ley Concursal, explicó en la 95.8 FM que el pasado 27 de marzo fue aprobada una modificación sustancial de la Ley apareciendo una nueva figura que es la refinanciación de las deudas, que Ojeda describió como una herramienta de “seguridad” para la empresas ante los vaivenes de las insolvencias y la falta de cumplimiento de sus obligaciones. El Consejo de Administración de Inalsa tendrá que reunirse con las entidades con quien posea al menos el 60 por ciento del total de sus créditos para negociar una refinanciación. La voluntariedad del concurso de acreedores se da cuando el propio deudor, en esta caso Inalsa, solicita la declaración concursal ante el Juzgado de lo Mercantil y es necesaria cuando cualquier acreedor a la vista del incumplimiento de sus obligaciones puede formular la declaración concursal. En cualquier caso la empresa quedaría sometida al código de comercio.
En opinión de Ojeda, Inalsa no debería pedir la aplicación de la Ley Concursal porque la empresa, constituida por instituciones públicas, podría pedir una ampliación de capital mediante el endeudamiento bancario. “Este no solo es un tema jurídico y económico sino también político. ¿Cómo han dirigido los políticos esta sociedad?”. La Ley Concursal establece que de los tres administradores designados, dos lo sean por el Juzgado de lo Mercantil y un tercero por los acreedores. Ojeda cree que no hay motivos para alarmarse porque se está hablando de un servicio público cuya responsabilidad la tiene el Cabildo y los ayuntamientos.
