Nuevas Canarias está en contra de cualquier nuevo intento de cercenar la conquista de la bonificación del 75% en los billetes de avión al resto del Estado para los residentes en las islas.
En la nota remitida a Crónicas asegurán que “nos tendrán enfrente, otra vez, porque es un derecho irrenunciable e intocable” de los canarios, que Nueva Canarias logró que “esté amparado” por la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y por el Régimen Económico y Fiscal (REF), blindado en el Estatuto de Autonomía.
El portavoz parlamentario y Coordinador Territorial de NC, Luis Campos, se mostró con esta determinación frente al “ataque” de la Comisión Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Campos preguntó al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por el “cumplimiento de la obligación” legal para declarar estas rutas como Obligaciones de Servicio Público (OSP), que permiten fijar precios máximos de referencia de obligado cumplimiento para las compañías aéreas. El dirigente nacionalista reiteró que es un sistema que funciona con éxito en las conexiones interinsulares.
El informe de la CNMC, más concretamente sus conclusiones, en opinión de NC; son “desde todo punto de vista inasumibles”. Luis Campos censuró “otro intento de demonizar” a los canarios, que “no es nuevo pero que debemos frenar”. Recordó que, antes de este organismo estatal, Ábalos planteó que se cruzaran los datos con la declaración de la renta de los residentes en la islas cuando informó, en el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura, sobre incrementos medios de precios del 20% y presuntas prácticas contrarias a la libre competencia.
Previamente, continuó el dirigente de los nacionalistas progresistas, su antecesora en el cargo del PP, Ana Pastor; “nos impuso la obligación” del certificado de residencia en los aeropuertos.
Nueva Canarias cuestiona las razones por las que la “carga de la culpa siempre” recae en los ciudadanos de las islas en lugar de “exigir el cumplimiento” de la ley de los PGE de 2018.
Una de las tres obligaciones establecidas en la citada norma presupuestaria, tal y como explicó Campos, es que la CNMC fiscalice el proceso de construcción de precios con el fin de garantizar la competencia y velar para que las compañías aéreas no establezcan pactos de colusión que incrementen las tarifas y, si esto sucediera, que se adopten las correspondientes medidas sancionadoras.
Se preguntó el portavoz parlamentario si la comisión ha investigado “qué es lo que hay detrás” del incremento de los precios. Para el dirigente nacionalista, desde que entró en vigor el descuento en julio de 2018, “no parece que existan más razones que las objetivas” derivadas de la actualización de los costes, que, “en ningún caso”, justifican los incrementos detectados por el informe de esta comisión.
El portavoz parlamentario preguntó a Ábalos por el grado de cumplimiento de otra de las obligaciones de los PGE de 2018. Se trata del procedimiento para establecer las Obligaciones de Servicio Público (OSP), que permiten fijar precios máximos de referencia, que son de obligado cumplimiento para las compañías.
“Seguimos sin saber nada”, denunció, a pesar de que el responsable ministerial reconoció, en la Cámara Baja, que estaba justificado. Los precios máximos de referencia, agregó, funcionan con “éxito” en las rutas interinsulares. Además de que están amparados “también” por la legislación estatal y de la Unión Europea a través de la Ley de 1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y el Reglamento 2408/92 del Consejo Europeo.
Después de hacer hincapié en que el informe de la CNMC evidencia que el 75% ha tenido un impacto “positivo” en los bolsillos de los ciudadanos, Luis Campos mantuvo que los “fueros canarios son intocables”, máxime cuando “nos colocan en igualdad de condiciones con los ciudadanos del resto del Estado”, como es el caso.
