La Mesa Social en Defensa de lo Público: Ahora el Agua ha querido avanzar en su proceso reivindicador para tratar de frenar la privatización de la gestión de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA), y lo ha hecho subiendo el tono de sus críticas y de sus calificaciones. En concreto, en una nota de prensa enviada a este diario califican como “hidromafia” a todos los que han formado parte de los consejos de administración que han llevado a la ruina a la compañía y de aquellos que están proponiendo que se adjudique la gestión del ciclo integral del Agua.
En concreto, y como respuesta a la información del Cabildo sobre la inversión de 900.000 euros que el Consejo Insular de Aguas va a realizar para obras de mejora de las canalizaciones, les parece mucha “casualidad” que se invierta ese dinero cuando en el Pliego de Condiciones para la privatización del agua en la Isla elaborado por el grupo de gobierno del Cabildo (CC y PSOE) se determina que “el licitador definirá en su oferta las obras que se compromete a realizar durante los cinco primeros años, a su costa, explicando la prioridad y plazos de las mismas”, a lo que se añade que “el Consorcio no financiará ninguna de las obras a las que el concesionario se comprometa a realizar.”
A juicio de la Mesa, el grupo de gobierno, encabezado por su presidente, Pedro San Ginés, “quiere seguir con el engaño a la ciudadanía para justificar la privatización del agua, con el fin de proteger a los políticos embargados cautelarmente que han sometido a la empresa pública de agua estos años a la corrupción, saqueo y despilfarro interesado, obligando a los ciudadanos a saldar una deuda millonaria que no han adquirido ni autorizado”. “Ahora vemos que a medida que se agota el tiempo y no se presentan al concurso empresas vinculadas al sector del agua, van sacando conejos de la chistera de la mentira para evitar que el concurso pueda quedar desierto y con ello impedir la ejecución del embargo preventivo”, añaden, poniendo como ejemplo de su crítica que se ha ampliado el plazo de licitación de los 30 días iniciales a un total de 45 días y que han aprobado la medida de invertir los 900.000 euros en la red de distribución precisamente para hacer más atractivo el concurso, suavizando las condiciones del mismo.
De igual modo, dicen que, “acostumbrados a la mentira y engaño a la que tiene sometida a la ciudadanía esta hidromafia que nos gobierna y que no defienden el interés general de la Isla sino el bolsillo de unos pocos, nos preguntamos cuál será la próxima mentira, engaño y fraude con que nos venderán para seguir con su línea de justificación de la privatización del agua y salvar a sus amigotes del embargo en detrimento del agua como un bien público”.
La Mesa exige que el Cabildo paralice el proceso privatizador del agua y pare “el despropósito de entregar algo tan estratégico para la Isla a empresas privadas que la asumirían como una oportunidad de negocio”. Además, que el control del ciclo integral del agua vuelva a manos del Consorcio Insular de Agua dejando claro que “el agua pertenece a los bienes comunes esos espacios no lucrativos de la vida que deben conservarse para los ciudadanos, bajo la tutela de lo público”. Por último que se constituya un nuevo consejo de administración abierto a la ciudadanía, transparente y que vele por el buen funcionamiento de la gestión del agua, con una conducta ética y pública ejemplar.
