Fotos: Dory Hernández
El Cabildo anunció este jueves una modificación puntual del planeamiento insular, que afectará al de los municipios turísticos y al regional, como única salida para poder regularizar los procesos de tramitación de licencias de los hoteles “alegales” de la isla de Lanzarote.
“La única manera de justificar, si así lo convenimos todos, cambios para que algunos de los hoteles con problemas legales puedan encajar en el planeamiento actual, sería acometer un proceso de reforma en nuestra ordenación que, como consecuencia colateral, no como objetivo principal, tuviera el que cupiera esos establecimientos, y acreditando siempre el interés general”.
Así lo anunciaba este viernes el consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT's) del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, quien se reunió con la presidenta de la Primera Corporación, Manuela Armas, los alcaldes y concejales de Teguise y Yaiza, junto con los técnicos de la Oficina del PIOT [Plan Insular de Ordenación del Territorio], para analizar los informes que el Cabildo ha elaborado sobre los incumplimientos contra el planeamiento en que incurren estos establecimientos cuyas licencias han sido anuladas por la justicia, unas conclusiones que serán elevadas este viernes al Consejo de la Reserva de la Biosfera.
“Salvo que establezcamos un mecanismo que garantice que el interés general se ve beneficiado por estas decisiones que tomemos, el único fin que tiene una ordenación hecha a medida para legalizar estos establecimientos, es ser tumbados por los tribunales, y no sólo porque habría que interponer algún procedimiento contra eso, sino porque el propio juez intervendrían en algunos de estos casos como fraude de ley”, agregó.
Según aclaró Espino, “el interés general al que nos referimos no es tanto una compensación económica como los preceptos que establece el PIOT para restablecer la legalidad que todos hemos convenido (...), es decir, que habrá que rebajar cierto número de camas turísticas”.
Espino señaló que “más que económicas, podrían consistir en rebajar el techo alojativo que es la mayor amenaza que tenemos”. El consejero ya ha señalado en más de una ocasión la intención del Cabildo de que los hoteleros desclasifiquen suelo como compensación por los hoteles construidos.
Incumplimientos de todo tipo
El consejero explicó que el Cabildo está todavía culminando la síntesis de dichos establecimientos que, aseguró, incumplen tanto la normativa del PIOT, como los de la Ley de Turismo y la Ley de Medidas Urgentes, y en especial las normas instauradas por los respectivos planes parciales de cada municipio.
En total, son 27 los establecimientos anulados por la Justicia que están actualmente fuera del marco jurídico. Los hoteles no sólo incumplen el Plan Insular de Ordenación, sino también las normativas municipales y autonómicas que había en vigor cuando se concedieron. El documento será presentado este viernes al Consejo de la Reserva de la Biosfera.
“Hasta ahora muchos han acusado al Cabildo de mantener estos pleitos, cuando los propios establecimientos se han saltado incluso la normativa de los planes parciales, como con la invasión del 55% del suelo destinado a camas residenciales o el porcentaje dedicado al aprovechamiento público”, insistió.
Espino, que recordó que gracias a los recursos interpuestos por el Cabildo se han paralizado 12.000 camas turísticas en la Isla, de las que 4.000 no llegaron si siquiera a construirse y de las que unas 8.000 están en funcionamiento, sostuvo que una vez que las licencias de esos hoteles han sido anuladas por los tribunales, para evitar el derribo de los mismos ahora habría que tramitar nuevamente esas licencias pues el afectado tiene el derecho de restablecer la legalidad. Sin embargo, una vez pronunciadas dichas sentencias, “nos tememos que la concesión de esas licencias va a ser nula, y no se puede negociar sobre lo que no existe en el mundo jurídico”, dijo.
Los deberes del Gobierno de Canarias
La modificación anunciada por Espino sobre la ordenación insular afectará, del mismo modo, los preceptos recogidos en los planes parciales por los planes generales de ambos municipios turísticos. “También el Gobierno de Canarias tendrá algo que decir en todo esto, ya que es el último garante de la legalidad y cualquier acuerdo de modificación afectaría a las Directrices de Ordenación”, explicó Espino.
El consejero aprovechó la ocasión para criticar al Ejecutivo regional. “El Gobierno de Canarias no ha hecho sus deberes. Es el titular en materia de inspección y sanción, pero ha tenido una ceguera selectiva: por un lado, sí ha visto cuartos traperos y muros construidos son licencia, pero por otro, no se ha percatado de que ciertos establecimientos hoteleros invadían la costa o estaban hechos a pie de playa”, afirmó.
