Fachada del hotel Princesa Yaiza de Playa Blanca, uno de los establecimientos cuya licencia fue recrrida por el Cabildo.
El empresario Alfredo Díaz, uno de los emprendedores que está demostrando con acciones legales que el Cabildo insular ha actuado de forma discrecional a la hora de recurrir ante los tribunales de Justicia licencias urbanísticas otorgadas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, declaró este miércoles que su pretensión es demostrar la “parcialidad” de la Corporación y que la pregonada defensa del territorio es puro cuento “porque aquí hay algo más oculto”. Díaz recurrió dos licencias a establecimientos alojativos de Puerto Calero a los que el Cabildo ya había interpuesto pleitos pero de los que curiosamente se retiró. Según el empresario, el Cabildo no tiene ninguna sentencia de los llamados hoteles ilegales que diga que los establecimientos no cumplen con el Plan Insular de Ordenación del Territorio “que es su arma de batalla”. Los pleitos ganados por el Cabildo, aseguró, obedecen a “defectos de forma” y en concreto a la no publicación de ordenanzas de urbanización en el Boletín Oficial de la Provincia. Díaz, que es uno de los afectados por las demandas del Cabildo, no admite que se le quiera presentar como delincuente dando a entender que ha obtenido la licencia de forma fraudulenta. “Nada más lejos de la realidad”, apuntó. El empresario señala que nadie se atrevería a invertir su dinero o a prestarlo al banco para edificar un proyecto ilegal. Alfredo Díaz señaló que el no tienen ningún problema en que le tiren su hotel siempre y cuando le devuelvan el dinero que invirtió y paguen las indemnizaciones a los trabajadores. “A esta gente no les interesa arreglar nada”, destacó Díaz, para quien el Cabildo “acorrala” a los empresarios porque produce votos.
El PP pide claridad
El Partido Popular (PP) cree que el grupo de gobierno del Cabildo no ha hecho otra cosa que “bloquear” las herramientas de ordenación del territorio. Francisco Cabrera, portavoz popular, subraya el atraso de la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y las quejas de sectores sociales que protestan al sentirse marginados. El PP rechaza la política de “confrontación” con el Gobierno de Canarias cada vez que el Ejecutivo plantea una salida a la legalización de los ya famosos 22 hoteles.
