El consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo, José Juan Lorenzo, ha retirado la demanda que presentó el pasado 23 de octubre contra los catorce consejeros que en aquel momento conformaban la oposición de la Primera Corporación insular. En un escueto escrito fechado el pasado 12 de diciembre y al que ha tenido acceso este diario Lorenzo pide al Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife que desestime la demanda que presentó y no tenga en cuenta los hechos que en ella se narran.
Aunque oficialmente no ha trascendido el asunto, por las declaraciones que se hicieron en su día es sencillo entender que la acción del consejero delegado está directamente ligada al cambio en las circunstancias políticas de la institución de la que depende la empresa pública que él dirige. En octubre el Partido Popular (PP) formaba parte del grupo de consejeros que apoyó a los trabajadores de los Centros; ahora, un mes y medio después el representante de Nueva Canarias (NC), Juan Manuel Sosa, está en el Gobierno como consejero de Sanidad y los populares están a punto de anunciar su incorporación al pacto, tras cerrar un acuerdo con Coalición Canaria (CC).
De hecho, como habían expuesto distintos representantes del PP, en ningún caso se incorporarían al Gobierno insular si un representante de una empresa pública les tenía denunciados en los tribunales de justicia.
Como se recordará, el pasado mes de octubre Lorenzo se presentó en la puerta de los juzgados del a capital de Lanzarote para anunciar que iba a denunciar a los 14 consejeros que apoyaron el acuerdo de los Centros que permitió poner fin a la huelga iniciada en agosto por los trabajadores de la empresa pública. Allí dijo que había interpuesto a título personal una denuncia ante el Juzgado de Guardia, el Número 4 de Arrecife, por coacciones y amenazas y acusó a los consejeros del Partido Socialista (PSOE), PP, Podemos, Somos Lanzarote y Ciudadanos de un “posible delito de coacciones y amenazas”, ya que entendía que estaban intentando “obligarle” a ejecutar un acuerdo que sostenía que era “ilegal”.
"Pido amparo de la Justicia ante un posible delito de coacciones y amenazas sobre mi persona, con la clara intención de que cometa una ilegalidad", expresó el consejero delegado de los Centros, que se limitó a leer un breve comunicado ante los medios de comunicación a su llegada a los juzgados.
"Hoy pido el amparo de la justicia en defensa de la gestión pública, en defensa de los trabajadores de los CACT, en defensa del muy buen trabajo que vienen realizando en los últimos cinco años. Porque no hay futuro fuera de la ley. En ninguna actividad y mucho menos en una actividad pública. Y ninguna mayoría está por encima de la ley", expuso entonces.
"Cuando se pierde el contacto con la realidad de las cosas, cuando se ignoran todos los informes técnicos y jurídicos, sin aportar un solo informe que los contradiga, cuando se construyen verdaderas alternativas totalmente infundadas y muy mal intencionadas, cuando se opta por acuerdos calificados como nulo de pleno derecho en el Pleno del Cabildo de Lanzarote y se obliga a terceros con coacción y amenazas a que ejecuten acciones ilegales, se han cruzado todas las líneas rojas", manifestó visiblemente afectado.
