Fotos: Dory Hernández
Los representantes del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) han celebrado en la tarde-noche de este jueves una reunión extraordinaria y urgente de su Consejo Político con el único objetivo de analizar la delicada situación del pacto del Cabildo, agravada después del enfrentamiento con sus socios de gobierno -el Partido Socialista Canario- durante una mañana en la que se pretendía celebrar un Consejo de Administración de Inalsa que finalmente no se celebró, provocando el desconcierto total y absoluto de la oposición, que este viernes va a ofrecer una rueda de prensa para abordar este asunto. Tras horas de debate, según confirmaron fuentes del partido a este diario, se acordó dar una nueva oportunidad a sus socios, a los que se va a instar a repetir el Consejo de Administración y sacar adelante los asuntos que el PIL tenía en su agenda. No obstante, otras fuentes consultadas afirmaron a Crónicas que este viernes no se podrá convocar el Consejo porque la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, tiene previsto salir de viaje.
El encuentro se celebró sin convocar a la prensa, y terminó sin ofrecer declaraciones sobre los asuntos que les llevaron a celebrar el encuentro. Y con importantes ausencias entre los que allí debían estar reunidos; ni Plácida Guerra, ni el presidente en funciones de la formación, Antonio Barambio, asistieron a un Consejo que arrancó con media hora de retraso sobre la hora prevista. Crónicas estuvo allí, pero no será hasta este viernes cuando la formación dé explicaciones de lo sucedido de forma oficial.
Fuentes cercanas al PIL informaron a este diario de lo que había sucedido durante una mañana extremadamente agitada en el Cabildo insular, donde el pacto PSOE-PIL no atraviesa precisamente por su mejor momento. De hecho, han tenido un serio encontronazo en el asunto relacionado con el pleito entre Inalsa y la UTE Edam Janubio. Hay que recordar que recientemente la Audiencia Provincial de Las Palmas ratificó el laudo condenatorio contra la compañía pública del agua, por el que la empresa deberá pagar, si un recurso no lo impide, más de 12 millones de euros a la UTE.
Como ha podido saber Crónicas, la consejera delegada de la empresa pública, Plácida Guerra, ha llegado a valorar la posibilidad de dimitir de su cargo, lo que ha generado una enorme tensión en el pacto, que, según lo acordado en la noche de este jueves, no parece correr peligro, al menos no a corto plazo.
