El secretario general del Partido Socialista en Lanzarote, Carlos Espino, ha acusado este martes de “prevaricación” al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, quien este fin de semana ha decidido dejar al margen a dos de los principales responsables de la Oficina del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL), Leopoldo Díaz y Esteban Armas, de cara a la elaboración de informes de compatibilidad en relación con licencias vinculadas a Montaña Roja, en Yaiza. “Entendemos que nos encontramos ante lo que puede ser una prevaricación, ya que se toma la decisión sin el apoyo de los informes jurídicos que requiere cualquier resolución que dicte un órganos administrativo. Por tanto, vamos a combatirlo por todas las vías que estén a nuestro alcance”, anunció.
“San Ginés ha reconocido en un medio local que la decisión que ha tomado no cuenta con un informe jurídico. Tiene competencias para apartar a los técnicos en un proceso de recusación, sí, es su competencia, pero necesita de ese informe”, dijo Espino.
En rueda de prensa y acompañado por el secretario de Organización del PSC de Lanzarote, Joaquín Caraballo, Carlos Espino ha puesto de relieve que la decisión del presidente del Cabildo de apartar a los dos técnicos se ampara en la petición formulada por un promotor, quien entiende que estos técnicos están supeditados al vínculo que mantuvieron con la Fundación César Manrique (FCM), entidad que ha acudido a la vía judicial, para evitar la proliferación de nuevas camas turísticas. Por eso, Espino considera que la decisión, que ha calificado de “cacicada, arbitrariedad e indecencia”, sienta un “peligroso” precedente”, puesto que “el resto de promotores también podrían pedir lo mismo.
El líder socialista en Lanzarote ha augurado que el grupo de gobierno del Cabildo, auspiciado por “el lobby empresarial”, está cumpliendo con lo que ya se anunciaba en las conversaciones “a las que tuvimos acceso con la Operación Unión”.
“Se han encontrado con que los técnicos del Cabildo han vuelto a emitir informes negativos. Por tanto, lo que se pretende en estos momentos, interponiendo un comisario político y apartando a estos dos técnicos, es que aparezcan en el seno de los procedimientos de regularización informes que sean positivos. Se trataría de regularizar para dar respuesta a las licencias anuladas”, sostuvo.
Espino ha descrito una serie de actuaciones que, a su juicio, motivan el temor del Partido Socialista ante las prácticas del actual grupo de gobierno.
“Se invoca por parte de Pedro San Ginés la seguridad jurídica y reprueba la vinculación de los técnicos con la Fundación César Manrique, como si eso fuera una vergüenza”, afirmó. Por eso, cuestionó el presidente cómo califica “la vinculación de Ignacio Calatayud, su asesor de cabecera, con estos grupos que se ven afectados por estas decisiones”; “las relación de dos de los directores generales que ha nombrado, que son familiares directos de personas que tienen licencias anuladas o temas sometidos a investigación en estos momentos, como el puerto del Berrugo”. A su juicio, “cuestionar la profesionalidad de los técnicos del Plan Insular por su relación con la Fundación César Manrique y obviar que se viene trabajando con el yerno de Felipe Fernández Camero, imputado por corrupción, es un ejercicio de cinismo”, igual que “mantener contratado al marido de la hija de Fernández Camero, que conocemos cómo acudió a prisión para negociar con Reyes [ex alcalde de Yaiza, imputado por corrupción urbanística] que se retractara de sus declaraciones” o “permitir que Calatayud trabaje para el Cabildo cuando formaba parte de Ignacio Díaz de Aguilar, imputado por cohecho en el Juzgado Número 2, siendo el que firma la petición de recusación un abogado de dicho despacho”, concluyó.
