Meyer mostró su preocupación por lo que calificó de "unaclara violación del derecho a la presunción de inocencia" ya que laorden de repatriación se basa en la imputación en un presunto delito presuntodelito de alteración de la seguridad ciudadana y de atentando a la autoridad pública que no hasido resuelta con ninguna sentencia en firme.
El pasado 2 de mayo la Delegación del Gobierno de España en Canarias comunicó a este ciudadano uruguayo residente en Lanzarote desde hace más de 10años, con una hija de nacionalidad española y plenamente arraigado en España,que tenía 48 horas para abandonar el país o sería arrestado y repatriado.
Según la Delegación del Gobierno en Canarias, el pasado 3 de abril se abrió expediente de expulsión de esta persona por alterar el orden público alparticipar en una concentración que tuvo lugar en Lanzarote en contra delDecreto del 16 de marzo de 2012 por el cual el Gobierno autorizó a REPSOL arealizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de esta isla.
Tal y como apuntan otros participantes en la protesta, dicha imputación carece de fundamento pues la concentración se desarrolló en todomomento de manera pacífica, sin detenciones ni ningún tipo de disturbios.
Desde Izquierda Unida han mostrado su preocupación ya que entienden que basar la expulsión deun ciudadano por la mera imputación en un delito, sin que exista ningunasentencia penal firme contra él, y expulsarlo antes de la celebración de ningúnjuicio, negando tan siquiera la oportunidad de esclarecer cualquier imputación,conlleva una vulneración de principios básicos del Estado de derecho, como lapresunción de inocencia, y asienta un grave precedente que erosiona elejercicio de la libertad de manifestación y reunión de otros ciudadanos.
