- El fiscal asegura que Dimas Martín se valió de sus concejales y cargos públicos en Arrecife e Inalsa para abonarle al abogado Batllori hasta 40.000 euros entre 2008 y 2009. "No hay constancia de trabajos realizados para estos dos administraciones, sino un beneficio personal para Dimas Martín, que se asesoraba así sobre cómo agilizar la concesión del tercer grado penitenciario"
La defensa de cinco de los seis acusados en la denominada operación Jable, pieza número 8 del caso Unión, Dimas Martín, Francisco Rodríguez Batllori, María Luisa Blanco, Plácida Guerra y Rafael Larrea, ha solicitado este jueves durante la apertura del juicio la suspensión del acto oral por "reiteradas irregularidades en las diligencias y providencias en relación al ordenamiento jurídico". Mientras, el abogado del último procesado, José Miguel Rodríguez, el ex concejal de Hacienda de Arrecife que confesó e incluso devolvió dinero supuestamente malversado, no ha hecho lo propio en esta primera fase de alegaciones, que se ha desarrollado entre las 11:00 y las 14:30 horas.
El objetivo de este primer proceso que juzga la Audiencia Provincial de La Palmas es determinar si el ex viceconsejero de Justicia y Empleo del Gobierno canario Francisco Rodríguez Batllori cobró de forma ilícita varias facturas en concepto de asesoramiento jurídico tanto al Ayuntamiento de Arrecife como a la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA).
Los abogados del líder histórico del PIL, del exconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, de los dos exconcejales del PIL, de la exconsejra delegada de Inalsa y de su gerente reclamaron en sus primeras intervenciones la nulidad del proceso alegando vulneración de derechos fundamentales y constitucionales, descontrol y pérdidas en la cadena de custodia de las pruebas documentales y la existencia de 167 providencias de César Romero Pamparacuatro, el magistrado que comenzó instruyendo la causa, que carecen de rúbrica por parte de la Autoridad judicial o que, en su caso, según la defensa, contienen errores.
El primer abogado en intervenir en las alegaciones previas fue el de Dimas Martín, Manuel González, quien ha alegado, por un lado, indefensión y vulneración de los derechos fundamentales de su cliente, reclamando la nulidad de las pruebas y del proceso desde su origen. El letrado ha asegurado que en su poder obraban los autos por los precintos y registros efectuados en la celda del líder histórico del PIL y en el despacho del ex concejal de Hacienda, pero no los del registro del despacho del interventor municipal. Un documento que ha sido entregado este mismo jueves a la Audiencia por parte del Ministerio Fiscal, al que la defensa acusa de "mala fe".
Los letrados han llegado a afirmar en la primera hora de juicio que en la causa obran hasta 167 providencias sin firmar o con errores por parte del primer magistrado de la causa, César Romero Pamparacuatro, "que posteriormente se ha negado a subsanar dichos errores". Entre ellas, las órdenes judiciales de incomunicación tras las detenciones de Dimas Martín y José Miguel Rodríguez, y también sendas órdenes de prisión provisional para ambos, de fecha 25 y 30 de mayo de 2009.
Alegan, asimismo, que no se ha respetado la cadena de custodia de los documentos al desaparecer varios de los 162 cds y de los 5 dwds que estuvieron hasta 2012 en el aula de formación de los juzgados de Arrecife. Según la defensa, al haberse extraviado el disco "eje de esta operación, no hay lugar para las actuaciones posteriores que se derivan de la misma". "Deben ustedes tener las copias pero no los originales, porque no existen", ha afirmado el abogado en referencia a las conversaciones de los pinchazos telefónicos transcritas "por la autoridad administrativa, pero sin firmar por ninguna Autoridad judicial", ha advertido.
Peticiones del fiscal
En este sentido, en el escrito acusatorio del fiscal se asegura a Batllori de facturar hasta 40.000 euros de las arcas capitalinas y de la propia Inalsa entre 2008 y 2009 por unos trabajos "que nunca se realizaron para el Ayuntamiento", sino "para el asesoramiento personal de Dimas Martín" para, entre otras cosas, "agilizar la concesión de su tercer grado penitenciario". Según el fiscal, Batllori y Dimas Martín se valieron de un acuerdo verbal tomado en febrero de 2008 en el Arrecife Gran Hotel, con presencia de los entonces concejales de Hacienda, José Miguel Rodríguez, y de Personal, María Luisa Blanco, quienes "estaban subordinados políticamente a Dimas Martín". En el caso de los fondos de Inalsa entran los otros acusados Plácida Guerra, entonces consejera delegada de la empresa pública de aguas de Lanzarote, y Rafael Elorrieta Larrea, gerente de Inalsa y yerno de Dimas Martín.
El fiscal solicita la condena para los acusados por malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración. Por ellos, reclama 6 años de prisión y otros tanto de inahibilitación para Dimas Martín por un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos (3 años por facturación de trabajos no realizados en el Ayuntamiento de Arrecife, y otros 3 por el mismo motivo en Insular de Aguas de Lanzarote). La misma pena pide para Batllori, por idénticos delitos; el fiscal reclama 1 año de cárcel para el exconcejal de Hacienda José Miguel Rodríguez; 5 años de prisión para la ex edil de Recursos Humanos María Luisa Blanco; otros 5 años de cárcel para la ex consejera delegada de Inalsa Plácida Guerra, por idénticos delitos; y otros 5 años de prisión para el ex gerente de Inalsa Rafael Elorrieta.
El fiscal pide igualmente, en el aparado de responsabilidad civil y solidaria, que los acusados respondan ante las arcas del Ayuntamiento de Arrecife con el pago de 19.764 euros; y ante Inalsa con el pago de 28.089 euros.
Nulidad e irregularidades en el proceso
Las denuncias sobre la mala praxis en la instrucción han sido numerosas, y a pesar de que se han perdido pruebas, aunque los peritos han dicho que existen grabaciones manipuladas intencionadamente, y a pesar de las fuertes críticas de ex titulares del Juzgado Número 5 a las formas en que se gestionaron inicialmente las diligencias de la causa, este jueves arranca el primero de los juicios de una investigación sobre presunta trama de corrupción basada en el cobro de comisiones ilegales en la que trabaja hace al menos 5 años el Juzgado Número 5 de Arrecife.
Desde las 10:30 horas la Audiencia Provincial de Las Palmas, bajo la batuta del magistrado Emilio Moya -que también juzga el caso Faycán en el Ayuntamiento de Telde, Gran Canaria- se ha iniciado la vista oral juzgando al líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín, al ex consejero de Empleo del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori, y a los ex integrantes del PIL José Miguel Rodríguez, Mª Luisa Blanco y Plácida Guerra, por delitos de malversación, prevaricación y fraude.
