El senador por Lanzarote del Grupo Parlamentario Popular, Oscar Luzardo, confía plenamente en los beneficios que aportará al saneamiento de las cuentas públicas de las corporaciones locales el Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores que ayer saldó con éxito su paso por la Cámara Alta, según asegura en una nota de prensa enviada este viernes a este diario.
Luzardo asegura que las medidas que el Gobierno del Estado quiere introducir suponen un “nuevo balón de oxígeno” para los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas que en su momento se acogieron a la ley de pago a proveedores. Una ley que permitió a las administraciones territoriales y locales pagar más de 8 millones de facturas que estaban pendientes de abonar a más de 200.000 proveedores.
“Ésta es sin duda la medida económica más importante que ningún gobierno haya puesto en marcha en nuestro país para conseguir sanear las cuentas públicas y evitar, al mismo tiempo, que miles de empresas, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, echaran el cierre debido a la crisis y a las facturas que tenían pendientes de cobrar de las instituciones”, asegura Oscar Luzardo.
El senador destaca que esta inyección económica a las corporaciones locales para pagar las deudas “es lo que ha permitido que ayuntamientos y comunidades autónomas pongan al día sus cuentas”.
“Con el contador a cero, lo que hace ahora el Gobierno es ampliar los plazos de carencia y amortización y rebajar los tipos de interés, para que puedan disponer de una mayor liquidez”.
“El hecho de que los Ayuntamientos, por ejemplo, tengan mejores condiciones para devolver los fondos les permitirá disponer de más margen económico para realizar inversiones que son, al fin y al cabo, las que estimulan el crecimiento y favorecen el empleo”, recalca Oscar Luzardo.
Para el representante lanzaroteño en la Cámara Alta, tanto la ley de pago a proveedores como estas últimas mejoras, “son medidas de profundo calado social ya que gracias a ellas se han abonado muchas facturas pendientes de servicios educativos, sanitarios y de servicios sociales”.
“Una gran diferencia respecto al Plan E”, señala, “en el que se gastaron 15.000 millones de euros prácticamente en cemento y aceras y que no trajo consigo la creación de puestos de trabajo estables sino más destrucción de empleo”.
