Este martes ha arrancado la segunda jornada de la pieza del caso Montecarlo que está juzgando la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife bajo la presidencia del magistrado Emilio Moya. Después de que en la primera sesión desarrollada el lunes se determinara el arranque oficial del proceso con la confesión del ex interventor del Ayuntamiento de la capital de Lanzarote Carlos Sáenz de que había cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al autorizar los pagos a las empresas Inelcon y Señalcon entre los años 2008 y 2012, todo por un importe de 3,6 millones de euros con facturas infladas, en esta ocasión han sido diferentes representantes políticos como los socialistas José Montelongo, Alberto Morales y Víctor San Ginés o el ex representante del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Eduardo Lasso los que han ofrecido su versión de los hechos. Todos ellos han negado que estuvieran al tanto de la connivencia del interventor con las empresas investigadas, afirmando en todo momento que sus actuaciones respondían escrupulosamente al hecho de que venían avaladas por informes técnicos.
Aunque el interventor ha confesado los delitos, los demás implicados, entre ellos el empresario Carlos Lemes, los han negado, dentro de una pieza en la que se analiza la implicación de cargos públicos y de técnicos acusados como Isabel Martinón, José Montelongo, Víctor Sanginés, Eduardo Lasso, Alberto Juan Morales, José Nieves Caraballo, Isidro Hernández o Miguel Ángel Leal.
El ex alcalde de Arrecife José Montelongo aseguró rotundo que no ordenó ningún pago como concejal de Hacienda sin contar con los informes técnicos oportunos y denunció la situación surrealista que heredó. Montelongo afirmó que "la firma era una cuestión formal" que se producía tras las firmas de los técnicos en las facturas y que el concejal era la última persona en firmar. Además, señaló que no realizaba comprobaciones adicionales y que "nadie lo indicó". El ex concejal de Deportes aseguró no saber por qué constaban dos facturas con la misma fecha por las reparaciones en el campo de San Francisco Javier a causa de unos robos, aunque afirmó que "en ocasiones las fechas no coinciden con la ejecución de la obra". El socialista recibió varios avisos del juez debido a que durante su intervención no respondió de forma clara a las preguntas que se le realizaban. José Montelongo aclaró que su puesto en la Concejalía de Hacienda fue "provisional durante ocho u nueve meses y después reestructuraron el área" y que él no determinó la lista de facturas ni dio ningún tipo de directriz que seguir. El socialista también aclaró que debido a la mala relación entre el tesorero y el interventor se vio obligado a realizar un papel de intermediario.
El ex concejal de Festejos Eduardo Lasso afirmó durante su intervención desconocer el motivo de por qué constaban tres facturas de actividades similares para acciones que se realizaron en los carnavales del año 2010. Lasso explicó que "el procedimiento de gastos consistía en una reunión con la Alcaldía y se decidía a través de este tramite interno". Además, indicó que quien decidía era el departamento de Compras. El que fuera concejal de Festejos en Arrecife afirmó, al igual que José Montelongo, que firmar era un procedimiento y que lo hacía "automáticamente" si veía que el técnico las había firmado previamente. Ante la pregunta de si leía todas las facturas que firmaba, Lasso confirmó que "firmaba muchas veces las facturas sin leerlas". También destacó que no conocía el contenido del informe que advertía las irregularidades en las facturas de Navidad. El ex concejal del PIL declaró que el técnico José Nieves Caraballo estuvo un periodo de baja pero que siguió firmando documentos durante este período para poder "sacar las fiestas adelante", añadiendo que habló con Alcaldía, con ya desaparecido Cándido Reguera, y que estos hechos eran "puntuales".
Por su parte, el que fuera también concejal de Festejos Víctor Sanginés afirmó, al igual que el resto de personalidades políticas que declararon antes que él, que firmó los documentos cuando comprobaba que estaban firmados por el técnico previamente. El ex concejal socialista aclaró que al estar la firma del técnico daba por hecho que se había realizado todo correctamente y en muchos casos él mismo podía comprobarlo porque o acudía a los actos o participaba en ellos. Sanginés aseguró que "confiaba en lo que el técnico firmaba porque tenía absoluta confianza en él" y que no se comprobaba todo de forma minuciosa. En esa línea, destacó que su técnico estuvo un período de baja y que tuvo que firmar los documentos sin poder contar con su supervisión porque desde el Ayuntamiento no le dieron una solución y le dijeron que podía firmar desde la Secretaría. Así, comentó que se llegó a realizar un informe para que pudiera firmar. Sanginés indicó que en los plenos no se señaló ninguna irregularidad y que únicamente se recibieron críticas políticas. También añadió que el interventor Carlos Sáenz defendía la legalidad de las acciones realizadas y que las facturas estaban a disposición de todos los concejales. Acerca de las contrataciones, aseveró que "no poseía conocimientos de procedimientos de contratación y no participaba ni en el contrato ni elegía a las empresas". El ex concejal señaló por otro lado durante su comparecencia que estas acciones las realizaba el área de Compras y que "entiendo que era el alcalde quien contrataba".
Alberto Morales, otro de los concejales socialistas que se sienta en el banquillo en esta pieza del caso Montecarlo, indicó durante su declaración que "era el área de Compras o de Contratación quien recibía el importe y proponía las empresas". Además, al igual que el resto de personas afirmó que él firmaba los documentos porque "lo firmaba el técnico". El ex concejal aclaró que firmó la propuesta de gasto porque era un documento que era elaborado por el técnico, añadiendo que en este documento venía el presupuesto y la factura y que si firmaba el técnico el también lo hacía. Acerca de como le llagaban los documentos explicó que "una auxiliar los traía, yo los miraba y si veía la firma del técnico lo firmaba y se lo llevaban, no sabía nada más". Morales aclaró que no conocía ni habló con el interventor.
Por su parte, el trabajador del Área de Festejos José Nieves Caraballo explicó que él no ha sido técnico en ningún momento y que su puesto en el Ayuntamiento de Arrecife era el de oficial, advirtiendo que su papel en el Ayuntamiento era el de comprobar que se había realizado el trabajo pero que no era el encargado de comprobar las cuantías. Caraballo afirmó que trabajó durante el período que estuvo de baja, el cual aseguró no recordar cuando fue exactamente, por "responsabilidad". El oficial también indicó que no sabía que se daban varias facturas a una misma empresa y que no sabía el motivo de esta acción.
Miguel Ángel Leal, también técnico municipal y en su día alto cargo del PSOE en Lanzarote, partido con el que llegó a ser consejero de Turismo del Cabildo insular, señaló durante su intervención que su puesto era el de animador sociocultural desde los años noventa, aclarando así que no era un técnico. Leal explicó que sus labores consistían en la organización de eventos, que se llevaran a cabo y transmitir las propuestas al alcalde. Además, señaló que en las comprobaciones que realizó de los diferentes eventos no se hizo una comprobación en profundidad, pero que no firmó ninguna factura sin realizar una comprobación previa de que se hizo el evento en cuestión. El animador sociocultural informó que tras la acusación acudió a los medios para obtener imágenes de los diferentes eventos a los que acudió para poder aportarlas como una prueba de que acudió a los mismos en persona.
Este miércoles se reanudará el juicio con la intervención de diferentes personas, con la posibilidad de que esta otra pieza del enrevesado caso quede vista para sentencia.
