Este pasado fin de semana se disputó en la isla de Tenerife una edición más del Torneo Pancho Camurria de selecciones juveniles de lucha canaria. Ganó, y eso ahora parece lo de menos, la selección de Gran Canaria, con gran presencia de aficionados, porque entre todos, entre todos repito, se está logrando que la gente vuelva a los terreros.
Hay que decir que los árbitros no estuvieron muy acertados, o tal vez no tuvieron suerte. Tanto es así que en la final tenía que pitar Samuel Cabrera, árbitro de la isla de La Palma que sin embargo no fue citado, no se sabe muy bien por qué. No es de recibo que para una competición de tanto prestigio en la que se sientan las bases que cimentan nuestro deporte vernáculo no estuvieran los mejores árbitros de Canarias.
A este desacierto hay que añadir el conflicto que se ha producido y que no se puede tapar sobre las edades de algunos luchadores. Como ya ha sucedido en deportes como el fútbol, hay quejas evidentes por el tamaño y el físico de algunos luchadores que han llegado al Archipiélago a través de la inmigración, sin que está muy claro y se pueda concretar su fecha de nacimiento. Ante la más mínima duda o evidencia deberían ser los propios clubes, en este caso selecciones, los que deberían apartar a los luchadores, simple y llanamente para hacer que una competición juvenil sea lo más justa posible. Hay un dato muy claro que en Canarias dominamos como no se domina en otros territorios de la España continental e insular: según los controles óseos hechos por las autoridades competentes, la mitad de los inmigrantes que se declaran menores de edad en realidad no lo son. ¿Cómo se demuestra que algunos de los que han competido no son juveniles? A toro pasado de ninguna manera, de ahí que al menos para próximas competiciones este asunto debería estar más claro para no generar dudas ni malestar entre los que creen que la competición no ha sido ni justa ni limpia.
Los que protestan, los que no lo ven claro, no es que quieran que se prohíba competir a cualquier inmigrante, a cualquier persona que venga del continente africano, que es de donde parten los mejores luchadores y las mayores dudas. Lo que se pide es que todo el que compita tenga perfectamente acreditada su edad y su fecha de nacimiento, con papeles oficiales que lo demuestren y no con la opción que se plantea sobre la fe que hay que tener en que lo que se está diciendo es cierto. De este modo no se estropearía la base, y todo el mundo podría participar sin problemas en competiciones infantiles, cadetes o juveniles. Ya en los senior, en los profesionales, lógicamente sería otro cantar, porque ahí no influye que una persona tenga 18 años o 67.
Hay que evitar que los niños canarios que son realmente infantiles, cadetes o juveniles dejen el deporte simplemente por ver que no son capaces de competir con otros chicos que realmente no tienen la edad que dicen que tienen o que los clubes o selecciones dicen que tienen. Para que la base siga siendo base, no puede quedar ninguna duda al respecto. Si existe la duda, se debe aclarar, y desde luego no puede haber competiciones oficiales sin que toda la documentación esté en regla y al alcance de todo el mundo que la quiera examinar. E insisto, creo que lo más justo es que los que seleccionan a los chicos o a las chicas tengan la cabeza bien amueblada y aparten ellos a los que también les plantean dudas. Es algo que es razonable. Como el tema es relativamente nuevo, es normal que no se hayan tomado todavía medidas concretas, pero va siendo hora de que se haga.
También hay que dejar claro que los que plantean dudas sobre la edad de los competidores deben hacerlo por los conductos oficiales, no con indirectas o deslizando comentarios en los medios de comunicación. Si tienen claro el asunto, deben ser valientes y tirar para adelante con todas las consecuencias que acarree el que se investigue a fondo una cuestión que para la gente que ama la lucha canaria es muy importante.
