Tras estudiar el expediente que la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, se vio obligada a entregar después de la denuncia realizada por ellos por vulneración de los plazos, los consejeros del Partido Popular (PP) han anunciado este martes en nota de prensa que han detectado hechos "absolutamente gravísimos" desde el punto de vista procedimental en relación con el “Caso Rally”, que no es otro que el de la polémica suspensión del Rally Isla de los Volcanes que se debería haber celebrado en abril.
El consejero del Grupo Popular y secretario general de los populares lanzaroteños, Jacobo Medina, apunta en su nota, tal y como había adelantado unas horas antes en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote, que “ahora, y con la información en la mano, entendemos por qué Dolores Corujo tenía oculto el expediente”, ya que, según explica el consejero, “el Partido Socialista tenía miedo de que se pudiese llegar a este informe que refleja la mala praxis y mala gestión con respecto al expediente del caso”.
El PP explica que el informe de Política Territorial es claro y contundente cuando señala que el área de Actividades Clasificadas que dirige Marcos Bergaz nunca debió pronunciarse en relación a la autorización o no del Rally Isla de Los Volcanes porque este tipo de autorizaciones, licencias o permisos son competencia del Consejo de Gobierno y no de Actividades Clasificadas, como así lo estable el artículo 80.2 de la Ley 4/2017, más conocida como la Ley del Suelo.
El propio informe llega incluso a establecer que, de ser utilizada la Ley 7/2011, el acto administrativo estaría viciado ya que no es el procedimiento administrativo legalmente establecido, siendo el Consejo de Gobierno Insular el que debió pronunciarse al respecto de la autorización.
Por lo tanto, según los populares, queda más que probado con el informe técnico del área que dirige la propia presidenta que, además de mala gestión, se habría producido también una irregularidad en el marco de la administración en relación a la tramitación del expediente por parte del PSOE.
Para Medina, el hecho de que la no autorización por parte del área de Actividades Clasificadas no siguiera el trámite legalmente establecido podría acarrear graves consecuencias para el Cabildo, con independencia de que “se constata que el Grupo de Gobierno ha venido sosteniendo un argumentario falso ante la población y dirigiendo las miradas hacia una sola consejera cuando la responsabilidad debía recaer única y exclusivamente en el Consejo de Gobierno Insular”.
Prueba de que el Consejo de Gobierno Insular es el único órgano competente lo tenemos en el Consejo celebrado el pasado lunes, día 16, donde se delega en Marcos Bergaz las competencias del artículo 80 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (Expediente 12763/2019).
Por lo tanto, queda más que probado que el órgano competente para otorgar autorización era única y exclusivamente el Consejo de Gobierno, conforme al artículo 80, de la Ley del Suelo y Ley de Bases de Régimen Local.
Jacobo Medina critica “la política del engaño y el todo vale” que está ejerciendo el gobierno y asegura que “no se puede seguir gestionando administraciones públicas como si fuesen un juego o sin medir las consecuencias porque las actuaciones de los cargos públicos pueden acarrear graves perjuicios a la población”. “La ciudadanía tiene que ver en la administración pública legalidad y fiabilidad”, concluye el consejero popular.
