- Sobre posibles derribos, la alcaldesa afirma que "si un hotel no cumple por lo que quiera que sea, yo le tengo que decir al Tribunal que no cumple; y si tengo que firmar la demolición, la firmaré y no me va a temblar el pulso. Estoy aquí para cumplir con la legalidad"
La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha acusado este miércoles al Cabildo de Lanzarote de no tomar medidas cautelares hace años contra las obras de edificación de los hoteles de Playa Blanca con licencia anulada por los tribunales de justicia.
"Yo creo que, si en lugar de estar enfrentados hasta la muerte los unos con los otros, en ese momento se hubiera hablado o se hubiesen interpuesto medidas cautelares que paralizaran esas obras, no estaríamos donde estamos", ha manifestado la regidora sureña en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-Cope Lanzarote.
Las declaraciones de Acuña se producen después de que el Ayuntamiento de Yaiza hiciera público el día anterior que ha informado desfavorablemente al proyecto de legalización del Hotel Princesa Yaiza de Playa Blanca por no ajustarse la edificación a los parámetros establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. "Se debería haber hecho, y el Cabildo el primero pues la Fundación César Manrique no tiene responsabilidad de gobernar, pero sí el Cabildo, que en lugar de ir a saco contra otra Administración", en clara referencia al Ayuntamiento de Yaiza, "ya que no controlaba a esa otra administración, debió haber interpuesto medidas cautelares. Pero no puso ni una", ha insistido la alcaldesa, tras recordar que son el Cabildo y la FCM las partes que requieren la ejecución de sentencias.
Cuestionada sobre posibles intereses de empresarios, abogados y algunos partidos políticos para generar un pleito judicial continuo en este asunto de los hoteles, Acuña ha expresado que "igual sí ha sido así". "Lo que me da pena es que al final lo estemos padeciendo nosotros", ha explicado la primera edil. Acuña ha justificado sus últimas declaraciones abundando en que "nos estamos reuniendo con la Fundación porque tengo la obligación y porque no podemos eternizar esto en el tiempo, igual que nos hemos reunido con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues queremos hacer las cosas bien y darle carpetazo definitivo a un asunto que nos está haciendo mucho daño". Tal y como ha remarcado, "estamos en mitad de unos requerimientos judiciales y, aunque no es agradable llegar a una demolición, no podemos decir que un hotel cumple si no cumple. La última palabra no la tiene Gladys Acuña, sino el Tribunal Superior de Justicia de Canarias", ha destacado. "Solo estamos dando cumplimiento a un mandato judicial, resolviendo la sentencia de una contienda que abrieron otros", ha advertido. "Si yo hubiera estado cuando se iniciaron las obras de estos hoteles, habría habido diálogo con el Cabildo y hasta con el mismísimo diablo, con tal de defender los intereses del municipio", ha asegurado, "como en estos años se desbloqueó la ampliación del puerto de Playa Blanca".
Sobre posibles derribos, la alcaldesa ha afirmado que "si un hotel no cumple por lo que quiera que sea, yo le tengo que decir al Tribunal que no cumple; y si tengo que firmar la demolición, la firmaré y no me va a temblar el pulso. Estoy aquí para cumplir con la legalidad", ha insistido.
La presión de los medios
El grupo de gobierno ha explicado esta semana que, conforme a los informes técnicos y jurídicos, la Junta aprobó este pasado lunes la propuesta de resolución declarando la imposibilidad de legalización del Hotel Princesa Yaiza, dado que la edificación definida en la documentación aportada no se ajusta a las determinaciones establecidas por el Plan General. Asimismo, ordena a la propiedad la adecuación y acomodación de la edificación a la ordenación urbanística en el plazo de dos meses desde la notificación del acuerdo.
