El Grupo Popular en el Cabildo valora de forma muy positiva la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga al Gobierno de Canarias a abonar al Cabildo aproximadamente 20 millones de euros, más los intereses legales, correspondientes a los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del ejercicio del año 2001.
Para la consejera del PP Astrid Pérez, tal y como recordaron este jueves a este diario a través de una nota de prensa, este hecho es un motivo de satisfacción, aunque cree que “hay que lamentar que se haya tenido que acudir a los tribunales y plantear un recurso contencioso administrativo para poder recibir del Ejecutivo regional el dinero que legalmente le corresponde a la Isla”. “Es impresentable que, conociendo las necesidades sociales de infraestructuras y de inversión que tiene Lanzarote, el Gobierno de Canarias haya intentado sustraer un dinero que, al fin y al cabo, es nuestro, de todos los ciudadanos, y cuando los Presupuestos de la Comunidad Autónoma llevan años siendo deficitarios con la Isla”, remarca en su escrito.
El PP indica además que el propio perito judicial ha señalado que la Comunidad Autónoma infló los gastos de gestión, lo que ha permitido al Gobierno regional disponer de unos ingresos adicionales a costa de las Islas.
El PP asegura que los hechos que se recogen en la sentencia, y que se remontan a la época en la que el hoy presidente del Ejecutivo, Adán Martín, era consejero de Economía y Hacienda, ponen al descubierto el “auténtico nacionalismo” que practica el Gobierno de CC. Resaltan igualmente que la misma formación política y los mismos cargos públicos que diariamente “apuestan” por una comunidad autónoma cohesionada, que hablan de equilibrios y de la defensa de la triple paridad, y que al mismo tiempo “usurpan” nuestros derechos; el derecho a disponer del dinero que legalmente nos corresponde.
Para Astrid Pérez, “este no es un hecho aislado o excepcional”, ya que en el año 2003, cuando el PP tenía la responsabilidad en materia de Economía y Hacienda, “el Cabildo se vio obligado a interponer otro recurso contencioso administrativo en relación con los fondos del REF de 2002 por un error en las cifras de población, ya que se cerraban los criterios poblacionales a fecha de 31 de diciembre en lugar de a enero del año siguiente”.
