El secretario general del Partido Socialista Canario (PSC) en Lanzarote, Carlos Espino, ha sido citado a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número Uno de Arrecife en relación con su gestión al frente de la empresa pública de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo. Así se adelantó la semana pasada en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio, donde este miércoles se ha concretado la fecha, a la espera de que las partes implicadas den fe de la notificación. Finalmente, según las fuentes judiciales consultadas, el interrogatorio se produciría el próximo 14 de diciembre, momento en el que se conocerá, en el caso de que Espino comparezca, la versión del que fuera responsable de la empresa pública de lo ocurrido allí durante sus dos años de gestión.
En estos momentos el Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital está analizando la querella interpuesta por la actual responsable de los Centros Turísticos, Astrid Pérez, en su nombre y en el del grupo de gobierno al que representa, por entender que el dirigente socialista ha podido cometer numerosos delitos durante su etapa al frente de la empresa pública, de la que salió, tal y como denunció la presidenta del Partido Popular (PP), dejando un agujero de más de 14 millones de euros.
La querella es la segunda que ha recibido Espino por esta cuestión, después de la denuncia interpuesta en noviembre de 2009 por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Parte además de la autorización concedida por el Consejo de Administración el pasado 17 de febrero a la propuesta de Astrid Pérez de iniciar acciones penales contra el anterior consejero de los Centros Turísticos.
La consejera delegada presentó en su día un informe realizado por un abogado en el que se ponían de relieve presuntas irregularidades cometidas por el anterior consejero delegado durante su mandato en los Centros, desde mayo de 2007 hasta el mes de octubre de 2009. El Consejo autorizó la interposición en los tribunales de una querella penal contra Espino por presunta malversación de fondos públicos. En el informe se detallaban presuntas irregularidades en contratos realizados por el anterior consejero. El Consejo, además, facultó a un abogado para que redactara dicha querella.
En dicha sesión del Consejo de Administración, con representación de todas las fuerzas política, el Comité de Empresa se abstuvo y la Fundación César volvió a ausentarse de un órgano al que renunció hace más de un año.
Los miembros del Consejo de Administración aseguraron haber hallado “indicios severos” que apuntan a que Espino habría cometido presuntamente varios delitos: “supuesta malversación de fondos públicos y administración desleal, además de presunta prevaricación administrativa”, ya que el anterior consejero delegado firmó diversos contratos sin tener competencias para ello, vulnerando así las fórmulas de contratación estipuladas en el Consejo de Administración del Ente Público Empresarial Local (EPEL) de los Centros Turísticos.
Dentro de la documentación aportada por Pérez a los miembros del Consejo –entre los que se encontraba el propio Espino, que sustituyó en esta sesión urgente de los CACT´s a la habitual representante socialista, Isabel Martín- figuran pruebas que apuntan a la existencia de “algunos contratos lesivos para el interés de la Isla”.
