El arquitecto del Plan Parcial La Bufona, Federico Echevarría Sanz, acudirá a los juzgados de Arrecife mañana viernes a partir de las 10:00 horas de la mañana, para declarar como imputado.
Según ha podido saber este diario, el principal propietario del Plan Parcial está imputado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por un posible delito contra la ordenación del territorio y de otro de usurpación del terreno.
En concreto, Federico Echevarría Sanz ha sido llamado a declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Arrecife, el mismo que ya solicitó el pasado día 2 de junio la comparecencia, también como imputada, de la alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, quien está acusada de un presunto delito de prevaricación.
Tal y como reza en una de las sentencias del TSJC, la construcción de todas las 52 casas independientes del Plan Parcial La Bufona son “ilegales”.
Según las declaraciones en las diligencias previas tanto de Francisco Carmona -jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife y propietario de un 20 por ciento del Plan- como de Antonio Caro -dueño de otro 20 por ciento-, Echevarría es el propietario mayoritario de La Bufona, con un 60 por ciento en su poder.
En concreto, tras una denuncia de Gonzalo Murillo, propietario minorista en el mismo Plan, en su día la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APUN) precintó las obras de las viviendas de La Bufona y cortó el suministro de agua y luz porque las construcciones se estaban edificando sobre suelo rústico de protección ecológica. Y es que los proyectos que en principio se habían preparado parece que no coincidían con la ejecución final de las viviendas.
Agravio comparativo
El fiscal anticorrupción podría haber encontrado indicios de posible prevaricación en la persona de María Isabel Déniz, quien “puso fin al precinto acordado por la Agencia de Protección del Medio en La Bufona por no contar con licencia urbanística”.
Según fuentes consultadas por este medio, la alcaldesa de Arrecife podría haber incurrido en un delito de prevaricación por activo, es decir, al conceder las licencias de obras que habían sido precintadas y no corregidas con la anterior alcaldesa, Manuela Armas, y también por omisión, es decir, al no abrir expediente sancionador a los propietarios de aquellas viviendas que estaban ocupando suelo rústico.
Por tanto, no puede obviarse el supuesto agravio comparativo que podrían estar sufriendo vecinas como María Dolores Eugenio Duarte, a quien recientemente se le ha condenado a pagar 72.000 euros por construir en suelo rústico de Tahíche, ya que, por el contrario, con fecha del pasado 13 de junio de 2006, el propio jefe del departamento de infracciones del Ayuntamiento de Arrecife reconoce que no consta que se le haya incoado expediente sancionador a través de requerimiento del APMUN de 25/07/00 ni a Brisas Inversiones S.L., -empresa para la que ha trabajado el secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, ni a Costegui S.A. -la constructora del Plan Parcial La Bufona, ni al propio Federico Echevarría -arquitecto y propietario mayoritario de la misma-.
Los Murillo denunciaron la presunta ocupación del suelo rústico por presuntos delitos contra la ordenación de territorio, por licencias de obra y segregaciones supuestamente ilegales, presunta falsedad documental y fraude fiscal y “por alteraciones de linderos de manera fraudulenta para aparentar una legitimidad registral que no tiene”.
Tras este pronunciamiento, la Fiscalía remitió el documento al Juzgado Número 3, quien ahora llama a declarar a Echevarría como imputado.
Como se recordará, aún está pendiente la recepción por parte del Ayuntamiento del famoso 10 por ciento de compensación en suelo público de la urbanización La Bufona, cuyo valor se estima en unos 1.021.000 euros (unos 170 millones de pesetas).
