La diputada y secretaria general del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha trasladado hoy al Congreso de los Diputados la emergencia habitacional que atraviesan Lanzarote y Canarias. En la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Corujo defendió una proposición no de ley para regular los pisos turísticos en los territorios insulares, con el objetivo de proteger el derecho a un hogar, preservar la convivencia en barrios y pueblos y garantizar seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.
“En Lanzarote, trabajar ya no garantiza un techo. Jóvenes que no pueden emanciparse, parejas con dos sueldos que llegan ahogadas a fin de mes, profesionales que renuncian a venir, familias compartiendo piso o viviendo en garajes. Esto no es una anécdota: es una emergencia sin precedentes”, subrayó Corujo.
La dirigente socialista advirtió que “hoy nos enfrentamos a una realidad alarmante que exige una respuesta política clara, progresista y sin dilaciones”. “La situación de la vivienda en nuestras islas es una crisis humanitaria, social y económica que amenaza la igualdad, la cohesión social y el futuro de nuestras comunidades”, afirmó.
Corujo recordó que la singularidad geográfica y económica de los territorios insulares obliga a un análisis preciso y a una respuesta coordinada entre las distintas administraciones. Los datos avalan la urgencia: en junio de 2025, la compraventa de vivienda en España creció un 5,9% interanual, alcanzando 68.128 operaciones y un precio medio de 1.908 euros por metro cuadrado, un 8% más que en 2024. En Canarias, el precio subió un 13,2%, muy por encima de la media, mientras que las compraventas cayeron un 8,1%, lo que evidencia la desconexión entre oferta y demanda real.
“El crecimiento del precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, se ha vuelto inasumible para muchas familias”, explicó Corujo. “Desde 2014, el precio de la vivienda ha aumentado un 80% en nuestras islas, frente a una revalorización salarial del 18%. Esta diferencia tiene consecuencias directas: hay personas que están siendo expulsadas de sus barrios, de sus pueblos, de su isla.”
En su intervención, según la información aportada, señaló también el impacto directo de la expansión de los pisos turísticos. “Uno de los factores que más presiona al alza los precios es, sin duda, la proliferación, legal e ilegal, de las viviendas vacacionales. Por eso es fundamental reforzar la regulación y garantizar su cumplimiento con más inspección, más control y un registro único eficaz.”
“Mientras el Gobierno de Canarias sigue evitando aplicar la Ley de Vivienda y proteger a la mayoría social, el Gobierno de España está actuando”, apuntó. En ese sentido, Corujo destacó que se han presentado 372.589 solicitudes al registro único de viviendas vacacionales, y un 21% han sido revocadas, lo que demuestra que la normativa funciona, permite identificar la oferta legal, sancionar el fraude y proteger a quienes cumplen las reglas.
Finalmente, Corujo subrayó la necesidad de actuar con responsabilidad institucional y urgencia política:“La presión sobre el acceso a la vivienda en Lanzarote requiere una respuesta pública clara, basada en el cumplimiento de la ley, la ordenación del territorio y la regulación efectiva de los usos turísticos. Aplicar la Ley de Vivienda, garantizar la función social del parque residencial y reforzar los mecanismos de control no es una opción: es una obligación.Primero va la gente y después todo lo demás.”
