El ex asesor del socialista Carlos Espino en los Centros Turísticos de Lanzarote Mario Alberto Perdomo ha exigido al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el pago de 166.000 euros por los daños causados a su honor y a su imagen y ha pedido su dimisión inmediata como máximo responsable de la Primera Corporación. Así aparece reflejado en la carta en la que Perdomo pide a San Ginés que firme como condición indispensable para que retire la querella que ha interpuesto en su contra para defender su derecho al honor y a la propia imagen, según ha sabido este diario y según consta en el documento al que ha tenido acceso.
Inicialmente estaba previsto que el ex asesor y el presidente analizaran esta carta en el acto de conciliación fechado para este mismo jueves, después que en su día Perdomo interpusiera una querella contra el dirigente de Coalición Canaria (CC) por entender que su derecho al honor había sido lesionado. La intención de Perdomo es que San Ginés firme dicha carta como paso previo para no llegar hasta los tribunales de justicia.
Sin embargo, todo indica que el juicio se va a celebrar, una vez que se analiza el contenido de una carta que el presidente, según han confirmado a Crónicas fuentes del caso, no está dispuesto a firmar. De entrada, el ex asesor exige al presidente del Cabildo 166.000 euros de indemnización para resarcir su honor, justo la cantidad que, según denunció San Ginés en su día, había cobrado el primero por prestar, entre otras cosas, sus servicios al que en el pasado mandato era consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s), actual secretario general del Partido Socialista (PSC), Carlos Espino Angulo, imputado en la actualidad por tres delitos relacionados con dicha gestión en la empresa pública entre los años 2007 y 2009.
Por otro lado, el escrito que Perdomo quiere que sea rubricado por el presidente del Cabildo establece literalmente que San Ginés le habría "injuriado y calumniado con la intención de amedrentarlo y así intentar que dejara de publicar, en diarios de ámbito regional, sus molestos artículos sobre la corrupción en Lanzarote".
El ex asesor va más allá y pretende que el presidente cabildicio reconozca que su trabajo es "incuestionable" y que San Ginés le pida perdón no sólo a él -la carta reconoce que San Ginés ha criticado a Perdomo para intentar tapar sus "vergüenzas políticas"-, sino también al propio Cabildo de Lanzarote - el escrito dice literalmente que el dirigente nacionalista habría utilizado los medios de una institución pública como el Cabildo para "sus propios y oscuros fines sin importarme lo más mínimo las consecuencias de mis acciones sobre éste"- y a todos los ciudadanos de Lanzarote -"por haber publicado información tergiversada".
El colofón del escrito llega en su quinto párrafo, cuando se afirma que "mis malos hábitos políticos, así como el interés en acallar la crítica política y los asuntos de corrupción de Lanzarote fue lo que me llevó a agredir públicamente a don Mario Alberto Perdomo Aparicio"; y más adelante, añade que "la aportación de Mario Alberto Perdomo Aparicio a la sociedad de Lanzarote es digna de reconocimiento".
Respuesta del presidente
Por su parte, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha asegurado este mismo jueves a través de un comunicado ya elaborado que no asistiría al acto de conciliación previsto durante la mañana.
En el comunicado de la Presidencia del Cabildo, San Ginés aclara que el origen de la denuncia de Mario Alberto Perdomo Aparicio se encuentra en unas manifestaciones realizadas por el presidente del Cabildo en una rueda de prensa celebrada el 30 de octubre de 2010, en las que denunció, "aportando pruebas documentales, el trato de favor que Perdomo Aparicio recibió de los Centros de Arte, Cultura y Turismo y del Cabildo de Lanzarote durante la etapa en la que los Centros Turísticos estuvieron regidos por el entonces consejero socialista Carlos Espino, de quien era asesor".
A la vista de la demanda de conciliación y las pretensiones de Mario Alberto Perdomo en la misma, "resulta obvio", resalta el presidente, "que no se persigue conciliación alguna, sino, muy al contrario, pide “la dimisión del presidente de todos sus cargos y una inaceptable admisión de la comisión de supuestos delitos por parte de la Presidencia que, por supuesto, no han tenido lugar".
El presidente del Cabildo no solo no se retracta de lo manifestado y acreditado en su día, sino que se ratifica en todo ello; "y menos aún después de que con posterioridad a dicha rueda de prensa haya sido la Justicia, y no San Ginés, "la que ha advertido de indicios de la supuesta comisión de delitos por parte de Mario Alberto Perdomo. Y es por este motivo", se recuerda desde la Presidencia, "que se encuentra imputado en el marco del proceso de investigación de los CACT y del entonces consejero Carlos Espino por la supuesta comisión de varios delitos".
