La huelga de secretarios judiciales ha vuelto a ser la causa de la segunda suspensión de la primera jornada de la quinta pieza del caso Montecarlo que está juzgando la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife bajo la presidencia del magistrado Miguel Ángel Parramón. Sin embargo, la celebración del juicio se ha suspendido una vez más.
Al igual que ocurriera hace una semana varios testigos se encontraban en el exterior de la sala, aunque en esta ocasión no se presentaron ninguno de los letrados de ambas partes ni los acusados. Los testigos presentes recibieron la información de la suspensión a través de los medios de comunicación que se encontraban también en la zona para cubrir otra causa que estaba siendo juzgada en otra sala. Una nueva suspensión más que deja la incertidumbre en el aire de si el próximo 9 de febrero arrancará o si por el contrario se producirá una nueva suspensión que no resultaría una sorpresa teniendo en cuenta como está transcurriendo la situación. Esta situación incluso puede llegar a provocar que se deba establecer un cambio en las fechas previstas para la realización del juicio atrasando aún más la situación, habiendo transcurrido los hecho hace 14 años, y provocando la incertidumbre.
En esta pieza se estudia el abono presuntamente arbitrario de 3,2 millones a la empresa Tunera Producciones, especializada en organización de eventos, por parte del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2009 y 2012. De esta cantidad, 121.182 euros habrían sido por servicios que no llegaron a realizarse, según se determina en la acusación, algo similar a lo que pasó con la pieza anterior por la que finalmente se absolvió a todos los acusados y a las empresas que se creía que no habían prestado servicios que finalmente se demostró que sí que prestaron.
En el banquillo de los acusados por esta causa se encuentran el ex alcalde de Arrecife José Montelongo, el ex interventor del Ayuntamiento Carlos Sáenz, el administrador de la empresa Eduardo Ferrer, y varios concejales como Víctor San Ginés, Isabel Martinón, Eduardo Lasso o Lorenzo Lemaur. Además, también se encuentran entre los acusados antiguos asesores o trabajadores municipales como José Nieves, Miguel Ángel Leal, Francisco Hernández o Blas Cedrés.
La Asociación Acción Cívica contra la Corrupción ejerce de acusación popular en este caso y el Ayuntamiento de Arrecife como acusación particular. El fiscal solicita seis años de cárcel para el dueño de la empresa y para el interventor, además de cuatro años y nueve de inhabilitación absoluta para José Montelongo.
Para los antiguos ediles Lorenzo Lemaur y Eduardo Lasso y también para los técnicos José Nieves y Miguel Ángel Leal se solician cuatro años y medio de prisión. Para los ex concejales Isabel Martinón y Victor Sanginés se piden tres años. Por su parte el Ayuntamiento de Arrecife coincide en las peticiones de la Fiscalía.
