domingo. 21.07.2024

El ex presidente del Cabildo de Lanzarote, ex alcalde de Teguise, ex senador y ex casi todo en la política local de Canarias Dimas Martín Martín presentó el pasado 16 de mayo un escrito en la Cámara Alta al que ha tenido acceso este diario en el que solicita a su presidente, Pedro Rollán Ojeda, que incluya dentro de una nueva comisión de investigación de las que se están realizando ahora con motivo de presuntos casos de corrupción como el de las mascarillas otro que analice lo que para él también lo es, el conocido como caso Unión. Tras dejar claro que el asunto que puso patas arriba la vida social, política y económica de Lanzarote en el año 2009 le parece un “acto grave de corrupción” llevado a cabo de forma premeditada por miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el fin de atentar contra sus derechos fundamentales, los de los integrantes del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y los del conjunto de los electores, solicita que se incluya entre los posibles comparecientes al eurodiputado electo y ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, al que vincula con una supuesta autoría intelectual de lo acontecido, al actual senador socialista Manuel Fajardo Palarea, como uno de los posibles colaboradores y beneficiario de los resultados del proceso, al capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) que estuvo al mando de la fuerza interviniente, destinado posteriormente al Parlamento Europeo cerca del destino del propio López Aguilar, al fiscal Ignacio Stampa Fuente, no por su participación que a su juicio fue testimonial sino por el “profundo conocimiento que tiene del origen de la misma”, a Carlos Espino Angulo, por ser el autor de la grabación en la cafetería Unión de Arrecife que dio origen al caso y que podría haberse hecho de forma clandestina, y a él mismo, por ser uno de los principales damnificados en todo lo que sucedió. Martín, que fue un indiscutible líder del nacionalismo en el Archipiélago que sin embargo ha estado entrando y saliendo de prisión en los últimos veinte años, fue finalmente sin ser cargo público la única persona condenada en las cuatro piezas en las que se dividió el polémico asunto.

caso unión dentro buena
El registro de las instituciones locales fue imagen de medios nacionales e internacionales durante bastante tiempo. 

Atendiendo a su condición de ex senador por Lanzarote adscrito al Grupo Mixto durante las legislaturas IV y V y a los artículos 192 del Reglamento del Senado y 77.1 de la Constitución Española, Martín reclama que sea incluido en la comisión de investigación correspondiente, tanto en una nueva como en alguna de las ya creadas para el esclarecimiento de la posible corrupción cometida por diferentes dirigentes del PSOE, todo lo concerniente a la operación Unión, una operación dirigida por el juez César Romero Pamparacuatro en la que se pincharon los teléfonos de decenas de personas en Lanzarote y en la que se detuvo también a muchas de ellas, algunas de las cuales, como es el caso más llamativo y grave, el del ex secretario general del PSOE en la Isla Segundo Rodríguez, que pasaron meses en prisión preventiva para luego ni siquiera llegar a ser juzgados.

“En mayo de 2009 se desarrolló en la isla de Lanzarote una desproporcionada e injustificada operación, supuestamente encaminada al esclarecimiento de una imaginaria trama urbanística que nunca existió. Dicha operación causó un gran impacto en sus habitantes, así como la vulneración de derechos íntimos y privados protegidos por la ley, además de un desprestigio de la imagen y buen nombre de Lanzarote en el ámbito local y nacional, todo por los espectaculares medios utilizados en su ejecución, medios desplazados desde la Península por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado más propios de la neutralización de un ataque terrorista que de la simple investigación de una imaginaria trama urbanística”, señala Martín en el escrito al que ha tenido acceso Crónicas tras su registro en la Cámara Alta. “En el curso de esa operación se llevaron a cabo numerosas detenciones de destacados empresarios y de conocidos políticos y de sus familiares, como fue el caso del suscribiente. Todas las actuaciones que se desarrollaron por parte del operativo fueron retransmitidas por los canales de televisión y por el resto de medios de comunicación afines al PSOE, desplazados ex profeso formando parte de la expedición actuante”, añade.

Imagen del Pleno del Senado, lugar en el que se tendría que analizar la causa en el caso de que prosperara la petición del político.
Imagen del Pleno del Senado, lugar en el que se tendría que analizar la causa en el caso de que prosperara la petición del político.

El ex líder del PIL cuenta al presidente del Senado que ante el manifiesto fracaso de la supuesta trama urbanística, y descartada la empresarial, el operativo se centró en realizar una “auditoría” indiscriminada y sin el mandato judicial previo de todas las instituciones donde ejercían su labor de gobierno los miembros del PIL, con la que para él fue la “premeditada intención” de desprestigiarlos, amedrentarlos y diezmarlos en su capacidad de liderazgo, “todo ello con la supuesta finalidad de favorecer la elección del actual senador por Lanzarote y la de sus compañeros políticos en otras instituciones locales y autonómicas”. De hecho, poco tiempo después de la operación Unión el PIL, formación nacionalista que había sido hegemónica durante más de dos décadas en Lanzarote, desapareció totalmente del panorama político local. 

En un párrafo mucho más contundente, Martín insiste en que la operación Unión no fue ordenada por ningún órgano judicial sino que “tuvo su origen, diseño y ejecución en el ámbito del PSOE, con la participación activa de algunos componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y con la intención de alterar por la fuerza el mapa electoral de la Isla, hasta ese momento mayoritariamente favorable al PIL”.

Para que no se confunda su verdadero interés, matiza que su petición no tiene como finalidad cuestionar ni desvirtuar las actuaciones y resoluciones emanadas de los tribunales de justicia, lo que afirma que ya se hará en su momento ante los correspondientes órganos judiciales, sino conocer “si tan desproporcionada operación política tuvo como objeto modificar la voluntad popular por métodos truculentos e ilegítimos, así como el resultado obtenido de la supuesta trama”.

Dimas Martín concreta por último al presidente de la Cámara Alta que una vez que admita su petición remitirá a la comisión designada un "amplísimo dossier" del desarrollo de la operación Unión, ya sea en soporte informático, que está claro que lo tiene, o en papel. 

Dimas Martín pide en el Senado la comparecencia de López Aguilar, Fajardo y Espino para...
Comentarios