En relación a este asunto, por parte de la Presidencia se confirma que San Ginés no ha asistido al acto de conciliación citado y simplemente se afirma que "no cabe más que esperar que la Justicia siga su curso, respetando y atendiendo al principio de presunción de inocencia que se le atribuye a cualquier imputado".
Motivos de la querella: la rueda de prensa de San Ginés
Cabe recordar que San Ginés ofreció el pasado 1 de noviembre de 2010 una rueda de prensa en la que denunciaba la creación de un "lobby político-mediático" que intentaba aupar al Partido Socialista al poder en Lanzarote. En aquella convocatoria, el entonces también presidente de la Máxima Corporación lanzaroteña juntaba a Mario Alberto Perdomo, a los hermanos Acosta y a José Torres como responsables de lo que entendía que era una "falsa campaña de descrédito" en su contra.
San Ginés dio en su comparecencia ante los medios datos precisos sobre los tres principales actores que entiende que están detrás de esta trama: el "ideólogo y afiliado del Partido Socialista" Mario Alberto Perdomo, quien cobró, según dijo, en torno a 166.000 euros mientras gobernó el PSC en este mandato, con hechos actualmente investigados por la justicia a través de la querella admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción Número Uno de Arrecife; los hermanos Acosta, de quienes señaló que intentan desacreditarlo "diaria y falsamente" en sus medios de comunicación con "la única motivación de que el PSC recupere nuevamente el poder, tras haber cobrado en torno a 90.000 euros en contratos publicitarios entre 2008 y 2009 sólo de los Centros Turísticos", y creyendo que "tanto la relación contractual entre el abogado Agustín Domingo Acosta -que, aseguró, ha cobrado en torno a un millón de euros desde que comenzó a trabajar para el Cabildo con los pleitos por la moratoria, como el contrato por los informativos de la Televisión Autonómica, son vitalicios"; y el alcalde de Haría, José Torres Stinga, que, "tras no abrir la boca durante los dos años de mandato socialista, ahora dice que llevará al Cabildo a los tribunales de justicia aunque se salde la deuda de los Centros Turísticos con su Ayuntamiento", y que "ha acusado a mi presidente, Jesús Machín, de cerrar un pacto de gobierno en el Cabildo por intereses de un lobby empresarial, cuando él negoció en la cárcel con Dimas Martín el último pacto de gobierno en Lanzarote".
Además, San Ginés defendió en aquella rueda de prensa la honorabilidad y profesionalidad de los asesores del grupo de gobierno y revelaba contrataciones "sin negociación ni publicidad" durante el mandato socialista, como la de Marlene Figueroa, ex consejera socialista de Fuerteventura cuya oferta se puntuó con el máximo baremo a pesar de no alcanzar, solo por un euro, el tope máximo exigido, 30.000 euros.
La carta de los presidentes
Por otro lado, el pasado 5 de marzo de 2010 se hacía público un comunicado oficial de los presidentes insulares de Coalición Canaria, Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Partido Popular (PP) y Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), los cuatro partidos que sustentaban el último grupo de gobierno del Cabildo insular de Lanzarote, en el que se denunciaba que el ex asesor en los Centros Turísticos de la Primera Corporación bajo el mandato del Partido Socialista, Mario Alberto Perdomo, había cobrado la cantidad de 166.000 euros.
En aquel documento, CC, PIL, PP Y PNL aseguraban que Mario Alberto Perdomo había tenido "166.000 razones" para apoyar al Partido Socialista. En aquellos momentos, marzo de 2010, los cuatro dirigentes aseguraron sobre Perdomo que "lo supuestamente delictivo es a día de hoy, dos años después de que fuera emitida y abonada la primera factura por la supuesta realización del trabajo, a veces contratado sin concurso y a veces ni eso, es que apenas consta en la Administración de los CACT la entrega de documentos por parte de V&A Asociados o Mario Alberto Perdomo, que acrediten la realización de los trabajos pagados o justifiquen semejante desembolso económico, por lo que los hechos denunciables podrían ser constitutivos de “malversación de fondos y falsedad documental por la facturación y abono de servicios no prestados”.
Jesús Machín, Fabián Martín, Ástrid Pérez y Juan Carlos Becerra añadían en el controvertido documento que "de este modo se entiende la creciente preocupación de Mario Alberto Perdomo, quien habiendo dejado de vivir fraudulentamente a costa de las arcas públicas de los CACT y del Cabildo de Lanzarote, a lo que se une su pavor por la denuncia que contra él y su pagador habrá de dilucidar la Justicia, se ha lanzado desde su columna periodística y tratando de aparentar una objetividad de la que carece, al acoso y derribo de un Grupo de Gobierno legítimo en democracia, que supone un serio peligro para su supervivencia personal y la de un proyecto perpetrado hace mucho para el secuestro de un partido político como el PSOE, que no merece ni a éste funesto ideólogo, ni al Secretario General que lo sustenta".