Precisamente, la alcaldesa ha aclarado que el grupo de gobierno municipal emitió este martes un comunicado de prensa citando el caso del Hotel Princesa Yaiza S.A. "por la enorme presión que llevan días haciendo los medios de comunicación". "Es la primera nota de prensa que sacamos porque todos los medios de comunicación nos ponen locos", ha señalado. "No estamos hablando de una casita, sino de edificios de envergadura, con unos plazos judiciales que tenemos que cumplir", ha explicado. "No somos partidarios de sacar notas de prensa con estos temas tan desagradables, pero nos vemos obligados a informar porque yo he recibido hasta 15 llamadas en un mismo día, ha señalado.
Retrasos del Cabildo en la concesión de autorizaciones
Además, la regidora sureña ha llegado a denunciar que el Cabildo está ralentizando actualmente la concesión de licencias de actividad de establecimientos que se han superado los requisitos para ser legalizados, como el Rubicón Palace. "La licencia urbanística del Rubicón no se ha dado por el retraso del Cabildo con las autorizaciones previas. Creo que es una situación que hay que desbloquear y que los políticos deben sentar a su equipo porque nos consta que en el caso concreto de este establecimiento, que lleva diez años esperando por la licencia, están desesperados ya".
El caso del Princesa Yaiza
Tal y como ha explicado la alcaldesa, el Ayuntamiento requiere a la entidad Hotel Princesa Yaiza S.A. para que presentara proyecto en el que se contemplen de forma pormenorizada y detallada todas las medidas técnicas a ejecutar, incluida la demolición parcial (si fuera necesaria), a fin de ajustar la edificación al Planeamiento Municipal, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la Resolución de Junta de Gobierno.
De igual modo, la institución ha confirmado que ha dado traslado de su decisión a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por la ejecución de la sentencia 2489/2003.
El informe municipal concluye, entre otras consideraciones técnicas, que las edificaciones definidas en la documentación aportada por la propiedad no se ajustan a lo permitido por el Plan. Según el cuadro de mediciones realizadas sobre la realidad existente, la superficie computable calculada es de 39.649,85 metros cuadrados construidos, superando lo permitido en 5.116,05 metros cuadrados construidos.
El edificio además excede la superficie habitable en sótanos en cerca de 1.000 metros cuadrados. La ocupación sobre rasante se encuentra por encima de los parámetros establecidos por el Plan General, que la sitúa en el 40 por ciento de la parcela y el porcentaje de ocupación actual es del 47 por ciento.
El proyecto, eso sí, cumple a ojo de los técnicos con el parámetro de altura. La altura de la edificación abierta en bloque se determina por el número de plantas y/o por la distancia en metros, medida en cualquier punto de la fachada, entre la cota del suelo urbanizado circundante y la cara inferior del último forjado. El edificio tiene 4 plantas y la dimensión máxima de la altura establecida en la ordenación del Plan General, es de 4 plantas y/o 14,40 metros.
En cuanto a las plazas alojativas, según recuento de las habitaciones en base a la información aportada, el número de unidades es de 330, correspondiéndose con 660 plazas, igual a lo permitido en la ficha urbanística.
El Ayuntamiento de Yaiza recuerda en su nota que los expedientes de legalización se tramitan de forma equivalente a la obtención de una licencia debiendo contar con proyecto correspondiente a la obra realizada, informes técnicos y jurídicos favorables de los servicios municipales y autorizaciones sectoriales. El Ayuntamiento luego resuelve finalmente si el establecimiento con licencia anulada puede obtener una nueva licencia por ajustarse a la ordenación vigente, y en tal caso, ser legalizado. La resolución está sometida al control del Tribunal que dictó la sentencia y que podrá fiscalizar en ejecución de la misma.
"El Ayuntamiento, por el bien de la industria turística, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la imagen del destino, solicita a los promotores de los complejos alojativos con licencia anulada que realicen el máximo esfuerzo técnico posible para que puedan legalizar su situación conforme a derecho y al nuevo escenario urbanístico marcado por el Plan General, aún cuando esto suponga la modificación de la estructura actual de las edificaciones. La Administración mantiene su ofrecimiento de total disposición y colaboración con el objetivo de finalizar todo este proceso con absoluta transparencia y rigor técnico y jurídico, señalan finalmente.
