El Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio de Inspección de Transportes, que dirige el consejero Miguel Ángel Jiménez, ha reforzado su vigilancia frente al crecimiento preocupante del transporte ilegal de viajeros que se oferta a través de redes sociales y plataformas digitales bajo denominaciones como “Uber” u otras similares. Estas prácticas, carentes de cualquier tipo de control o autorización administrativa, están siendo objeto de una investigación exhaustiva que actualmente mantiene abiertas 44 líneas por presuntas infracciones muy graves.
Se han detectado más de 40 líneas telefónicas diferentes vinculadas a ofertas de transporte no autorizado, lo que pone de manifiesto una actividad organizada y en expansión que representa un riesgo real para la seguridad de las personas usuarias, y una grave competencia desleal para el sector profesional del taxi y el transporte discrecional de viajeros.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha apuntado que desde el Cabildo “estamos actuando con firmeza para erradicar estas prácticas ilegales y pedimos a la ciudadanía responsabilidad”. “Estamos ante un problema de seguridad y de legalidad, ya que estos falsos servicios no garantizan ni la formación del conductor, ni las condiciones del vehículo, ni la cobertura de un seguro”, señaló este martes en nota de prensa.
Por su parte, el consejero de Transportes, Miguel Ángel Jiménez, advierte que “estos servicios operan fuera de toda norma y suponen una competencia desleal intolerable para el taxi legal. Estamos actuando con firmeza, reforzando las campañas de inspección en coordinación con las policías locales y la Guardia Civil, y aplicando las sanciones correspondientes”.
Los vehículos que prestan estos servicios sin autorización no pasan controles técnicos exigidos, los conductores pueden carecer de formación o incluso de licencia válida, y en caso de accidente, delito o cualquier incidente durante el trayecto, ni el conductor ni el vehículo responden ante la ley, dejando al usuario en una situación de total indefensión.
El Cabildo recuerda que, según la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, prestar servicios de transporte sin autorización es una infracción muy grave que van desde 4.001 a 6.000 euros y la inmovilización del vehículo. Además, la simple oferta del servicio a través de redes sociales o plataformas no reguladas ya es motivo de sanción.
“Queremos hacer un llamamiento a la población para que utilice exclusivamente los servicios de transporte público autorizados y se abstenga de contratar servicios ofrecidos a través de medios que no garanticen la legalidad del servicio”, explicó Jiménez.
