La Consejería de Obras Públicas del Gobierno autónomo de Canarias está procediendo estos días al cambio de técnicos en la nueva licitación de la ampliación del Puerto de Playa Blanca, en Yaiza. Así lo ha explicado este jueves la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que ha criticado que el Gobierno canario se plantease siquiera la opción de dejar abierta la posibilidad de la impugnación que finalmente fructificó tras el recurso interpuesto por la empresa Acciona.
"El resultado de este tribunal que crea el propio Gobierno para que controle lo que hace él mismo, algo curioso, viene a decir que el informe de la mesa técnica en la adjudicación contenía criterios subjetivos y advertía de ciertas irregularidades o ciertos errores cometidos en el pliego de las cláusulas administrativas, de ahí la necesidad de volver al momento en que se licitó esta obra", ha explicado Acuña en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-Cope Lanzarote.
La regidora sureña ha cuestionado en este sentido "de qué valía volver otra vez atrás respecto al informe final si ya se dejaba una grieta abierta para que se volviera a recurrir. Obligatoriamente", ha explicado Gladys Acuña, "hay que volver atrás".
En cualquier caso, la alcaldesa ha agradecido la colaboración de la consejera de Obras Públicas de Canarias, Ornella Chacón, y ha reclamado a la responsable de Hacienda en el Ejecutivo canario, Rosa Dávila, que "mantenga esos recursos económicos para que sean reprogramados".
"No lo hemos oído de la consejera de Hacienda, pero ya hemos presentado pregunta escrita para que se nos confirme y haya un compromiso firme", ha señalado.
La solución por la que opta el Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias ha optado por mantener el concurso del proyecto de ampliación de Playa Blanca y descartar el procedimiento de subasta, después de que el Tribunal de Contratos Públicos ordenara retrotraer las actuaciones al momento previo de la licitación. Con esta decisión, se iniciará un nuevo concurso que llevará implícito la modificación puntual del pliego de condiciones del concurso para dotarlo de mayor objetividad, y la convocatoria de una nueva mesa de contratación, que estará compuesta por personas con mayor experiencia en el ámbito de la contratación pública.
Así lo exponía el miércoles de la pasada Semana Santa en rueda de prensa celebrada en el propio muelle del sur de Lanzarote Ornella Chacón, consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, quien ha anunciado esta decisión después de reunirse y recibir el apoyo de las instituciones lanzaroteñas afectadas por esta decisión, Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Yaiza y Cámara de Comercio.
Con esta medida, la obra podría estar adjudicada y en marcha “para el primer cuatrimestre de 2017” y se conservarán los proyectos de mejora “que sin embargo no podrían incluirse en el procedimiento de la subasta”.
Durante su intervención, Chacón señaló que los servicios jurídicos de la Consejería de Hacienda han confirmado que esta medida “no afectará a los fondos Feder” que suponen el 85% de la financiación del proyecto de ampliación.
El Cabildo de Lanzarote anunció que solicitará al Ejecutivo regional la posibilidad de emplear los 7 millones que este año aportaba el Gobierno de Canarias, vía presupuestos a Playa Blanca, “para inversiones de otras áreas para el municipio de Yaiza y de la isla”.
En este sentido, cabe recordar que el pasado 16 de marzo, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias resolvió estimar parcialmente el recurso interpuesto por Acciona y ordenó “retrotraer las actuaciones al momento previo a la convocatoria de la licitación anulada”. La resolución también insta a que se convoque una nueva licitación.
Desde entonces, explican desde el Gobierno regional, los servicios jurídicos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes estudiaron en profundidad la resolución administrativa con el objetivo de minimizar el efecto que tal resolución podría provocar en la realización de la obra de ampliación del puerto de Playa Blanca, con un presupuesto de licitación de 43,7 millones de euros.
La Consejería apunta, además, que inició de inmediato los trámites necesarios para que se reanudara el procedimiento administrativo en el punto que fija la resolución, a la vez que se procedía a las gestiones pertinentes para tratar de preservar la inversión prevista para la financiación del proyecto, y no perder los fondos Feder, que suponen el 85% del total.
