- Barreto destaca que en el expediente por el laudo, en el que asegura que se intenta ocultar quién firmó el contrato, se trata a Inalsa como una empresa pública, lo que sentaría precedente y sería extensible también a los Centros Turísticos
Andrés Barreto, concejal de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M) en el Ayuntamiento de Arrecife, aseguró este lunes que el Ayuntamiento ha concedido una licencia para construir casi mil viviendas en el barrio de Maneje a la misma empresa promotora que en su día participó en la edificación del Plan Parcial La Bufona, la compañía Yaide, S.A.
A esta última, como se recordará, se le reclama todavía el diez por ciento de aprovechamiento de suelo público para el Ayuntamiento. Además, está implicada en un proceso judicial tras la denuncia de Gonzalo Murillo, uno de los propietarios, quien acusó a Francisco Carmona, funcionario de la Oficina Técnica del propio Ayuntamiento, de una presunta incompatibilidad laboral y de un delito de prevaricación.
En dicho proceso están imputados también el arquitecto de La Bufona, Federico Echevarría, y la propia alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, tras los precintos de más de 50 viviendas que presuntamente habrían ocupado unos 3.600 metros cuadrados de suelo rústico, en zoa de jable, tal y como reza en la denuncia de los agentes del Seprona de la Guardia Civil.
Estas acusaciones, por cierto, deben ser verificadas a corto plazo tal y como ha ordenado a través de un reciente auto el Juzgado Número 1 de Arrecife.
Y es que en las diligencias previas 975 de dicho juzgado el fiscal jefe de Arrecife, Miguel Pallarés, acusa a Murillo de haber cometido contra él tres delitos de calumnia y uno de injuria al afirmar que el propio fiscal poseía una de estas viviendas y que su licencia había sido concedida presuntamente por el entonces secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero.
Barreto recordó que Carmona había sido felicitado en su día por el equipo redactor por su defensa del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arrecife, mientras que el propio Gonzalo Murillo acusa al Ayuntamiento de haberle concedido a Carmona y Echevarría en dicho plan un grado de edificabilidad que duplica y triplica los derechos de edificabilidad del resto de vecinos".
En concreto, la citada Sociedad Anónima, que fue fundada en Madrid en 1991, está construyendo 912 nuevas viviendas en un conjunto residencial que recibirá el nombre de “El Jardín de Maneje”, y cuya promoción ha quedado en manos del Grupo Inmobiliario Reina, y que, por lo que se sabe hasta ahora, oferta dúplex de unos 100 metros cuadrados por unos 186.000 euros (31 millones de pesetas).
Gonzalo Murillo asegura que si Yaide S.A. debe actualmente los citados 121 millones de pesetas al Ayuntamiento por el Plan Parcial La Bufona y la empresa tampoco abona el diez por ciento del Plan Parcial Maneje 2, “según la extensión de los terrenos, que son 20 veces más que La Bufona, la empresa, o en el peor de los casos los compradores de esas viviendas, le deberán al Ayuntamiento por estas mil viviendas hasta 2.400 millones de las antiguas pesetas”.
Barreto anunció este lunes que su formación propondrá de nuevo ante el Pleno capitalino que se haga efectiva de una vez la entrega del diez por ciento de suelo que por ley debería haber entregado la empresa promotora del Plan Parcial La Bufona al Ayuntamiento de Arrecife.
Cuestionado sobre Federico Echevarría, el arquitecto del Plan Parcial La Bufona que acudió a los juzgados a declarar el pasado jueves durante más de dos horas y media por posibles irregularidades urbanísticas y usurpación de terrenos, Barreto recordó que había un requerimiento último del Ayuntamiento a la empresa constructora, tras dos años y medio, a abonar el diez por ciento de aprovechamiento público obligatorio que toda urbanización debe ceder.
Dado que la empresa alegó no tener más terreno para ceder, “el Ayuntamiento calcula que ese aprovechamiento es equivalente a unos 121 millones de pesetas”, que es lo que a día de hoy debe la promotora al Consistorio capitalino.
Por otra parte, la propia arquitecta del Ayuntamiento de Arrecife ha reconocido oficialmente que esa cesión o compensación no se ha producido hasta ahora.
El portavoz de Alternativa recordó que tras la última petición de su partido al Pleno municipal, el equipo de gobierno le respondió que el asunto ya estaba resuelto. “Retiraríamos la moción siempre y cuando llevaran a Pleno el certificado de que esos terrenos ya estaban inscritos en el Registro de la Propiedad como propiedad del Ayuntamiento”, explicó. “En el siguiente pleno comprobé que este asunto, que se tenía que haber resuelto hacía diez años, seguía sin cerrarse”, agregó.
Inalsa
Por otra parte, Andrés Barreto denunció una modificación sustancial del contrato suscrito en 2001 entre la empresa pública Inalsa y la UTE Edam Janubio para construir y explotar durante 15 años la planta desaladora de Janubio, en el sur de la Isla.
Después de que la Asamblea del Consorcio del Agua acordara el pasado viernes comenzar el expediente con el propósito de declarar nulo de pleno derecho, el portavoz de Alternativa aseguró que de esta forma lo que se pretende es ignorar quién firmó el contrato, cuyo arbitrio en caso de incumplimiento “sorprendentemente se acordó llevar a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas”.
Barreto criticó que el informe del Consorcio no explique quién dio la orden para que el contrato quedara extinguido y sin efecto. El representante asambleario destacó también que a lo largo del expediente del caso, Inalsa recibe en todo momento el tratamiento de una empresa pública lo que, a su juicio, es extensible al Ente Público Empresarial Local de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo insular de Lanzarote (CACTs). “Algunos creían que ambas empresas podían funcionar como entes autónomos, y ahora se está demostrando lo que veníamo denunciando hacía tiempo”, dijo.
La decisión fue adoptada después de conocer el primer informe emanado por la comisión técnico - jurídica constituida con la misión de evitar que la empresa pública que gestiona el agua pague 10 millones de euros por el supuesto incumplimiento del contrato. La Cámara de Comercio de Las Palmas, que fue elegida por las partes como árbitro para dirimir cualquier diferencia, dictó el laudo condenatorio a Inalsa.
