La magistrada-juez María Olimpia del Rosario Palenzuela dictó el pasado 19 de octubre una providencia desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria instando al Cabildo a emitir un nuevo informe de compatibilidad en el pleito interpuesto por la Fundación César Manrique contra la empresa Urena Mountain S.A. y el Ayuntamiento de Yaiza “por otros técnicos distintos a Esteban Armas Matallana y Leopoldo Díaz Bethencourt". Así se desprende de un documento al que ha tenido acceso este martes Crónicas de Lanzarote, documento que pone de manifiesto que la decisión adoptada por el presidente de la institución, Pedro San Ginés, tal y como ratificaron a este diario fuentes de la Primera Corporación insular, se produjo en primera instancia como consecuencia de la recusación formulada por la empresa y a la espera de que finalmente se pronunciara la sala, como finalmente hizo. Además, según estas mismas fuentes, San Ginés tuvo en cuenta lo que los dos técnicos señalaron sobre el espinoso asunto.
Con esta noticia se abre un nuevo capítulo en el largo culebrón del pleito por el territorio y de las distintas corrientes que existen a la hora de afrontar esta cuestión, sobre todo de las corrientes políticas. De hecho, este mismo martes el secretario general del Partido Socialista Canario (PSC), Carlos Espino, acusaba al dirigente de Coalición Canaria (CC) de haber podido cometer un acto de prevaricación al adoptar la decisión de apartar a estos dos técnicos de la Oficina del Plan Insular de un asunto vinculado con el polémico tema del Plan Parcial de Montaña Roja. “Entendemos que nos encontramos ante lo que puede ser una prevaricación, ya que se toma la decisión sin el apoyo de los informes jurídicos que requiere cualquier resolución que dicte un órgano administrativo. Por tanto, vamos a combatirlo por todas las vías que estén a nuestro alcance”, anunció Espino.
Sin embargo, el presidente del Cabildo no contaba con un informe jurídico, contaba con una recusación formulada en base a una primera sentencia, y ahora cuenta con la orden expresa de una magistrada, quien explica en su providencia que “vistas las alegaciones formuladas, requiérase por plazo de diez días al Excelentísimo Cabildo de Lanzarote a fin de que sea emitido un nuevo informe de compatibilidad por otros técnicos distintos a D. Esteban Armas Matallana y D. Leopoldo Díaz Bethencourt”, añadiendo en su escueto escrito que “contra la presente resolución cabe recurso de súplica en el plazo de cinco días desde su notificación”.
Cabe reseñar que durante su rueda de prensa, Espino calificó de “cacicada, arbitrariedad e indecencia” la decisión acordada por el actual grupo de gobierno de la Primera Corporación insular, aseverando que “sienta un peligroso precedente, puesto que el resto de promotores también podrían pedir lo mismo”.
