El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tías ha reconocido finalmente que se equivocó al contratar la obra de saneamiento a la empresa Rustilanza y ha adelantado que la empresa tendrá que denunciar a la institución en los tribunales de justicia para poder cobrar la factura de 50.000 euros que lleva dando vueltas por la institución desde hace más de un año y que inicialmente se quiso pasar a pleno a través de un masivo reconocimiento extrajudicial de crédito. Finalmente, la empresa no podrá cobrar hasta que sea un juzgado el que lo ordene, cosa que el Gobierno tiene asumido que ocurrirá una vez que se lleve el asunto a los tribunales.
Así lo ha confesado este jueves en Crónicas Radio-COPE Lanzarote Amado Vizcaíno, primer teniente de alcalde, quien tras varios meses sin intervenir en este medio ha roto el silencio para alegar que en cualquier caso el Ayuntamiento actuó por interés general para evitar vertidos fecales en la vía pública. Vizcaíno se ha referido así a la factura de 50.000 euros que el Gobierno local, junto con facturas por valor de 140.000 euros, ha dejado sobre la mesa en el pleno de febrero y que ni siquiera llevó a la sesión plenaria de marzo ante las graves advertencias que el interventor ha trasladado desde hace más de un año al Gobierno local que preside Pancho Hernández, con reparos de tal calibre que incluso argumentan que las citadas obras no eran siquiera de competencia municipal, que los trabajos no contaban con retención de crédito alguna y que en lugar de 50 metros de tramo de saneamiento hasta llegar a la red pública se construyeron y se facturaron 150 metros.
"El procedimiento se hizo mal pero en ningún caso hubo un intento de favorecer a una urbanización privada. Las prisas son malas y no se dieron los pasos correctos, como recoger una muestra de agua para demostrar que se trataba de vertidos fecales y no de aguas pluviales", ha manifestado Amado Vizcaíno.
El responsable de Turismo y Cultura en Tías ha confirmado en declaraciones al programa ‘A buena hora’ que los gastos del Ayuntamiento por estas obras de la calle Timple de Puerto del Carmen, a los que habrá que sumar intereses y costas procesales una vez que Rustilanza interponga la pertinente denuncia para cobrar la factura, serán cargados a los vecinos de la urbanización privada Casas Blancas, a quienes se benefició con estos trabajos de saneamiento, a través de “contribuciones especiales”.
"El siguiente paso será, tal y como nos ha indicado el interventor, sacar el procedimiento de contribuciones especiales para que los vecinos de esa comunidad tengan que pagar esta obra pues debían haberla realizado ellos, pero se negaban. No se podía permitir un vertido de aguas fecales que al final llegaba a la Avenida de Las Playas y de ahí se metía en el alcantarillado de aguas pluviales y finalmente al mar. Era algo que había que evitar a toda costa, pero se hizo el procedimiento mal", ha aclarado el responsable de Turismo en Tías.
Vizcaíno ha admitido también las consecuencias legales que hubiera tenido aprobar en el Pleno de Tías la factura "con esa cantidad tan alta". "Se decidió retirar este punto del pleno. Ahora, como nos ha dicho el interventor, la solución que se le ha transmitido a la empresa se basa en que tendrá que reclamar el pago a través de los juzgados, que ordenarán que se le pague la factura. Tiene derecho a cobrar porque ha realizado los trabajos", ha indicado.
Como ya informó este diario, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tías sustentado por el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) pretendía aprobar en el Pleno el pago de una factura de cerca de 50.000 euros a finales de febrero pasado por unas obras de saneamiento realizadas en una urbanización privada, las villas blancas situadas en la calle Timple de Puerto del Carmen, obras adjudicadas a la empresa Rustilanza S.L. sin concurso público previo y que no son competencia municipal.
El aviso lo dieron los vecinos al Consorcio de Aguas en enero de 2015, las obras se ejecutaron en 2016 y la factura se presentó en noviembre de ese año. El informe de Intervención tiene fecha de enero de 2017 y el Gobierno de Pancho Hernández ha intentado abonarla en febrero de 2018, más de un año después de que el técnico municipal realizara su valoración.
El "demoledor" informe de Intervención
"Resulta más que evidente que se trata de un gasto impropio del Ayuntamiento, que ha decidido de forma unilateral asumir un gasto que corresponde a los propietarios de dichas viviendas, asumiendo el coste de dicha obra de saneamiento. Máxime cuando el vertido se producía a unos 50 metros de la red pública y se ha construido un saneamiento de más de 150 metros", dice literalmente el referido informe de Intervención.
El interventor se refiere al artículo 76 del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la isla de Lanzarote, donde figuran dichos vertidos como actividades prohibidas así como infracción sancionable, para afirmar con rotundidad que "no es ya solo que no sea obligación del Ayuntamiento ejecutar tales obras, sino que es su responsabilidad requerir a los propietarios para que cesaran en dicha actividad prohibida de vertido de aguas fecales a la vía pública bajo riesgo de multas o haber dado traslado al Consorcio de Aguas para que adoptara medidas oportunas".
El interventor, que también critica que el Gobierno de Pancho Hernández llevara por la vía de urgencia un asunto denunciado por los propietarios al Consorcio de Aguas en enero del año 2015, manifiesta claramente ante la factura en cuestión, que se eleva a los 49.969,55 euros, que "se ha omitido el procedimiento establecido por la normativa para la ejecución de gastos de solicitud previa de Retención de Crédito o tramitación de la correspondiente propuesta de gasto, y faltando el rigor que debe acompañar a la ejecución de gastos municipales que supone el uso de los fondos públicos municipales (...)" Se reitera en este informe la necesidad de que cese en dicha forma de actuar", sostiene el departamento de Intervención. "No existe situación de emergencia alguna", añade.
